Carlos Acuña, miembro del triunvirato, dijo que esa base puede destrabar las conversaciones y disipar el fantasma de un paro. La amenaza de ruptura hecha por Pablo Moyano no tuvo aval de su padre.
La CGT analiza resignar un bono generalizado en pos de mantener la paz con el Gobierno, que a cambio podrá anunciar una compensación de fin de año acotada a jubilados y beneficiarios de planes sociales, así como la exención en el aguinaldo del Impuesto a las Ganancias. Como parte de ese eventual entendimiento, la central obrera le pedirá a la administración de Mauricio Macri habilitar negociaciones sectoriales en la actividad privada y en la administración pública para recomponer, también vía bonos, el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la inflación acumulada del año.
El acuerdo de partes podrá tomar forma mañana, desde las 9, en el encuentro que habrá en el Ministerio de Trabajo con el trío de jefes y la «mesa chica» de la central obrera. El jefe de la cartera laboral, Jorge Triaca, se encargó de llamar ayer a los dirigentes para confirmarles la convocatoria, de la que se espera participarán sus pares del gabinete económico. En la anterior ocasión estuvieron, además de Triaca, los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay; de Producción, Francisco Cabrera, y del Interior, Rogelio Frigerio, junto al coordinador Mario Quintana.
La chance de un bono universal «es muy difícil porque demandaría un decreto del Gobierno», le admitió anoche a este diario Carlos Acuña, miembro del triunvirato de conducción de la CGT. El dirigente explicó que un acuerdo con el Ejecutivo será viable «si hay bonos para los que más lo necesitan, jubilados y planes, y la compensación en Ganancias», y si se habilita luego una mesa de negociación «para discutir un modo de recuperar para los trabajadores junto a otros temas como la estabilidad en el empleo y un límite a las importaciones».
La posición de Acuña, que responde al sector de Luis Barrionuevo en la CGT, es compartida con matices por el grueso de la dirigencia, que prefiere un entendimiento apenas satisfactorio con el Gobierno que enfrentar el abismo del primer paro nacional contra Macri. Es la línea que suscriben los «gordos» de los grandes gremios de servicios, los «independientes» siempre cercanos al oficialismo y varios sindicatos del transporte.
En la vereda contraria a un acuerdo de ese nivel está Pablo Moyano, secretario gremial de la central sindical, aunque no necesariamente su padre, Hugo, el líder de los camioneros. Frente a los dichos de Pablo durante el fin de semana de que Camioneros analiza retirarse de la CGT en caso de un resultado magro de las negociaciones con el Gobierno, varios dirigentes dijeron haber escuchado una versión muy distinta de su padre. Entre ellos, el propio Acuña: «Está bien que Pablo diga que hay que ir al paro o que quiera retirar a Camioneros de la CGT. Pero cuando Hugo habló conmigo felicitó el modo de negociación del triunvirato».
En el trío de jefes, además de Acuña está Héctor Daer, representante de los «gordos», que también prioriza el diálogo hasta las últimas consecuencias antes de apurar una huelga. El tercer integrante, el portuario Juan Carlos Schmid, dijo durante el fin de semana que sólo un bono «para todo el mundo» evitaría un paro. Sin embargo, en este caso la última palabra la tendrá Hugo Moyano, referente del sector.
La CGT atraviesa una encrucijada. Hacía años que no había acumulado el nivel actual de poder, tanto interno, con la unidad lograda en agosto con el grueso de los sectores, como a través de los vínculos que tejió el triunvirato en las últimas semanas a instancias de encuentros que mantuvo con organizaciones sociales y de piqueteros (Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otros), la Unión Industrial, la Iglesia Católica, el PJ, gobernadores e intendentes, entre otros. Sin embargo, aparece limitada para poner esa acumulación al servicio de una medida de fuerza. Si lo hiciera, ante un Gobierno que todavía mantiene niveles de aceptación en la opinión pública, correría el riesgo de quedar como un factor de desestabilización. Pero, sobre todo, cortaría un diálogo que hasta ahora redundó en concesiones de Macri como la devolución de buena parte de la deuda que el Estado mantenía con las obras sociales sindicales.
En la jefatura de la central obrera esperan un gesto de generosidad más de parte de Macri, no sólo con el bono a los sectores más desprotegidos y con la exención en Ganancias sino con el aval a los gremios para discutir compensaciones de fin de año. Parte de esa expectativa tiene su explicación en la visita que hará el jefe de Estado al papa Francisco el sábado. Para los dirigentes, un marco de conflicto local con el sindicalismo no sería una base auspiciosa para Macri en su charla con un pontífice peronista.
Ayer, a pesar del feriado, el sindicalismo peronista mantuvo en un nivel alto su debate público con el Gobierno, casi una reacción de manual en las jornadas previas a una negociación crucial. Roberto Fernández, jefe de los colectiveros de UTA, dijo que «da toda la impresión de que va a haber paro», y pidió una audiencia de la CGT con Macri para destrabar las negociaciones. La central reunirá el jueves a las 14 a su Consejo Directivo para analizar la propuesta elevada por el Ejecutivo.
