Por unanimidad, Diputados le dio sanción definitiva a la norma que facilita el trasplante de órganos. El Senado la había aprobado en mayo.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio ayer sanción definitiva al proyecto de «ley Justina», que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.
El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro, de la ciudad de Buenos Aires, mientras aguardaba un trasplante de corazón.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del «donante presunto», ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza «la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos».
En el caso de los menores de edad, «se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente».
Un largo y emocionado aplauso coronó la lucha de la familia de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que murió, en noviembre pasado, a la espera de un trasplante de corazón. Por unanimidad, con 202 votos positivos, la Cámara de Diputados sancionó la llamada «ley Justina», la cual dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario.
El debate contó con la presencia de los padres de Justina, Ezequiel y Paola, promotores de la ley junto al senador Juan Carlos Marino (UCR).
Representantes de todos los bloques agradecieron su lucha y exaltaron que esta iniciativa cambiará el paradigma de la donación de órganos en nuestro país, y que por ello será un modelo para el resto de América latina.
Según las cifras del Incucai, hay 7736 personas que esperan un trasplante de órganos, de los cuales 250 son niños y adolescentes. Otras 2.961 personas están en lista de espera un trasplante de tejidos. Además, tres mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil personas están en diálisis.
La conmoción que provocó la muerte de Justina y la batalla que encararon luego sus padres por la sanción de una nueva ley aceleraron los tiempos legislativos. El 30 de mayo pasado -Día Nacional de Donación de Organos- tuvo media sanción en el Senado, por unanimidad. Ayer la Cámara de Diputados la convirtió en ley sin necesidad de debate previo en comisión, ya que el apoyo era unánime.
Esta nueva ley modificará la legislación actual sobre donación de órganos sancionada en 2005, la cual estableció la figura del «donante presunto». Aquella norma, si bien establecía que toda persona mayor de edad es donante de órganos, a su muerte la última palabra la tenían los familiares.
«Actualmente, para ser donantes, las personas deben manifestar su voluntad de donar sus órganos. Si una persona muere y no manifestó su voluntad de donar sus órganos se pregunta a sus familiares si sabía cuál era voluntad -explicó la diputada Gabriela Burgos (Cambiemos), presidenta de la Comisión de Legislación Penal- con esta ley serán donantes todas las personas mayores de edad. Los que no quieren ser donantes, podrán dejarlo expreso. Esta ley producirá un cambio de paradigma, ya que todos nos vamos a convertir en portadores para poder evitar una muerte por no recibir un órgano, un tejido o una célula». La ley establece explícitamente el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad tanto de los donantes como de los receptores. También, el derecho a la información y al trato equitativo e igualitario.
Uno de los pasajes más emotivos fue cuando el diputado Juan Pablo Kosiner, jefe del bloque de Argentina Federal, confesó que un hijo suyo, también llamado Juan Pablo, falleció en 2011 también por esperar en vano un trasplante de órganos. «Jamás me imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a estar aquí, votando esta ley», dijo. «¿Por qué esta ley es importante? Porque nadie tendrá derecho a interferir en la voluntad de ser donante de una persona, ni siquiera el familiar más cercano», explicó. La ley establece explícitamente el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad tanto de los donantes como de los receptores. También, el derecho a la información y al trato equitativo e igualitario. También se establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes operativos en curso. Otro de los aspectos importantes es que los hospitales públicos y privados deberán contar con servicios de procuración destinados a la donación de órganos y tejidos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante.
Asimismo, se incorpora la donación renal cruzada; se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial; y se suma un capítulo dedicado al abordaje del tema de la donación y trasplante de órganos en los medios de comunicación.
Por otra parte, la normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajado en conjunto con el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del Incucai y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina «hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes».
A su turno, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un «cambio de paradigma».
Por su parte, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del Incucai que indican que en la actualidad existen 7.738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41 por ciento de los argentinos son donantes.
