Mariana García es licenciada en Ciencia Política, coordina el Grupo de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Además es docente y magister en políticas para las migraciones.
La especialista afirma que las medidas propuestas sobre los extranjeros reivindican una tradición restrictivas que los demoniza sobre datos falsos La condición de extranjero, sea como estudiante o como usuario del sistema de salud público, estuvo en la mira. El proyecto de arancelar esos servicios para quienes no fueran argentinos surgió entre el oficialismo y, si bien no alcanzó los acuerdos necesarios ni siquiera dentro del propio bloque de Cambiemos en el Congreso, mostró una vez más el avance de las políticas restrictivas que el macrismo ya viene llevando adelante sobre los inmigrantes y que se alejan del espíritu de la ley de migraciones 25.871, sancionada en 2004 y reconocida como modelo internacional. «En contextos de crisis, falta de trabajo y recortes presupuestarios, el inmigrante es el chivo expiatorio que se construye desde los discursos institucionales y de los medios de comunicación», afirmó la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Mariana García, y dejó en claro que ambas iniciativas «no sólo son ética y legalmente cuestionables y violatorias de todos los acuerdos internacionales de la Argentina, sino irrelevantes desde el punto de vista del impacto material porque se construyen sobre mitos y prejuicios».
Mientras mucho se escuchó sobre «bolivianos en hospitales jujeños» y aulas universitarias repletas de extranjeros, incluso tratándose de porcentajes ínfimos del total de usuarios de ambos sistemas, nada circuló sobre el aporte significativo que los trabajadores migrantes hacen a la generación de la riqueza. De acuerdo a datos compilados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), sólo entre 2007 y 2011 el aporte a la economía nacional osciló entre los 3.900 y los 5 mil millones de dólares anuales, así como el aporte anual a las arcas nacionales a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se acerca a los 1.500 millones.
—¿Cómo se ubican estos discursos en un país de tradición migratoria?
—La Argentina es un país de migraciones, de emigrantes e inmigrantes, antes de su constitución como Estado nacional. Siempre ha entrado en tensión una tradición aperturista y otra restrictiva, con procesos de discriminación y expulsión como fueron la ley Avellaneda, de defensa social, las medidas durante el Onganiato y la última dictadura cívico militar. En 2004, se logra la aprobación de la ley que termina con las medidas de la dictadura y que responde a la Constitución Nacional, que menciona a los hombres del mundo y a los habitantes, y plantea claramente la no discriminación. Pero la tensión entre estas dos tradiciones se profundiza con el cambio de la política migratoria de este gobierno.
—¿Qué medidas marcan ese cambio de rumbo?
—La ley de 2004 marca el derecho inalienable de la persona humana a migrar, que incluye el derecho a quedarse y a desarrollarse, a la salud, educación, la Justicia, y todos los derechos políticos, civiles y sociales, de trabajo y de contribuir al erario público para lograr una pensión; una ley modelo en el sistema internacional y por la cual la Argentina ha sido reconocida en materia de migración y derechos humanos. Con este gobierno, apareció primero en 2016 la propuesta de crear una cárcel de inmigrantes, un lugar donde los migrantes en proceso de expulsión iban a ser retenidos antes de hacer efectiva su expulsión, y similares a los cuestionados centros de extranjeros instalados en Europa. El año pasado el presidente (Mauricio) Macri firmó el decreto Nº 70 que va a contrapelo de la ley, habla de inmigrantes buenos y malos, y los demoniza como causante del aumento de la inseguridad y como amenaza dentro del mercado laboral. Fue denunciado por los organismos de derechos humanos porque habilita a procesos de detención y deportación express sólo por contravenciones o faltas administrativas sin la intervención de juez, como está previsto en la ley. Este decreto afecta a dos millones de personas en el país, y criminaliza a los migrantes basándose en datos estadísticos erróneos.
—En ese contexto, surgen las propuestas de cobrar los servicios de salud y educación superior a los extranjeros, como causales del déficit que atraviesan estos sistemas.
—El migrante aparece como chivo expiatorio de todos los males; es una maniobra distractiva que prende socialmente y que una vez más no se condice con los datos estadísticos. Información de 2015 indica que hay un 5 por ciento de inmigrantes en la Argentina, un país de escaso crecimiento vegetativo. Hacer responsable al migrante de la ausencia de trabajo y de uso de la salud, y de los servicios educativos, es demonizarlos. En ningún caso puede haber discriminación por su condición de extranjería.
—Son discursos que además invisibilizan los aportes de los inmigrantes.
—Estas medidas no sólo son ética y legalmente cuestionables, y violatorias de todos los acuerdos internacionales de la Argentina, sino que son irrelevantes desde el punto de vista material. Sólo en IVA aportan más de mil millones al año y, si trabajan, hacen sus aportes e incluso ocupan puestos que no se conforman con la población local. Además, la regularización de la población migrante que se hizo en los últimos años también contribuye al erario público; y se suma el aporte a través de las economías informales. No podríamos pensarnos como país sin esta población, esto fue y sigue siendo así en la actualidad.
—Hubo quienes defendieron las propuestas de arancelamiento argumentando la falta de reciprocidad de los países de origen, ¿qué validez tiene ese argumento?
—La residencia en la Argentina puede ser permanente, temporaria o transitoria. En particular, las personas que provienen del Mercosur, por acuerdos vigentes, tienen derecho a la libre residencia en cualquier territorio de los países miembros, y así está inscripto en la ley de 2004. Por lo cual ya hay acuerdos recíprocos, pero así y todo ningún acuerdo de este tipo puede ser superior a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. E insisto, si quisiéramos cobrarles a los 47 mil extranjeros que egresaron de los hospitales de Jujuy en 2016 de acuerdo a datos oficiales y que son apenas el 0,3 por ciento de los egresos, es más caro implementar un mecanismo para hacerlo que el aporte real. Debemos estar orgullosos de tener un sistema de salud inclusivo y una norma reconocida internacionalmente.
—¿Cómo analiza el contexto político nacional que permite la circulación de estos discursos claramente discriminatorios?
—En contextos de crisis, falta de trabajo y recortes presupuestarios, construir un chivo expiatorio es importante en discurso institucional y de los medios. Deconstruir estos mitos supone políticas públicas muy fuertes y complejas a través de la educación, de los medios de comunicación; una política antirrumores, como la llaman en España. La responsabilidad de los gobiernos debería ser juzgada de otra manera, porque el poder de normatizar a partir de datos falsos y discriminatorios va tener un costo negativo a largo plazo.
Fuente: La Capital
