Este miércoles la comisión bicameral de Acuerdos solo reunió a la mitad de sus miembros. Ahora se convocó para el 21 de septiembre, donde se definiría si se inicia el proceso de remoción al Defensor General y al Fiscal Regional de Reconquista.
Este miércoles, a las 17, estaba citada la comisión bicameral de Acuerdos que cuenta con 12 miembros –cuatro senadores y ocho diputados–, para tratar un tema muy sensible: el inicio o no del proceso de destitución contra el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón y el fiscal regional de Reconquista, Eladio García. Pero luego de esperar 20 minutos solo habían dado el presente seis legisladores (los senadores Raúl Gramajo y Rodrigo Borla y los diputados Julián Galdeano, Patricia Tepp, Gabriel Real y Leandro Busatto) por lo que el encuentro fracasó por falta de quórum (siete legisladores). Los ausentes fueron: los senadores Rubén Pirola y Alcides Calvo y los diputados Julio Eggimann, Alicia Gutiérrez, Inés Bertero y Alejandra Vucasovich.
El presidente de la comisión, el senador por 9 de Julio, el justicialista Gramajo, volvió a convocar para el miércoles 21 de septiembre a la comisión, donde debería definirse si se inicia o no el proceso de remoción de los denunciados por mal desempeño en sus funciones.
Algunas de las explicaciones para la falta de quórum fue que la documentación que avala la denuncia contra García no contaba con la firma de un legislador. Otro de los argumentos que se escuchaban en los pasillos de la Legislatura fue que no es el momento apropiado para avanzar sobre un tema tan sensible. Pero la situación tenía mucho olor a tratar de ganar tiempo para seguir negociando la continuidad en sus cargos o no de los denunciados.
El diputado radical Galdeano dialogó con la prensa y dijo: «En principio, sobre el tema de Ganón ya teníamos hace tiempo el material en la comisión. Mientras que lo referido a la denuncia contra el fiscal Eladio García, recién la ingresó el propio senador Gramajo porque las presentaciones anteriores no estaban firmadas por ningún legislador y no podían viabilizarse porque la ley del procedimiento de destitución establece que lo inicia el Poder Ejecutivo o lo hace algún legislador y en este caso había denuncias particulares pero no de algún legislador. Desde mi mirada tengo una visión de que no corresponde iniciar el procedimiento en el caso del fiscal regional y sí en el caso del defensor general».
Al ser consultado sobre qué pasaría si se lo destituye al defensor general, Galdeano dijo: «Tratándose de que tiene poco tiempo en su duración del cargo, la ley prevé cómo se suple el funcionamiento de la defensa pública. En este caso, también se va a iniciar un concurso público para quien va a tener la defensoría general de la provincia, si es que esto sucediera, a partir del año que viene –en realidad es desde abril de 2017–, que es cuando finaliza el mandato de Gabriel Ganón como defensor público general».
Para iniciar el proceso se necesita la mayoría simple de la comisión con quórum, y lo mismo sucede para nombrar al acusador. «A partir de ahí tiene 15 días para aceptar el cargo y desde ahí tiene 10 días para iniciar el proceso probatorio y citar a quien considere o que entienda que pueda brindar elementos probatorios y, en 15 días, citar a la persona que está sujeta al proceso de destitución para que haga su descargo. Luego, en una sesión conjunta de ambas cámaras –no en Asamblea legislativa– se votará por la destitución o no», explicó Galdeano.
Para remover a alguno de los funcionarios de su cargo deberá tenerse la mayoría simple en ambas cámaras.
De no llegar a siete legisladores el miércoles 21 de septiembre, el presidente de la comisión deberá preguntarle a cada miembro del cuerpo bicameral cuál es su opinión sobre los dos casos. Por lo que la decisión final de iniciar o no el proceso quedaría en las manos de Gramajo, algo que el radicalismo intentará evitar.
