Por primera vez se crearán equipos mixtos de funcionarios para seguir la pista de los delitos relacionados con el tráfico.
El combate a la inseguridad en Santa Fe sumará este lunes un paso clave. Por primera vez, fiscales federales y de la provincia, investigarán de manera conjunta y coordinada el narcotráfico y los delitos conexos. Aunque se respetarán las competencias jurisdiccionales, trabajarán en un mismo espacio físico y con un equipo mixto para dejar de lado históricas divisiones y recelos mutuos. Además, el gobierno nacional y la gobernación se sumarán inyectando recursos, logística y el edificio que albergará a unos 12 investigadores iniciales, de ambas jurisdicciones, que en breve podría duplicarse.
«Vamos a dar un paso realmente trascendente, inédito en el país», destacó a LaCapital el subsecretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Lisandro Martínez Gorostiaga.
El funcionario aludió al convenio que suscribirán esta mañana en la sede local de la Gobernación, el gobernador Miguel Lifschitz y la jefa de los fiscales federales de todo el país, Alejandra Gils Carbó.
Allí se formalizará la apertura de una delegación regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar) con asiento en Rosario, que en realidad tendrá competencia para todo el noreste argentino (NEA).
Además, también estará presente el Fiscal General de Santa Fe, Julio Olazábal y representantes del ministerio de Justicia de la Nación que lidera Germán Garavano.
Inédito
Martínez Gorostiaga resaltó lo novedoso del acuerdo que se suscribirá en Rosario. «Por primera vez habrá un trabajo conjunto, coordinado y complementario entre los fiscales federales y los provinciales que tendrán a su cargo la investigación de causas relacionadas con el narcotráfico y los delitos conexos».
El subsecretario de Asuntos Penales de la provincia mencionó que «el único antecedente similar se venía llevando adelante en Salta, pero el acuerdo alcanzaba sólo para la investigación conjunta de delitos de tráfico de drogas y narcomenudeo».
«En Santa Fe —continuó— la coordinación será completa. Se investigará de manera conjunta el narcotráfico y los delitos que están vinculados, ya sea causas relacionadas con homicidios (por disputas entre bandas por el control del territorio, por ejemplo), portación ilegal de armas, robos violentos, amenazas y los denominados peajes para atravesar determinadas zonas de las ciudades».
El funcionario provincial aclaró que cada fiscal «se encargará de su competencia jurisdiccional como marca la legislación vigente. Pero habrá un equipo mixto de análisis e investigación, una misma sede física para abordar el trabajo y se dejarán de lado históricas divisiones».
Martínez Gorostiaga resaltó que en «muchos de los delitos que investiga el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la policía provincial están atravesados por el narcotráfico». El caso más emblemático es la banda de Los Monos.
En ese sentido el propio gobernador Miguel Lifschitz señaló semanas atrás que «en el 70 por ciento de los delitos que investiga la Justicia provincial están vinculados con disputas por el narcotráfico».
Cuatro firmas
El acuerdo que se firmará hoy incluye además la participación de Nación y la casa Gris. «El convenio será firmado por cuatro poderes, el Ejecutivo nacional, el provincial, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe», destacó Martínez Gorostiaga.
Según los detalles que trascendieron del convenio, cada uno de los actores participantes tendrá distintas responsabilidades y realizará diferentes aportes.
La provincia se comprometerá a habilitar un edificio, en localización a definir, para que funcione la base de operaciones.
El gobierno nacional, por su parte, sumará recursos para la logística, traslado y remuneraciones de los investigadores.
En una primera etapa el equipo de investigación estará integrado de doce personas, seis de cada jurisdicción, liderados por la Fiscalía Federal de Rosario. Habrá además secretarios de juzgados y de las Fiscalías locales.
«La idea es poder duplicar en muy poco tiempo esa estructura para que sea operativa no sólo para Rosario sino para toda la provincia. Esto permitiría superar viejas disyuntivas sobre competencias y actuar con celeridad y mayor eficacia en un tema clave vinculado a la inseguridad», cerró el subsecretario de Asuntos Penales.
