El diputado provincial Jorge Henn elaboró un proyecto que modifica varios artículos de la Ley 12.734 del nuevo Código Procesal Penal donde se destaca la incorporación de la prisión preventiva para los casos en que se halle en peligro la seguridad de la víctima, el denunciante o los familiares de los mismos.
La presentación del proyecto está enmarcada en la Reforma del Sistema Procesal Penal que consagra el juicio oral, público, contradictorio y continuo. Una de las ventajas de este Nuevo Sistema Penal acusatorio es la reaparición de la víctima dentro del proceso de resolución de conflictos. En este sentido, la medida propuesta por el ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Henn, busca legitimar el dictado de la prisión preventiva para resguardar la participación de la víctima en el proceso penal.
Tal como lo explica el diputado por la UCR-NEO, “con las modificaciones presentadas, se pretende que la víctima vuelva a ocupar aquel lugar que el sistema procesal penal anterior le había quitado”.
En este contexto de cambios, “la víctima pasa de ser sólo un medio de prueba a sujeto procesal, titular de derechos que requieren protección”, explicó Henn y continuó, “muchas veces las propias víctimas, por ejemplo en casos de violencia familiar y/o de género, son los principales testigos del caso y necesitan no ser amenazadas o intimidadas, para que su aporte sea relevante en el proceso penal que determine la condena”.
En efecto, el diputado sostuvo que “por todo lo expuesto, se torna procedente que dentro de nuestro Sistema Procesal Penal se proteja a la víctima del delito, desde la perspectiva de salvaguardar, permitir y facilitar la participación de la misma en todo el proceso penal”.
Cambios en la normativa
Las modificaciones que se presentan en el proyecto están relacionadas a los artículos Nº 219, 220, 221 y la derogación del art. Nº 222 del Código Procesal Penal con el objeto de reordenar las medidas de coerción, redefinir la procedencia de la prisión preventiva y puntualizar las circunstancias en las que pudiese existir la peligrosidad procesal.
En palabras de Henn, “lo que proponemos en este proyecto es que el fiscal o el querellante puedan solicitar al juez una medida que asegure la comparecencia del imputado o evite el entorpecimiento de la investigación”.
Para ello, entre las medidas de coerción sugeridas, se destacan: el abandono inmediato del domicilio cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado; la prohibición de tener en su poder armas de fuego o de cualquier tipo; la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo de su ubicación física, entre otras.
A su vez, se recomienda que dentro de las circunstancias de la peligrosidad procesal, se tenga en cuenta, frente a la presencia de una víctima, “el riesgo fundado de que el imputado atente actos de represalia contra el acusador, denunciante o contra su familia o sus bienes” al momento de aplicar una medida judicial.
“Esta nueva mirada proviene de la victimología, una disciplina que estudia a la víctima en general, a su protección, a la promoción de sus derechos y a recibir asistencia integral”, finalizó Henn.
