Se viene una amplia reforma del Código Procesal Penal de la provincia y la incorporación de más fiscales.
Si prosperan los paquetes de medidas contra la inseguridad impulsados en ambas Cámaras, hoy podría ser una jornada determinante en la Legislatura santafesina. Distintos sectores políticos promovieron iniciativas tendientes a bajar el nivel de inseguridad en la provincia y que buscan mejorar el funcionamiento de las instituciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de delitos. Si estas propuestas avanzan, los jueces tendrán más herramientas para poder ejercer sus tareas con más celeridad, rigor y eficacia.
Por un lado, en la Cámara alta se está trabajando sobre un paquete de seis leyes para dar batalla a la inseguridad. Entre ellas, se encuentra la iniciativa del senador Lisandro Enrico (Frente Progresista) para reformar el Código Procesal Penal de la provincia.
«Es una necesidad urgente que tenemos en Santa Fe de revisar la legislación procesal penal para que se ponga a la altura de las circunstancias crudas que estamos viviendo. La inseguridad no se soluciona con el cambio de una ley, es un trabajo más profundo, que tiene una raíz social. Con esta ley, algunos casos de inseguridad e impunidad son evitables», señaló Enrico.
Ese paquete de medidas revisa el funcionamiento del sistema penal y plantea agilizar la detención de personas para que se establezca en 72 horas, prorrogable por 24 más (de 3 a 4 días), mayor control y rigurosidad en las medidas alternativas a la prisión preventiva, flexibilizar el otorgamiento de las prisiones preventivas, y revisar algunos obstáculos penales. También agilizar el dictado de allanamientos, darle más facultades al querellante para poder intervenir en el proceso solicitando medidas cautelares personales, y la incorporación de reconocimiento fotográfico como una medida autónoma.
Asimismo, apunta a las apelaciones presentadas por los defensores para que no dejen sin efecto las resoluciones que establezcan la prisión preventiva hasta que se resuelva, la posibilidad de que los fiscales tomen medidas con la incautación de fondos cuando son delitos penales económicos, y la obligatoriedad de que los fiscales apliquen procedimientos de flagrancia en todos los casos que se den. Por otra parte, busca que se establezca aplicación de sanciones cuando haya incumplimiento de medidas alternativas a la prisión, y destruir las armas secuestradas cuando al año nadie las reclame legítimamente.
El senador Enrico explicó que «pretendemos modificar el artículo 13 de la ley 13.013, que establece los principios y orientaciones básicas del trabajo de los fiscales y apuntar claramente a un mandato político criminal». Y destacó que «la Legislatura debe marcar el temperamento político criminal de los fiscales en torno a profundizar la función punitiva».
Vulnerabilidad de la víctima
En tanto, el diputado Jorge Henn (Frente Progresista) comentó que «impulsa un proyecto que, por una cuestión de economía de procedimiento, trata que lo tome el senador Enrico para no llevarlo de nuevo. Incluye fundamentalmente la perspectiva de la víctima a la hora del dictado de la prisión preventiva».
«Esto significa que la víctima, que es la gran olvidada y la más perjudicada en todo el proceso penal, muchas veces se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Lo que decimos es que se debe tener en cuenta esa vulnerabilidad para fortalecer la prisión preventiva. La intención es darle más herramientas al juez para que mantenga presa a esa persona», remarcó Henn.
El ex vicegobernador apuntó que «en el Senado hay un paquete de medidas que comprende fundamentalmente el fortalecimiento de la prisión preventiva, y otorga herramientas para eliminar audiencias que prolongaban innecesariamente los plazos»; en tanto recalcó que hoy en Diputados se votará un proyecto que es de su autoría que «pide el aumento de fiscales, y llevarlo a 40 fiscales más. Lo más probable es que este proyecto se vote mañana (por hoy)».
De esta manera, hoy podría producirse un cruce decisivo de iniciativas entre ambas Cámaras. «Creo que queda evidenciado que la Legislatura tomó nota de la interpelación que nos hizo el ciudadano, ocupando y reclamando en el espacio público. La intervención del ciudadano muchas veces ayuda a ordenar las políticas públicas», reconoció Henn.
«Acá todos tenemos que hacer nuestra parte. El gobierno provincial lo está haciendo, los legisladores también, y la Justicia no puede mirar para otro lado», advirtió el ex vicegobernador.
