Incluye limitación de mandatos legislativos: «Ocho años para todos es la consigna». Ampliación e incorporación de nuevos derechos y garantías.
El gobierno provincial terminó de redactar el proyecto de reforma constitucional que, ahora, será elevado a los partidos políticos para su evaluación y, en los próximos días, a la Legislatura.
Además de los puntos ya adelantados por La Capital respecto a la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de incluir en la reforma el ballottage y la provincialización de la EPE, Aguas y Caja de Jubilaciones, este diario pudo saber que la iniciativa contempla la limitación de mandatos para todos los cargos electivos. «Ocho años para todos y todas», es la síntesis que sirve para describir el cuadro de situación. En este punto, se sostiene la idea de que sean ocho años para el gobernador, legisladores, presidentes de comuna e intendentes. Es decir: un período de cuatro años y la posibilidad de ser reelectos.
Esta novedad se produce porque también se decidió aumentar de dos a cuatro años el período de mandato de los presidentes de comuna, un reclamo que viene desde lejos y que la Casa Gris ha decidido incluir en el texto que, sin embargo, deberá ser debatido por los partidos que integran el Frente Progresista y la oposición.
Entre otras modificaciones que podrían incorporarse a la Constitución figura el fin del actual sistema de composición de la Cámara de Diputados, que contempla que el ganador de los comicios se lleve 28 legisladores y los 22 restantes se completen por el sistema D’Hondt.
Tiempo de propuestas
Fuentes de primera línea consultadas por este diario aclararon que de ninguna manera la propuesta oficial es inamovible: «Todo lo contrario, seguiremos escuchando posicionamientos y, por sobre todo, en la elección de convencionales cada partido o frente propondrá aceptar o modificar lo que está en el texto oficial».
Otro elemento disruptivo y que generará un antes y un después si es que hay reforma constitucional tiene que ver con las ciudades de Rosario y Santa Fe. El proyecto oficial establece la autonomía como principio. En el debate se sabrá si es solamente para las dos grandes ciudades de la provincia o hay otras metrópolis que se sumarán.
Desaparecerá también el umbral de 18 años para votar. La disminución de la edad para ejercer el derecho al sufragio será acorde a un standard nacional de ciudadanía. La modificación de las edades también regirá para lo que refiere a la ocupación de cargos públicos. También establece el texto que se sube la edad exigida para que los jueces sean inamovibles.
En el proyecto de reforma intervinieron distintos grupos que sintetizaron las propuestas del proceso Bases para la Reforma, que coordinó el director de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, y que ahora será sometido a la discusión con partidos.
Si tras el largo derrotero, la reforma ve la luz al final del túnel, podría quedar consagrado con rango constitucional el Ministerio Público de la Acusación, autónomo e independiente. Lo propio sucederá con el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, fiscales y defensores.
De acuerdo a lo que La Capital pudo reconstruir de fuentes seguras, el gobernador Lifschitz decidió incorporar varios capítulos referidos a la ampliación de derechos y garantías.
Un tema que fue largamente debatido en la campaña a gobernador de 2015 tuvo que ver con la seguridad y el control de la policía. En el texto que hoy se difunde, aparece la designación del jefe de policía con acuerdo legislativo. Otra cuestión es la eliminación de la religión oficial. El Estado garantiza igualdad religiosa y neutralidad del Estado.
En la provincia de Santa Fe se da actualmente una situación sui generis con las sesiones en la Legislatura que, formalmente, comienzan mucho después que en el resto de las provincias.
De hecho, el mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa ocurre cada 1º de abril, casi treinta días más adelante que a nivel nacional. Por eso, se incluyó en el proyecto recién terminado de reforma constitucional que las sesiones ordinarias comiencen el 1º de marzo.
A partir de ahora comienza la verdadera cuenta regresiva para saber si habrá o no reforma constitucional. El Ejecutivo enviará a la Legislatura la iniciativa oficial y diputados y senadores deberán decidir si votan o no la declaración de la necesidad de la modificación. Si no se explayan a favor, la pretendida nueva Constitución quedará en la nada. Si se aprueba, el gobernador deberá llamar a elección de convencionales constituyentes.
El formato de las internas
No hay plazos de máxima para la finalización del proceso electoral y tampoco hay definición aún sobre el sistema electoral con el que se tendrá que convocar a la convención. En un principio, había una creencia oficial de convocar a elecciones sin la aplicación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) para ganar tiempo y terminar con todos los temas antes de 2019.
El sentido común obligará a hacer un recorte de calendario: en febrero de 2019 cerrarían las listas de candidatos para las elecciones provinciales. Las primarias tendrían lugar en mayo, y las generales durante el mes de julio o, incluso, antes. Serán desdobladas con los comicios nacionales, con lo que Santa Fe adelantará todos los tiempos.
Sin embargo, se sabe que esa situación no será aceptada por algunos partidos políticos de la oposición. Debe decirse: si se aplica el sistema de primarias el calendario reformista podría extenderse hasta diciembre de 2018 y/o el primer trimestre de 2019.
Para una eventual elección de convencionales constituyentes podrán estar habilitados todos los funcionarios actuales. Desde el gobernador de la provincia hasta el presidente comunal más pequeño podrá ser de la partida. De ahí que aparezca el interrogante de cómo convocar a una elección sin primarias, obligando a los partidos a ponerse de acuerdo en una lista común. Eso sería de cumplimiento imposible, por ejemplo en el peronismo santafesino, donde hay varios sectores competitivos y también dirigentes con chances.
Pero esa será información para otro momento. Ahora se acerca el tema de la definición respecto a cuál será la actitud de la oposición a la hora de aceptar o rechazar la propuesta del gobierno santafesino de reforma constitucional para el presente año. La que hoy este diario ofrece en exclusiva a sus lectores.
