A pesar de la polémica por la fuerte suba de tarifas, en el Gobierno estiman que aún tienen margen para seguir recortando subsidios y encareciendo las boletas que reciben los usuarios de gas y electricidad, aún por encima del indicador de inflación promedio.
Así se desprende de un análisis realizado con datos oficiales del ministerio de Energía y publicado por Sebastián Galiani, secretario de Política Económica (que ya anunció su salida para agosto de la gestión Cambiemos), y Guillermo Cruces, asesor en el mismo Ministerio de Hacienda.
Incluyendo la tarifa social, los precios de la electricidad y el gas natural por red que pagan los usuarios siguen siendo «casi 25% menores a las que se pagaban en el año 2000, antes del congelamiento», sostienen los funcionarios.
Los funcionarios aseguran, en primer lugar, que la inflación acumuló un alza del 2.489 por ciento desde diciembre de 2000 hasta el mismo mes de 2017, con una fortísima aceleración (del 2.090 por ciento) a partir de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno.
«Hubo una distorsión de precios relativos por el congelamiento tarifario. Entre el 2000 y el 2015, el nivel general de precios se multiplicó casi por 15, mientras que las tarifas se multiplicaron por menos de un tercio (0,34)», dice el análisis.
Y señala que la «normalización tarifaria» que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri pretende cerrar esta brecha «de manera gradual», según publicaron Galiani y Cruces en «Foco Económico», un blog de economía y política.
En segundo lugar, los economistas indican que a lo largo de los últimos 18 años, en promedio un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires destinó al pago de gas y luz una proporción que varió entre 4,4 y 0,7% de sus ingresos.
En el año 2000 un hogar destina el 4,4% de sus ingresos al pago de energía eléctrica y gas natural; en 2015 el porcentaje cayó al 0,7%; en 2016 -ya con Macri en el Poder- subió al 1,5%; en 2017 escaló al 1,7%; y en 2018 llegó -al menos hasta abril- al 3,4%.
Según sostienen los economistas, «cabe esperar que esta proporción se reduzca a lo largo del año cuando se ajusten los salarios y otros ingresos percibidos por las familias».
«El congelamiento tarifario implicó necesidades cada vez mayores de subsidios al sector, grandes desincentivos a la inversión, patrones de consumo poco sustentables y aumento del déficit fiscal», aseguran Galiani y Cruces al defender la política tarifaria actual.
En relación con otros países de la región, la fracción del ingreso que un hogar argentino destinó en 2017 a pago de electricidad y gas es menor al porcentaje que destina un hogar de estrato medio en zonas vecinas de Sudamérica.
«De acuerdo con estudios recientes, en Brasil un hogar de ingresos medios destina el 5,4% de su gasto total al pago de servicios de gas y electricidad, en Perú, el 5,1%, y en Uruguay, el 9,7%», dicen Galiani y Cruces.
Además, los funcionarios indican que en 2018 solo el 40% más rico gastó en servicios una proporción de sus ingresos superior a la de los años previos al congelamiento y el 40% más pobre pagó una medida inferior a lo que solía pagarse antes de la distorsión de precios.
Por ello, concluyen que las nuevas tarifas representan un porcentaje mayor del ingreso de los hogares que en 2015, pero que todavía «se encuentra dentro de un rango esperable considerando los valores previos a los años del congelamiento tarifario».
«A su vez, se trata de un porcentaje que aún se encuentra por debajo de los observados en países comparables de la región. De esta forma, a través de un calendario previsible de aumentos, los hogares y los sectores productivos de la Argentina se están adecuando gradualmente a nuevas reglas de juego, que posibilitarán un mayor crecimiento económico acompañado de creación de empleos, y una mejora en los servicios para los usuarios», sostienen.
