El nuevo decreto plantea “desastre y/o emergencia”, a raíz de las precipitaciones abundantes de los últimos meses.
Mediante el decreto Nro. 559 del pasado 27 de marzo, el Poder Ejecutivo resolvió declarar el “estado de desastre y/o emergencia vial” en todo el territorio de la provincia desde el 1º de enero hasta el 30 de Junio de 2017. Ya en mayo del año pasado, el gobierno había decretado el estado de “emergencia vial” por el término de 120 días, invocando el deterioro que las intensas lluvias habían provocado en la red vial y caminera de los 19 departamentos. Ahora, el nuevo decreto plantea argumentos similares; advierte sobre la “grave situación que padece la red vial primaria, secundaria y terciara de la provincia, originada por las inusuales precipitaciones registradas durante los últimos días de diciembre de 2016 y en enero y febrero del corriente año”. Dicho fenómeno -se sostiene en los considerandos- provocó “extensas situaciones de intransitabilidad y anegamiento en rutas troncales, secundarias y terciaras de la red caminera, y afectó puentes”.
Las lluvias -continúa la descripción- “excedieron holgadamente el promedio histórico para ese período”, en tanto que “la persistencia de las condiciones de anegamientos, escurrimientos superficiales de agua y ascenso de las napas freáticas no permitieron que se recuperaran las rutas provinciales de calzada natural, estabilizado y caminos comunales. Esa situación -se observa- se torna más crítica con el paso del tiempo”.
Grave
El decreto que lleva las firmas del gobernador Miguel Lifschitz, los ministros de Infraestructura, José Garibay; y Economía, Gonzalo Saglione, plantea que los 19 departamentos “han sido afectados de manera grave por las abundantes, intensas e inusuales lluvias”. Y advierte que dicha situación, demanda que la Dirección Provincial de Vialidad “rápidamente arbitre los mecanismos administrativos y operativos para brindar apoyo técnico y económico a todos los municipios y comunas afectadas así como al sector productivo, a través de la rápida ejecución de bacheos, reparaciones y rehabilitaciones de rutas”. La tarea se presenta como “de gran relevancia y complejidad”, y es sobre la base de esos argumentos que se solicita la declaración de emergencia y/o desastre.
Efectos prácticos
En términos generales, dicha declaración permite abreviar plazos administrativos para los procedimientos de compras y ejecución de obras públicas.
Por eso, el artículo 2 del decreto “exceptúa las tramitaciones de gastos que deba efectuar la Dirección Provincial de Vialidad” como consecuencia de lo establecido en el decreto citado, “como también, de toda otra disposición vigente en materia de contención del gasto público que dilate la urgente concreción de las medidas que deban adoptarse en razón” de la emergencia mencionada.
