El ministro de Medioambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza, repasó cuáles son los grandes temas sobre los cuáles trabajará durante su gestión.
Desde diciembre del año pasado la provincia de Santa Fe tiene un Ministerio de Medioambiente, una novedad institucional que busca jerarquizar el área y que refuerza la intención oficial de avanzar con una agenda verde santafesina. Jacinto Speranza, ministro de esa cartera, repasó cuáles son los grandes temas sobre los cuáles trabajará durante su gestión, que busca poner el foco en el ordenamiento territorial según criterios de sustentabilidad: «Hemos planteado el ordenamiento de los territorios por distritos tomando como unidades de trabajo a las cuencas hídricas y desde allí trabajar con los temas urbanos también», explicó.
Con una estructura y un presupuesto más bien escuetos por ahora, desde esa cartera explicaron que buscarán articular políticas con otros actores para mejorar las políticas contra la deforestación y que insistirán ante Nación para controlar los cupos de exportación de pescado de río.
Respecto a los agroquímicos, Speranza señaló que «es un tema para prestarle mucha atención y para trabajarlo de cerca con la comunidad, no sólo con el sector productivo». Y deserrajó una frase: «A veces las comunidades están más interesadas en el ambiente que los propios dirigentes».
— ¿Cuál es la agenda de trabajo de este nuevo ministerio?
— Buscaremos por un lado difundir las líneas de trabajo propias del ministerio como residuos sólidos urbanos, la preservación de los bosques nativos, el programa de producción más limpia, y avanzar en los cursos de facilitadores y responsables ambientales. Esto lo haremos en algunos casos con recursos propios provinciales, y en otros con programas de Nación, ya que si bien tenemos nuestro propio presupuesto, en algunos casos usamos fondos nacionales. Si bien el presupuesto asignado para este año es el que fue elaborado cuando éramos secretaría, estamos trabajando para sumar recursos a partir del año próximo. Pero estamos muy entusiasmados con el trabajo, vemos que hay una predisposición en las comunidades para tomar estos temas. Incluso, a veces las comunidades están más interesadas que la propia dirigencia. En definitiva tratamos de diseñar normativas que sean cumplibles, no queremos asumir compromisos con normativas que después no puedan cumplirse, no queremos hacer grandes elucubraciones teóricas que después no se pueden ni cumplir ni controlar.
— El desmonte es uno de los temas que afecta a Santa Fe. ¿Cómo trabajan con eso?
— Tenemos previsto lanzar un nuevo programa de forestación donde no sólo se aborde el arbolado público urbano, sino también la necesaria forestación en los campos para que esto sea una imposición. Nuestros abuelos pusieron árboles y nuestra generación taló todo en función de la soja fundamentalmente, por eso hay que restituir el árbol tanto por el paisaje como por los servicios ambientales que la forestación genera. Cuando hablamos de cambio climático no es solo una linda frase, hay que darle contenido porque si no no sirve para nada. Cada acción que hagamos debemos ponerla en el marco del cambio climático. Además los propietarios de tierra con bosques nativos tienen que estar más informados de la restricción que existe para la tala indiscriminada. Se puede trabajar y preservar, pero no se puede pasar la topadora porque quiero sembrar soja. También hay que actualizar el conocimiento de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
— ¿Qué va a pasar con el seguro ambiental, varias veces prorrogado ya?
—El seguro ambiental obligatorio es una ley provincial que se viene prorrogando desde hace un tiempo pero que consideramos que este año debe ponerse en vigencia. Apunta a las empresas expuestas a generar algún impacto ambiental por accidentes de manera que puedan tener una cobertura para remediar ese impacto. Si nos regimos por las compañías aseguradoras, sólo las grandes empresas pueden ser atendidas en caso de emergencia, pero las pequeñas no, y les saldría muy caro. Queremos buscar una manera de que eso no sea así. La ley se viene posponiendo pero el gobernador considera necesario que nos aboquemos a esto y quiere sentar a las partes (aseguradoras, industrias y el propio Estado) para buscar alternativas. La Nación acompaña este proceso por lo que creemos que ya no habrá nuevas prórrogas.
