La denuncia del fallecido fiscal contra la ex presidenta y el ex canciller Timerman es por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió medidas para reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.
«Los hechos aquí denunciados podrían resignificar datos que obran en la denuncia que diera origen a aquellas actuaciones y poseerían entidad suficiente para impulsar nuevamente la investigación de los sucesos allí denunciados», consideró el fiscal en el dictamen presentado hoy ante el juez federal Claudio Bonadio, y al que accedió Télam.
Taiano hizo el pedido en el marco de una denuncia a cargo de Bonadio contra el ex canciller Timerman por encubrimiento a raíz de una conversación telefónica entre el ex funcionario kirchnerista y el ex titular de la AMIA Guillermo Borger, en la que el primero aludió a Irán como culpable del ataque que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633.
A esta primera denuncia luego se añadió otra que incluyó a la ex Presidenta por supuesta traición a la Patria, por los mismos hechos.
En el dictamen, el fiscal pidió también que se requiera a Cancillería y a la Agencia Federal de Inteligencia toda la documentación sobre el Memorándum, incluida aquella confidencial o secreta.
Todos los pedidos deberán ser resueltos ahora por el juez.
Taiano entendió que lo que investiga Bonadio tiene idéntico objeto procesal a la denuncia presentada por el fallecido fiscal y ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman, en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.
Por ello pidió al juez Bonadio que requiera a su par Daniel Rafecas el envío de la denuncia de Nisman, archivada por este último magistrado sin investigar porque entendió que no hubo delito.
La situación, según Taiano, cambió a partir de la presentación como querellantes en la causa de Bonadio de dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch.
Los dos padres de víctimas sostuvieron ante Bonadio la existencia de nuevos hechos que justificarían reabrir la denuncia de Nisman y Taiano les dio la razón.
Uno de ellos habría sido la actitud de Timerman, quien según una nota periodística, habría «eludido consultar» por el Memorándum a la entonces consejera legal de Cancillería Susana Ruiz Cerutti y, en cambio, recurrió al entonces segundo de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena y al líder de Quebracho Fernando Esteche.
Taiano pidió a Bonadio que solicite a Rafecas el envío de la denuncia de Nisman.
Además solicitó que se pida a la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, el envío de «la totalidad de la documentación (aún la que pueda revestir carácter de secreta o reservada) vinculada a la negociación y firma del Memorándum de Entendimiento» entre Argentina e Irán por el atentado.
Taiano detalló que debe requerirse todo lo que haya: estudios, dictámenes, opiniones o documentos de cualquier tipo.
Algo similar pidió para la Agencia Federal de Inteligencia.
También requirió citar como testigo a la por entonces asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Ruiz Cerutti y a los periodistas que escribieron sobre el tema, Daniel Santoro y Luis Rosales.
Nisman, quien tuvo a cargo la investigación del atentado a la AMIA por casi una década, denunció por encubrimiento a la ex presidenta Kirchner, Timerman, al diputado Andrés Larroque, a Luis D’Elía, al líder de Quebracho Fernando Esteche, entre otros.
En esa denuncia, el fiscal aludió a «un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina».
Para Nisman el objetivo final del Memorándum, que terminó declarado inconstitucional, era dar de baja las circulares rojas de Interpol contra cinco ciudadanos iraníes acusados del atentado.
El fiscal aludía a escuchas telefónicas y prueba documental, pero pese a que su denuncia fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita -con 55 medidas de prueba pedidas- Rafecas la archivó por inexistencia de delito.
Esta decisión fue confirmada por la sala I de la Cámara Federal porteña y quedó luego firme en una instancia superior, Casación Penal, porque el fiscal ante esa instancia Javier De Luca no mantuvo la apelación contra el fallo de Rafecas que había presentado el fiscal de la instancia inferior, Germán Moldes.
