A un año de su puesta en marcha, expertos analizaron una de las primeras medidas implementadas por Macri.
A pesar del esfuerzo fiscal superior a los 4.200 millones de dólares anuales para eliminar o disminuir retenciones al sector agroexportador y a la minería, economistas consideraron que todavía no se percibe un marcado impacto productivo, aunque existe expectativa positiva para los próximos años.
En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri había oficializado la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, carne y productos regionales, y una baja de 5 puntos a las de soja, para dar un incentivo a la economía a un costo estimado en 4.000 millones de dólares, en lo que constituyeron parte de sus primeras medidas.
En febrero de 2016, hizo lo mismo con las retenciones del 5 por ciento a las exportaciones mineras, un impuesto no coparticipable que financiaba sólo al Estado nacional, cuyo impacto fiscal superó los 200 millones de dólares.
La duda entre los expertos es si el sacrificio fiscal de esas medidas, en un escenario en el que el déficit se encamina a cerrar en unos 400.000 millones de pesos en 2016, tuvo su correlato en mayor producción y creación de empleo.
El analista Javier Cao sostuvo que los resultados todavía «no se ven», aunque consideró que es «cuestión de tiempo» para que comiencen a impactar en forma positiva.
«El sector agropecuario tiene campañas que comienzan un año y terminan el otro. Cuando se dio la eliminación de retenciones, ya se había sembrado, por lo cual en la producción no se ven los efectos porque no hubo tiempo», evaluó.
Destacó que «sí se ven avances en las proyecciones de siembra para el año próximo», mientras resaltó que eso se vincula con la compra de insumos agropecuarios y maquinaria agrícola.
Analizó que, en el caso de la minería, «es más difícil realizar un balance». Aunque resaltó que si no se hubieran aplicado esas medidas, las caídas en el sector hubiesen sido «más fuertes».
Ejemplificó que algunas mineras en proceso de cierre de yacimientos, en principio anunciados para 2017, los alargaron para 2018.
El vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Jorge Vasconcelos, calculó que el costo fiscal de la reducción de retenciones en industria, minería y agro fue del orden de 0,4 por ciento del PBI.
Evaluó que «los resultados en término de mejora de nivel de actividad del sector agropecuario fueron significativos», mientras estimó que «los datos se verán con mayor claridad más adelante».
«Se puede decir que la resignación fiscal se autofinanció por el mayor volumen de actividad», apuntó. Y evaluó, en el caso del sector minero, que «el tema de la recaudación impositiva hay que mirarlo siempre de manera integrada».
El sector prevé invertir 20.000 millones de dólares en los próximos seis años en proyectos en desarrollo y en nuevos emprendimientos que llegarían gracias a los cambios en el contexto económico que ya se dieron y a futuras modificaciones en legislaciones provinciales.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (Caem), Marcelo Alvarez, había anunciado esos datos como parte del plan Desafío 2021, que además generaría 40 mil nuevos puestos de trabajo.
El plan es a seis años, pero la mayoría de esas inversiones están concentradas entre 2018 y 2020.
Con una mirada crítica, el economista Alejandro Robba evaluó que «la baja de retenciones, sumada a la recesión, hizo que el déficit que el gobierno tanto quería bajar, subiera».
Luego pronosticó que durante 2017 habrá «una caída todavía más fuerte de la actividad, ya que las exportaciones y la inversión no compensarán el bajo nivel de consumo».
«En 2017 habrá mayor desempleo porque las medidas del gobierno impactaron de modo negativo en los sectores que más trabajo crean», se quejó. Y calificó de «industricidio» el accionar de la gestión macrista.
