Continúan las repercusiones por la disputa legal sobre las cámaras de videovigilancia, que destapó este medio, entre el Municipio (gestión actual frente a gestión pasada) y la empresa Inticom.
Rodrigo Corti
Semanario Reconquista
Quien habló ahora con «La Grieta (FM Central 94.5)» fue el abogado defensor del privado interviniente. “En los tiempos en los que estamos viviendo pareciera ser que las causas se ventilan antes por los medios que por los ámbitos judiciales”, comenzó diciendo Aníbal Zupel al mostrarse algo sorprendido por la publicación que hiciéramos la semana pasada de este conflicto.
“Esto nace de una ordenanza de 2014, en la cual se llama a licitación para la colocación de las cámaras y que gana la empresa Inticom. Donde mi cliente ha cumplido fehacientemente con su trabajo en la provisión de los elementos y su instalación. Con una colaboración, o trabajo adicional que ha tenido que hacer mi cliente, donde además de los trabajos encomendados ha tenido que realizar un sinnúmero de otras instalaciones como torres, acoples, etc. Trabajos que estaban a cargo del municipio, pero como nunca los concretaba, para que el sistema funcione los ha hecho él. Y entonces es que ha quedado una deuda pendiente hacia mi cliente por estos trabajos extras que con la anuencia del municipio hizo, pero que nunca fueron abonadas”. Explicó el letrado a la hora de justificar porque están demandando al Municipio en un monto cercano a los $118.000. A lo que agregó: “Hemos mantenido varias reuniones para llegar a un acuerdo, y esto comprende a la anterior gestión y a la actual, y lamentablemente han decidido iniciar una acción judicial. Por lo tanto nos habilitó a nosotros a requerir que le paguen a mi cliente por todos los trabajos realizados. No solamente por todo el servicio de mantenimiento dado sino también por una vez en que un rayo quemó un montón de equipos, donde mi cliente los reemplazó y tampoco eso fue abonado. O sea que mi cliente ha cumplido, y en demasía con respecto a su función”.
El actual Secretario de Gobierno de Reconquista nos había manifestado su asombro por el grado precario de legalidad con la que se estableció la comunicación entre las partes. Algo que el abogado defensor de la firma contratada compartió: “es cierto que una vez que ganó la licitación, el accionar entre las partes era un tanto informal ya que se manejaban por mails entre las autoridades municipales y la empresa proveedora”.
Fue, cuanto menos, llamativa la explicación que dio Zupel a la hora justificar porque nunca se instaló la totalidad de las cámaras pagadas. “Cechini tuvo siempre a disposición las cámaras que faltaron instalar pero como el municipio nunca le precisó el lugar fue que no se instalaron las faltantes. Porque quien le indicaba donde instalarlas era la Municipalidad. Yo tengo una constatación judicial hecha por ellos mismos, que presentaré en el juicio, que marca que sí estaban las cámaras. Entonces ahí hay una contradicción. Seguramente va a llevar mucho tiempo esto, y no se si no hay también cuestiones políticas en el medio. Igual yo me voy a basar en la defensa de mi cliente en base a los elementos que tengo, y que nos van a alcanzar para demostrar que él tiene la razón”.
“Yo no me puedo poner a analizar conductas que tienen que ver con relaciones personales. Yo solamente estoy analizando la documentación que tengo en mi poder y la realidad que le tocó vivir a mi cliente. Es raro igual que si hay un sistema de monitoreo permanente que necesita del contacto permanente entre la empresa y el Estado, hayan tenido tan complicada comunicación entre ambos”, señaló el actual Presidente del Colegio de Abogados local cuando fue consultado por las declaraciones de Patricia Virilli quien llegó a plantearnos que le generó problemas de salud el maltrato que recibió por parte del dueño de la empresa contratada.
Zupel, sin ánimos de entrar en polémica, se refirió también a la denuncia que hizo Guillermo Romero al afirmar que se pagaron por cámaras de 3mpx y se encontraron varias de 1.3mpx. “No puedo recordar exactamente ese punto. Pero sí sé que en toda modificación que se realizó estuvo la conformidad o la anuencia de las autoridades de turno. No se realizó ningún cambio del plan de trabajo sin la autorización del Municipio. Incluso sé que algunas cámaras eran de mejor calidad que las que especificaba el pliego o contrato que habían firmado”.
