El ministro de Justicia de Santa Fe atravesó su primer año de gestión.
El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, atravesó su primer año de gestión entre algunos desafíos cumplidos, como haber impulsado un método más veloz de selección de jueces y propuesto otro perfil para los candidatos. Entre los pendientes está la ausencia notoria de un sistema de juicio para menores de edad y de las infracciones más leves o faltas. El funcionario anuncia que esas deudas se compensarán en 2017, en el que aspira al cierre de los trámites del viejo método escrito de enjuiciamiento de delito y la apertura del Nuevo Centro de Justicia Penal en el viejo Heca. Respecto del régimen de trabajo de los Tribunales, adelanta que procurará cambios con el diálogo como herramienta, pero que las ferias judiciales deben repensarse. «Las que tenemos están siendo cuestionadas por la sociedad».
—Ustedes cambiaron los métodos para designar jueces. ¿Qué evaluación hacen del cambio?
—El Consejo de la Magistratura tardaba dos años en designar jueces y ahora se están nombrando en 90 a 120 días. Se simplificó el proceso de selección con un solo jurado que examina y entrevista. No resignamos transparencia ni requisitos. Lo que se logró fue eliminar todo el proceso recursivo, antes había muchas impugnaciones. Y se van cubriendo las vacantes con celeridad. Cubrimos 60 cargos en seis meses.
—Hubo otro planteo suyo de que su gestión pretendía jueces con más calle y menos diplomas…
—No quise ofender a nadie al decir eso. El derecho sirve en la medida que la gente pueda vivir mejor y resolver pacíficamente sus conflictos. La formación teórica importa pero también un juez tiene que acreditar experiencia. El mecanismo anterior daba tal vez mucha importancia a un profesor universitario. Pero no es lo mismo evaluar a un docente que a un magistrado, y lo digo viniendo yo de la carrera académica. Lo que pretendíamos era enfatizar la importancia de tener recorrido en el oficio. Antes un abogado con treinta años de profesión, pleitos ganados, experiencia en muchos casos concretos quedaba a lo mejor rezagado frente a alguien con antecedentes académicos. Hoy eso está equiparado. Personas reconocidas en la práctica están llegando a cargos de jueces. Es un avance.
—Cambió el estricto orden de mérito los concursos. Ahora se le da más peso a la decisión del Ejecutivo cuando se generan ternas para definir jueces. ¿Eso no da una idea de posible favoritismo por afinidad política?
—No lo creo, porque el Poder Ejecutivo no participa en los concursos, en los que evalúan los Colegios de Magistrados, los Colegios de Abogados y las universidades públicas de todo el país. Al Ejecutivo sí se le reconoce discrecionalidad cuando tiene que elegir tal vez entre los tres primeros. Pero la nómina sobre la cual llegan los postulantes no la escoge el Ejecutivo.
—En la provincia hay un déficit de un régimen para juzgar por delitos a los menores. Ya hay fallos de Cámara Penal que dicen que los adolescentes juzgados en la provincia, al revés de los adultos, no tienen garantías. No es algo para sentirse orgulloso…
—La provincia logró un enorme avance con el Código Procesal Penal, el modelo de enjuiciamiento que rige desde 2014 y es vanguardia en el país. Pero tenemos dos asignaturas pendientes que son el Código Procesal Juvenil y el Código Contravencional. Con respecto al modelo de juicio de menores, estamos trabajando sobre la base de un proyecto del ex ministro (de Justicia Juan) Lewis y algunas enmiendas que incorpora la Legislatura. La aspiración es que en el primer cuatrimestre tengamos los consensos para lograr su trámite. Con el Código Contravencional tenemos un proyecto aprobado por el Senado demorado por divergencias, pero lo peor que nos puede pasar es no tener un Código.
—Justamente no tenemos Código de Faltas en la provincia. No hay fiscales, ni modelo acusatorio, ni oralidad, que es lo que distingue al sistema de juicio de delitos…
—Tenemos un Código que es declarado inconstitucional sistemáticamente por las Cámaras Penales. Hay un proyecto del Senado en esto pero faltaba el acuerdo de Diputados. Tanto en este tema como en el Código Procesal Juvenil nuestro criterio es privilegiar el diálogo y buscar consensos.
—Hubo algún enojo del Poder Judicial cuando usted dijo que había jueces que al aplicar penas en algunos delitos resonantes lo hacían con poco sentido común…
—Creo en el diálogo entre poderes. En estos temas el diálogo sirvió. Felicito a la Corte, que marcó a mi criterio posiciones racionales ante el Código Procesal nuevo. Me preocupaba cierta ligereza con la aplicación de los juicios abreviados y la Corte sacó un fallo marcando límites. Preocupaba también alguna ligereza en la actuación de los fiscales que tienen que acusar. Pero tanto el fiscal general, Julio de Olazábal, como el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, cambiaron criterios sin renunciar a sus atribuciones dando respuestas en este tema. No hay violaciones a los derechos humanos ni excesos.
—Esta semana hubo un reclamo del Colegio de Abogados por el asueto en los Tribunales. El planteo señala que el servicio de justicia está desfasado frente a la demanda de la sociedad. Se enfatiza que la litigiosidad crece pero los juzgados siguen atendiendo de 7 a 13 y las ferias duran un mes entero…
—Hay una parte de la Justicia que se ha aggiornado y otra que tiene esto pendiente. La discusión va más allá del último feriado. Es bueno que se recuerde que la feria judicial nació en su momento por un acuerdo entre los colegios de abogados y los de magistrados. En el Poder Judicial hay un régimen de vacaciones que abarca no sólo a jueces sino también a secretarios y empleados. Si todos ellos tomaran las licencias en cualquier momento del año eso también podría llegar a resentir el servicio. Hace años entre abogados y magistrados se acordó la feria, por eso el sistema de cierre de los tribunales dejando una guardia. Pasó mucho tiempo y está claro que las necesidades exigen repensar la feria. Esto se complica porque los jueces han hecho interpretaciones restrictivas de la habilitación de feria.
—Déme un ejemplo de interpretación restrictiva…
—Los casos que se habilitan para resolverse en la feria: una cautelar, un pedido de alimentos, un hábeas corpus. Hay situaciones de urgencia que la interpretación de los jueces ha ido limitando, lo que creo generó una presión más grande entre los abogados y la sociedad civil por un lado y la estructura judicial por el otro. Esto debemos reverlo, como también si tiene que haber dos ferias judiciales, una en verano y una en invierno. Hay actores centrales a escuchar en el debate, como el sindicato judicial. Lo que no hay duda es que la feria que tenemos ahora está siendo cuestionada por la sociedad. Tan cierto como eso es que cumple una función de ordenamiento. El desafío es cómo logramos la buena prestación del servicio de justicia sin resentir el ordenamiento. Ese debate se tan importante como el del mapa judicial. A veces no se crean juzgados donde tiene que haberlos. O se crean por pedido de los senadores en lugares donde no hacen falta. De eso nos vamos a ocupar.
La Capital
