La Municipalidad de Reconquista eliminó la declaración que no había generado ninguna política económica ni de recaudación favorable. El apresurado decreto solo sirvió para justificar los despidos de personal. Habían declarado la emergencia por un año, pero a los pocos días desde Semanario Reconquista y con datos económicos se demostró que era una mentira.
Leonardo Rolón
Semanario Reconquista
A seis meses de haber declarado la “emergencia económica”, el gobierno municipal decidió marcha atrás con la medida que solo sirvió para justificar los despidos de personal vinculado a la gestión radical.
El polémico decreto sancionado por el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, fue perdiendo sustento día a día hasta convertirse en una mera excusa para los despidos y extender el plazo de organización en las áreas más complejas como por ejemplo Obras Públicas donde el secretario Gasparini fue convocado a dos días de asumir por el portazo que dio Soledad Zalazar cuando se enteró que Hugo Morzán se sumaba a la gestión.
Una emergencia económica se declara cuando un estado necesita generar tiempos para afrontar los compromisos y es una medida extraordinaria que ayuda a obtener ingresos con medidas particulares para poder afrontar las obligaciones, algo que en este caso particular no ocurrió porque los proveedores siguieron cobrando y los empleados no tuvieron un solo día de atraso. Tampoco se generaron políticas recaudatorias o disminución en los gastos. De hecho y pese a los más de cien contratos dados de baja, a los 60 días de gestión el propio gobierno reconocía tener “mas o menos la misma cantidad de gente” que el día de asunción.
Vallejos ya había hablado de declarar la emergencia económica previo a su asunción porque quería evitar el costo político de aumentar los impuestos mediante el coeficiente que él mismo había pedido derogar. Este coeficiente no fue derogado aún y servirá para seguir aplicando los aumentos de impuestos los años siguientes.
En los primeros meses del año, el gobierno reconoció recaudación record de tributos propios, llovieron millones de pesos de la coparticipación provincial y hasta recibieron una ayuda extraordinaria del gobierno nacional para enfrentar la emergencia hídrica. Con todo esto, el gobierno se vio obligado a levantar la emergencia económica que fue, sin dudas, una chicana que le jugó en contra.
A pocos días de haber asumido, el Secretario de Hacienda realizó una conferencia de prensa donde habló de la necesidad de “21 millones de pesos” para poder sobrevivir a los difíciles días de diciembre porque la gestión anterior había dejado una deuda de 18 millones de pesos. El gobierno provincial, antes de girar los fondos pedidos realizó algunas consultas y decidió solo enviar 2 millones.
Pese a estar en plena emergencia hídrica, el gobierno no solo que pudo sobrellevar ese diciembre sino que además no se atrasó con los pagos. Entonces cabe preguntarse ¿para qué querían los 19 millones restantes?
El gobierno municipal se encontró acorralado por sus declaraciones y con serias dificultades para poder explicarle a la población la decisión de declarar la emergencia económica, principalmente porque pese a tener más de 100 personas evacuadas durante casi seis meses, se siguió afrontando las obligaciones en tiempo y forma y hasta se decidió realizar inversiones innecesarias como la organización de los carnavales, entre otros eventos.
El intendente declaró la “emergencia económica” por decreto siendo esto absolutamente “inconstitucional y arbitrario” porque toda emergencia debe ser sancionada por el órgano legislativo, es decir el concejo municipal en el caso de un municipio.
La única emergencia que puede ser declarada por el intendente es la hídrica, porque es algo que ya fue acordado tiempo atrás por los concejales y le dieron algunas herramientas para que el gobierno pueda maniobrar con autonomía en caso de una lluvia de gran magnitud y la consecuente necesidad de disponer de personal, maquinaria y recursos para enfrentar la situación.
La emergencia económica debía durar hasta fin de 2016 pero seguir sosteniendo la excusa también impediría continuar con los planes de gobierno y posibles inversiones, además del festival de contrataciones que permiten sostener la unidad del peronismo.
De todos modos, el Secretario de Hacienda Ignacio Correa explicó que levantar la emergencia económica “no significa que tengamos el municipio saneado”.
Sabiendo que es un tema sensible políticamente, el gobierno decidió no comunicar el levantamiento de la emergencia y cuando se lo consultó sobre el tema al funcionario de hacienda éste prefirió culpar al área de prensa por no haber hecho público el último decreto.
