El Presidente de la Pastoral aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina, Angel José Macín, expresó su preocupación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. También se refirió a la criminalización de los pueblos originarios y sugirió vínculos entre ésta y la discusión por la prórroga de la ley 26.160, que desde 2006 suspende el desalojo de las comunidades aborígenes de sus tierras ancestrales, y que se vence en noviembre.
“Me sumo al reclamo de otros obispos que ya han salido de diferentes maneras a expresarse sobre este tema. Me uno al reclamo de tanta gente que se ha manifestado para que aparezca con vida y que se pueda clarificar”, dijo Monseñor Macín en diálogo con “Un poco nomás” (AM 750). “Es una situación especialmente grave” ya que la desaparición de Santiago Maldonado “se da en el contexto de una manifestación en la que intervino el Estado, cuando es el Estado el que debería cuidar las vidas de las personas”, enfatizó Macín, obispo de Reconquista.
Macín se refirió a la construcción de los mapuches como chivo expiatorio y a las estrategias para desviar la discusión con respecto a la responsabilidad estatal sobre la “desaparición forzada de una persona en el marco de una represión” como “generalizaciones y tratamientos superficiales muy nocivos de los pueblos originarios”. Desde el oficialismo se ha acusado a los mapuches por ejemplo de no colaborar con la investigación de la desaparición de Maldonado pero también de “terroristas” para justificar la represión. Fueron catalogados por el Presidente Mauricio Macri como “poco democráticos” y “violentos” y por parte de la ministra Patricia Bullrich, acusados de promover una “república separatista” y desde algunos sectores del periodismo, de formar parte de una guerrilla entrenada por “la ETA, las FARC y los kurdos de Turquía”. Este discurso entre la invención y la estigmatización es para Macín “un baldazo de agua fría”, una violencia contra los pueblos indígenas que “hace mucho tiempo que no se veía en este país, que nos produce perplejidad, asombro, indignación. No avalamos la violencia pero también hay que contextualizar: si un grupo dentro del pueblo mapuche reacciona realizando algunos actos violentos, es el resultado de sucesivas postergaciones de los pueblos originarios en nuestra patria.”
Monseñor Macín dijo que detrás de la fogueada estigmatización de los pueblos originarios existe otra discusión: la vigencia de la ley 26160, aprobada en 2006, que suspende los desalojos de las comunidades indígenas, que está cerca de vencerse y cuya prórroga está siendo demorada: “Como obispo y como ciudadano me preocupa que todo esto pueda estar vinculado con una dilación de la prórroga de la ley 26160, que debería prorrogarse pronto”. La ley declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Esta ley, en palabras de Monseñor Macín “fue un gran paso en lo que se refiere al cumplimiento del artículo 75 de nuestra Constitución para la restitución de territorios para los pueblos aborígenes”.
