Di Lello imputó a Mauricio Macri, a su padre Franco, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáuticos por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
Además del Presidente, Di Lello impulsó la acción penal contra el titular del grupo SIDECO Franco Macri, el Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. En su presentación, los legisladores señalaron como eje principal del cuestionamiento la reciente venta de la empresa «Macair Jet» -del grupo económico liderado por Franco Macri- a la firma colombiana «AVIANCA» y las posibles contrataciones del Estado Nacional con dicha empresa.
La imputación también alcanza al Director General de Logística de la presidencia de la Nación Carlos Cobas, al titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea AVIANCA Germán Efromovich, al CEO de «Avian Líneas Aéreas» Carlos Benjamín Colunga López y al titular de «Unidos Air S.A.» Diego Martín Colunga López.
También, la fiscalía instó la acción penal contra el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez, luego de la ampliación de la denuncia realizada por los diputados. A estos últimos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
La denuncia señala que «la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil».
El fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de Sergio Torres.
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