También se contabilizan 1.561 asesinados entre el 12 de octubre de 1973 y diciembre de 1983. Sin embargo, el registro «no es definitivo».
Un registro provisorio y parcial de personas sometidas a desaparición forzada entre 1973 y 1983 asciende a 7.010 personas, mientras que otras 1.561 fueron asesinadas, lo que eleva la cantidad de «víctimas formalizadas» a 8.571, según reflejó ayer un informe oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El período de referencia abarca el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, el posterior de su viuda María Estela Martínez y a la última dictadura militar, donde el secuestro y desaparición de opositores políticos se generalizó.
Según el organismo que encabeza Claudio Avruj, las cifras corresponden al lapso entre el 12 de octubre de 1973, fecha en que Perón asumió su tercera presidencia, y el 9 de diciembre de 1983, un día antes del traspaso del general Reynaldo Bignone a Raúl Alfonsín.
El documento sostiene que las cifras «de ninguna manera pueden considerarse definitivas» y que el «número de personas desaparecidas continua siendo, a la fecha, indeterminado» dado el carácter «parcial y provisorio» de la información disponible».
El texto sigue a la polémica provocada en enero pasado por el entonces secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien puso en duda la cifra de 30 mil desaparecidos adoptada por los organismos de derechos humanos durante décadas.
En ese momento, el funcionario porteño dijo que «no hubo 30 mil, se arregló ese número en una mesa cerrada», despertando una ola de rechazo que terminó en su renuncia.
De acuerdo al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presentado en 1984, la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura fue de 7.158 personas (de las cuales 743 habrían sido víctimas de «ejecución sumaria»).
Según el informe elaborado a pedido de una asociación civil y difundido ayer, los datos fueron tomados del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), creado en 2013 en el ámbito del Area de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014, aclara el comunicado oficial.
«La Secretaría de Derechos Humanos, a través del programa Ruvte, registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8.571 víctimas debidamente formalizadas, según el marco de referencia, de las cuales 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1.561 víctimas de asesinato», precisó el texto.
El comunicado destacó que «bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo, en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales».
«En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo, a la fecha, indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria», añadió el documento.
La información fue pedida del 16 de agosto pasado por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que encabeza el abogado José Lucas Mangioncalda, de activa participación en denuncias judiciales contra funcionarios del anterior gobierno.
El parte oficial sostiene que la entidad solicitó conocer «la cantidad de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación, fueran halladas luego sin vida».
«En virtud de la ley que ampara el derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública, la secretaría dio curso de dicho requerimiento al equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado», concluyó el organismo.