— Otro tema muy presente es el de los agroquímicos y la afectación en la salud de los poblaciones. ¿Cuál es su postura sobre esto?
—La aprobación de la aplicación de determinados productos para agricultura concierne a otras instancias nacionales, no es una potestad provincial y menos del ministerio. A partir de allí la forma en la que se regula su aplicación tiene que ver con la ley agronómica, sobre la cual se discutieron varias iniciativas. Una de ellas pasó a Diputados y llegó a Senadores. En su discusión han participado los colegios profesionales, las organizaciones ambientalistas y los representantes de los productores también han dado su opinión. Creo que tiene que salir una ley que establezca un límite mínimo, y que después cada localidad pueda ir por más a través de sus propias ordenanzas. La provincia con una ley tiene que fijar posición, y debemos generar una alternativa para esa franja que quede libre de agroquímicos, eso compete al Gobierno y al Estado nacional. Hay que generar alternativas productivas y no dejar una franja donde no se pueda hacer nada.
— Hay que decir que es un tema que genera fuertes tensiones sociales en muchas zonas de la provincia…
—Estamos trabajando en subcomités de seguridad ambiental con el tema de los envases, hay un proyecto en el congreso de la Nación que tiene que ver con la responsabilidad de destino de esos envases, y esa ley plantea que el productor o el fabricante del producto que los usa debe hacerse responsable. Eso está en proyecto, y veremos cuándo se le da tratamiento. Tenemos un sistema económico productivo basado en la sojización, y producto de eso ocurre esto. No sólo ocurre en poblaciones aledañas al cultivo, también hemos escuchado que se encontró en el lodo del Paraná glifosato y coadyuvantes. Es un tema para prestarle mucha atención y para trabajarlo de cerca con la comunidad, no sólo con el sector productivo.
— ¿Qué pasa a nivel provincial con la preservación de los humedales?
— Aquí tenemos tres humedales reconocidos, el Jaaukanigás en el norte, la laguna Melincué y el tercero que fue reconocido a principios de año que es biprovincial con Entre Ríos en la zona sur de Santa Fe. Para esta área de 240 mil hectáreas hemos consensuado con la provincia de Entre Ríos y Parques Nacionales que hay que hacer un comité de manejo para fijar parámetros. En la ciudad entrerriana de Diamante se incrementaron las visitas turísticas el ciento por ciento, es más sencillo porque desde Santa Fe sólo se puede acceder por navegación. Estamos trabajando con la localidad de Puerto Gaboto y Parques Nacionales para fomentar esta cabecera, en lo que es el único parque nacional que tenemos en tierras santafesinas.
—Existe una demanda para profesionalizar el cuerpo de guardafaunas, ¿van a avanzar en ese sentido?
—El tema de los guardafaunas es algo que depende del Ministerio de la Producción provincial, que es el que hace el control, mientras que nosotros hacemos las normativas. Hoy hay inspectores y existe un cuerpo de guardafaunas honorario. Pero por ejemplo, con el tema arbolado cómo hacemos para cubrir toda la provincia con dos ingenieros agrónomos, uno en Rosario y otro en Santa Fe? Lo que hay es control de pesca y de caza que se respalda con los guardafaunas honorarios, que trabajan cuando pueden. Mi idea es que el Estado tiene que tener empleados que trabajen de guardafaunas, pero el problema es presupuestario.
—¿Cuál será su política en cuestiones de pesca?
—Por convicción sostenemos que no tenemos que exportar pescados de río, algo que se hace y que está manejado en cuanto a cupos exportables por Nación. Nosotros estamos dando una batalla ahí, para que la definición de qué hacer con el recurso natural lo tengan las provincias, y para que a lo largo del Paraná seamos las provincias las que decidamos al respecto. Es una batalla que se viene dando desde hace tiempo. En la última reunión en Resistencia de la comisión, acompañados por otras provincias planteamos fuertemente esta mirada, porque queremos que se traduzca en potestad, algo que no hemos logrado todavía. No hablamos de no extraer peces, si no de no exportar, porque creemos que sí podemos abastecer comedores escolares, hospitales y cárceles con estos alimentos.
