El ex presidente del PRO en Santa Fe y embajador en Panamá, Miguel Torres del Sel, el ex tesorero Norberto Principato y al sucesor de éste y actual intendente de Funes, Diego Barreto, serán investigados por violación de normas de financiamiento de los partidos políticos.
La Cámara Nacional Electoral reabrió una investigación en la que el fiscal Walter Rodríguez imputó al ex presidente del PRO en Santa Fe y embajador en Panamá, Miguel Torres del Sel, al ex tesorero Norberto Principato y al sucesor de éste, Diego León Barreto, por violación de normas de financiamiento de los partidos políticos, en 2012. La sentencia revoca una resolución del juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez que a fines del año pasado -y a pedido de la defensa del cómico- declaró “extinguida la acción sancionatoria” y dispuso “el archivo de las actuaciones”. El fiscal apeló con el argumento de que las causas no prescriben cuando cualquiera de los investigados sea funcionario: Torres del Sel fue diputado nacional hasta marzo de 2015 y León Barreto era concejal en Funes y hoy es el intendente de la ciudad. La Cámara lo convirtió en precedente: resolvió que “las causas por financiamiento ilegal de los partidos políticos y campañas electorales no prescriben cuando esté involucrado un funcionario”.“La causal de suspensión tiene el propósito de ‘evitar que corra el plazo de prescripción -y por ende su agotamiento- mientras el acusado o cualquiera de los partícipes del ilícito siga desempeñándose en la función pública”, explicó.
El proceso se inició en agosto de 2015, con una acusación del fiscal Rodríguez, quien imputó a Torres del Sel, Principato y Barreto. Al embajador porque presidía el PRO, a Principato porque “fue tesorero hasta el 14 de diciembre de 2012” y a Barreto porque lo sucedió “hasta el final del período”. Los cargos eran la falta de rendiciones de cuentas por menos de 300 mil pesos de aportes del Estado nacional.
En su descargo, Torres del Sel se victimizó: dijo que el “incumplimiento” que le achacaba el fiscal era “formal” e “insignificante” y que “en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé la ley existiría una desproporción entre la falta cometida y la pena”.
Barreto le echó la culpa a Principato. “El fue el tesorero del PRO hasta el 14 de diciembre de 2012” cuando lo separaron de su puesto y “por lo tanto, quien se encontraba en ejercicio efectivo de funciones al momento de haberse producido las supuestas inconsistencias”. Y Principato devolvió gentilezas: explicó que él había renunciado “al cargo de tesorero en noviembre de 2012, razón por la cual no intervino en la elaboración del balance de 2012”.
El fiscal desmintió el supuesto “incumplimiento insignificante”, del que habló Del Sel. “La alegada insignificancia no es tal” –dijo- porque se trata de conductas que se adecúan a figuras típicas penalmente reprochables y por lo tanto merecen ser llevadas a juicio y en su caso, penadas”. Y advirtió que los dirigentes del PRO “no pueden acreditar debidamente el origen y destino de los fondos recibidos”. “Los hechos imputados son de suficiente entidad para conmover el estado de inocencia” de Torres del Sel y compañía.
Tres semanas después de la acusación fiscal, en setiembre de 2015, el abogado de Torres del Sel planteó que la causa estaba prescripta y pidió su archivo. Y eso fue lo que ocurrió. El juez Rodríguez declaró “extinguida la acción sancionatoria” y dispuso “el archivo de las actuaciones”.
En diciembre, el fiscal Rodríguez apeló ante la Cámara Electoral con el argumento de que el plazo de prescripción se interrumpió con la acusación fiscal (el 31 de agosto) y porque los investigados eran funcionarios: Torres del Sel ocupó una banca en el Congreso desde el 6 de noviembre de 2013 hasta marzo de 2015 (cuando lo reemplazó Luciano Laspina) y Barreto era concejal de Funes, donde en diciembre asumió como intendente.
