El fallecido fiscal la acusó a ella y otras doce personas por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes por el atentado a la Amia en 1994
El juez federal Claudio Bonadio envío este lunes a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner por la denuncia por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes por el atentado a la Amia en 1994 que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman. También irán al banquillo el detenido ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini y al ex canciller Héctor Timerman.
La actual senadora nacional está procesada con prisión preventiva en esta causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, pero permanece en libertad gracias a sus fueros parlamentarios.
Bonadio dio así por cerrada la investigación y la envió a sorteo de un Tribunal Oral, que deberá juzgar a la ex presidenta y otros doce acusados en esta investigación, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.
En una resolución de 29 carillas, el juez entendió que todos deben ser juzgados por «encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional» aunque advirtió que será el Tribunal el que establezca si pudieron cometerse delitos más graves, como traición a la Patria.
Bonadio había procesado a los acusados por este delito, pero la figura fue revocada por la Cámara Federal porteña cuando confirmó su fallo de manera parcial.
Esta es la tercera causa judicial en la que la ex mandataria fue enviada a juicio oral: la semana pasada se sorteó tribunal para el juicio en su contra por asociación ilícita en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz y ya se prepara el otro debate en su contra por la venta de dólar futuro al final de su gobierno.
Además está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa «Los Sauces» y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir su situación procesal en «Hotesur», donde ya fue indagada.
Al enviarla a juicio oral en la denuncia de Nisman, Bonadio recordó que según la investigación hubo un «plan orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente» y sus ex funcionarios procesados, para garantizar la impunidad de ciudadanos iraníes con circulares rojas de captura internacional por parte de Interpol.
Por esta causa están presos Zannini, el dirigente social Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil. Todos ellos quedaron a disposición del Tribunal Oral que resulte sorteado y ante el cual deberán presentar desde ahora futuros pedidos de excarcelación.
También serán juzgados Timerman, excarcelado por razones de salud, el ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain, la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex segundo de la AFI Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.
En tanto Bonadio seguirá con parte de la investigación vinculada a otros imputados y a órdenes que le dio la sala II de la Cámara Federal para avanzar con nuevos elementos de prueba.
En la resolución de elevación a juicio, el juez sostuvo que los funcionarios del Estado nacional «abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados».
Para ello «participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la Amia y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados».
Bonadio enumeró las reuniones previas a la firma del Memorándum de Entendimiento el 27 de enero de 2013 en Etiopía y sostuvo que el documento «fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA».
Pero según el juez, «en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina».
Si la ex presidenta llega a este juicio como senadora, deberá presentarse a las audiencias en todas las instancias que se le requieran pero podrá ser enviada a prisión (en caso de recaer una condena de cumplimiento efectivo que quede firme) solamente cuando cese su actividad parlamentaria y queden sin efecto sus fueros.
