Aseguraron que afecta la autonomía de la provincia, prohíbe el ingreso de personal en áreas claves como salud, educación y seguridad y pone en duda el pago de lo adeudado por la Nación a nuestra provincia por la detracción indebida del 15% de coparticipación federal.
Los diputados del Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Bacarella, Roberto Mirabella y Patricia Chialvo, expresaron este Pacto Fiscal no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una concepción ideológica que funda las políticas públicas del gobierno nacional. Políticas que atentan contra los derechos de los trabajadores, los jubilados y pensionados, los sectores sociales más vulnerables, que está provocando una fenomenal transferencia de recursos desde los sectores populares.
“El gobierno nacional le dirá a los santafesinos cuanto deberá gastar, en qué deberá hacerlo y de dónde deberá obtener el recurso”, indicaron los legisladores quienes explicaron que se trata de una ley que va en contra de las decisiones autónomas de las provincias, porque limita el incremento de lo que llama “gasto primario” -solo por inflación- y congela la planta de personal al 31 de diciembre de 2017. Es decir, no podrá incorporarse a nadie más independientemente de las necesidades de los recursos humanos que se requieran, por ejemplo en área claves como salud, educación y seguridad, a fin de garantizar esos derechos.
A su vez, exige acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este Consenso Fiscal”, aseguraron desde el bloque, lo que no modifica la situación vinculada al pago de la deuda por coparticipación que cuenta con fallo de la Corte desde noviembre de 2015, ya que el mismo obliga a las partes a convenir la deuda -y no establece ningún criterio para su actualización ni para la forma de pago- por lo cual estamos con la misma incertidumbre y dudas respecto a la posibilidad llegar a un acuerdo justo, supeditando el pago de lo adeudado por la Nación a la aprobación de este Pacto.
Mientras tanto, el gobierno nacional, anticipándose a la decisión de la Corte Suprema con referencia a la presentación de la provincia de Buenos Aires en reclamo por fondos del conourbano, le otorgará a la gobernadora María Eugenia Vidal una compensación de $21.000 millones en 2018 y de $44.000 para 2019, actualizable por inflación, por renunciar a dicho litigio, del cual la Corte no se había expedido al momento de la firma del Pacto Fiscal.
En el mismo sentido, también hay que considerar que haber firmado este pacto implicó que la provincia de Santa Fe no haya recibido la parte proporcional del Fondo Solidario, con el consecuente perjuicio a municipios y comunas.
El Consenso elimina progresivamente el impuesto a los sellos -siendo definitiva a partir del 1º de enero de 2022- lo que representará una pérdida de ingresos para la provincia del orden de los $ 6.000 millones anuales a valores de 2017.
Por otra parte, la firma de este pacto tiene un efecto aplastante sobre las autonomías de municipios y comunas y sus administraciones, dado que se establece que “las tasas municipales deberán adecuarse a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio”, imposibilitando obtener recursos propios como el Derecho de Registro e Inspección (DREI), vitales para la gestión en las administraciones locales.
Asimismo el pacto plantea la modificación del Art 19 del proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2018, estableciendo del artículo 7º de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo la eliminación de la coparticipación automática a municipios y comunas establecidas en las anteriores leyes de presupuestos nacional y nunca cumplida en nuestra provincia, convalidando la discrecionalidad política en los envíos de fondos a nuestras localidades y la mora tantas veces reclamada y denunciada.
Finalmente los legisladores manifestaron su enérgico rechazo a la bandera del 82% móvil que se agita como victoriosa desde el Ejecutivo nacional, porque sólo alcanzará a una sola categoría de jubilados, y no a quienes trabajaron en negro, ni a quienes accedieron a las moratorias, ni a los pensionados.
Esos ciudadanos, que a criterio del gobierno nacional parecen ser de segunda, no tendrán ese derecho porque considera “beneficiarios” a los jubilados y pensionados y no sujetos de derecho. A quienes les pagarán una compensación vergonzosa por única vez.
