En fallo dividido, los jueces decidieron condenar a 15 años de cárcel al ex empleado judicial de Vera.
Los jueces Claudia Bressan y Leandro Díaz consideraron que Manuel Díaz era culpable y debía ser condenado a 15 años de cárcel por violaciones reiteradas a su hija, con la que convivía.
Quien consideró que Manuel Díaz «no es culpable» de los casos por los que se lo imputó fue el Dr. Mauricio Martelossi.
El Centro de Asistencia Judicial (CAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, participó como querellante, en representación de la víctima, en el marco la investigación penal que tuvo inicio en 2015 en la ciudad de Vera, y logró que un empleado judicial sea condenado a 15 años de prisión efectiva.
La víctima, de nombre Gisela, al momento de los hechos tenía 15 años y denunció situaciones de abusos sexuales reiteradas en su infancia, malos tratos y acceso carnal. Sin embargo, al ser su padre un empleado del Poder Judicial con asiento en la ciudad de Vera, agravaba los hechos.
El 5 de marzo de este año tuvo inicio el juicio que terminó este viernes con el veredicto, en un juicio muy debatido, de largas jornadas donde el CAJ, a través de los abogados Agustina Peralta y Nicolás Vera, representaron a la víctima en todas las instancias.
Tras ese largo proceso, el tribunal condenó al imputado por los graves hechos a la pena de 15 años de prisión efectiva, una sentencia inédita en la provincia donde un hombre del propio Poder Judicial termina siendo sancionado. De todas formas, el condenado fue absuelto en uno de los hechos por los que estaba imputado y por ello desde el CAJ apelarán el fallo.
El director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial y responsable de los CAJ, detalló que “por un lado estamos contentos porque se logró una condena considerablemente alta, y en un caso paradigmático, pero a la vez estamos sorprendidos por la decisión de tribunal que decidió absolver al condenado por uno de los hechos que, a nuestro criterio, estaba suficientemente acreditado para que no lo sea”.
Asimismo, el delegado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la zona Norte y abogado querellante en representación del CAJ, Nicolás Vera, celebró “la condena en este caso emblemático para el norte provincial, porque no solo asistimos a las víctimas, también logramos que el imputado esté donde tiene que estar. Sin embargo, no quedamos plenamente satisfechos con el resultado y a partir de este momento decidiremos el camino a seguir con Gisela, que seguramente será el de la apelación al fallo”.
EL CENTRO DE ASISTENCIA JUDICIAL
Esta institución brinda la posibilidad a las víctimas de delitos de recibir de manera gratuita asesoramiento, que consta de un abordaje interdisciplinario, asistiéndoselo desde el área social, jurídica y psicológica, pudiendo ser patrocinadas y/o representadas en el marco de las investigaciones judiciales que se lleven adelante por la comisión de delitos penales.
A tales efectos es fundamental el trabajo en equipo con los distintos profesionales del área y con las demás instituciones afines, teniendo en cuenta que esta labor colabora con la administración de justicia. Asimismo, se destaca que el CAJ cuenta con distintas sedes a lo largo de toda la provincia: Reconquista, Rosario, Tostado, Vera, Santa Fe, Rafaela y todas trabajan de manera coordinada e interrelacionada.