Lo dijo el Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal, ante el bochazo que se registró en la prueba para cubrir cargos en 4 regiones santafesinas.
«Hay algo que fracasó más allá de lo bien o mal que hayan rendido los postulantes a fiscales y eso nos obliga, como funcionarios y como docentes, a revisar profundamente los métodos de evaluación». Con esos términos se expresó ayer el Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal, en relación al bochazo masivo que se registró en el examen para cubrir cargos de fiscales en cuatro de las cinco regiones santafesinas. Es que sólo 4 de los 316 candidatos que se postularon en los concursos para cubrir vacantes obtuvieron la calificación de «superó ampliamente las pautas de evaluación», uno de los requisitos solicitados para ocupar el cargo; mientras que otros 27 sólo «superaron las pautas». Lo llamativo, además, es que muchos de los evaluados se desempeñan actualmente como fiscales adjuntos en las distintas circunscripciones y, en Rosario, de 19 adjuntos que se presentaron 16 no superaron el examen.
De Olazábal se mostró «muy sorprendido» por esos resultados y prefirió plantear su posición como docente y no como fiscal saliente ya que no tuvo acceso a los exámenes. «No conozco su tenor y por ello no puedo tener una opinión formada», dijo. En ese sentido recordó que tanto la confección de las pruebas como la conformación del tribunal corrieron por cuenta del Ministerio de Justicia.
Cambio de época
«En la época en que a mí me tocó concursar todo era distinto» recordó De Olazábal. «No digo que haya sido mejor o peor, sólo distinto. Entonces hubo presentación de antecedentes que otorgaba puntaje y una prueba de oposición ante un tribunal con representación internacional en la que había que plantear un plan de trabajo y que también daba puntaje».
Sin embargo el actual examen, en el cual sólo 31 aspirantes superaron las pautas solicitadas, se basó principalmente en una decena de preguntas bajo la modalidad múltiple choice que, «como docente, deberíamos ver si estuvieron bien planteadas», dijo el Fiscal General. «Cualquier docente, en cualquier nivel educativo, ante estos resultados debe revisar qué pasó. Yo no lo puedo hacer porque no he tenido acceso a esos exámenes, pero habría que ver si el error es de los postulantes o de aquellos que formularon las preguntas», concluyó.
No están a la altura
En tanto, el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, defendió el sistema de evaluación y expresó que «el fiscal tiene que ser alguien que tenga responsabilidad, formación y prudencia para serlo. Que el Estado tome precaución para seleccionarlos, en vez de generar críticas debería verse como una actitud responsable en la selección».
Asimismo, el funcionario dijo que a su entender «los resultados indican que muchos de los profesionales que se presentaron no están capacitados para el cargo, que es clave para investigar los delitos y contribuir a reducir la inseguridad en la provincia», a pesar de que muchos de ellos están en funciones.
Respecto a los cuestionamientos planteados por la oposición, principalmente por parte del diputado del Frente para La Victoria Leandro Busatto, quien entre otras cosas dijo que «para agilizar la corrección hicieron un múltiple choice que es cuestionable para el Derecho, ya que no se trata de una ciencia exacta en la que se puede responder con un sí o con un no», Silberstein expresó que «quienes plantean eso no saben cómo es el proceso de selección y la práctica del Derecho».
En declaraciones a La Ocho, el ministro de Justicia remarcó que la exigencia de los exámenes es proporcional al rol de los fiscales. «La acción penal está a cargo de los fiscales, que tienen la responsabilidad de perseguir delincuentes, llevarlos a juicio, probar que los delitos se han cometido. Es decir que gran parte de la temática de la seguridad en Argentina está en ellos».
«La selección está a cargo de representantes de universidades públicas, los Colegios de Abogados y el Colegio de Magistrados. Ellos hacen las preguntas y las corrigen», explicó Silberstein. Y agradeció que tengan «niveles de exigencias de alto estándar porque quienes desempeñen la función de fiscales tienen que ser altamente calificados».
Finalmente explicó que «primero se evalúan antecedentes específicos de los postulantes, después se investiga si tienen práctica de la especialidad y en tercer lugar se efectúa evaluación a través del múltiple choice para ver si tienen conocimiento básico del Derecho penal. No puede ser fiscal quien no tenga mínimo conocimiento. Por último tienen que resolver un caso específico de alta complejidad y en una quinta etapa pasar una entrevista ante el jurado y evaluación psicotécnica. Recién ahí el jurado eleva una lista de méritos que finalmente llega a la Legislatura».