Iván Bordón quedó en libertad, tras una audiencia imputativa de seis horas en el MPA de Tostado. La jueza Cristina Fortunato desestimó el cargo de «asociación ilícita» que había pretendido imputarle la fiscal Sonia Bustos.
“Gracias compañeros”, dijo ayer Iván Bordón apenas salió en libertad a media tarde. Lo rodeaba una pequeña multitud de campesinos del norte, militantes y luchadores contra la injusticia que esperó -desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde- el resultado de una audiencia imputativa en el Ministerio Público de la Acusación, en Tostado. Era el alivio. El fin de una pesadilla de dos días y tres noches que pasó preso por orden de la fiscal Sonia Bustos, quien lo imputó por supuesta “resistencia a la autoridad” en un allanamiento a sus defendidos, los hermanos Clavero, el miércoles pasado, desempolvó viejas causas por el mismo cargo y lo acusó como jefe de una presunta “asociación ilícita”.
La banda era la organización de campesinos del norte de la provincia que resiste el despojo de sus tierras y que logró la sanción de la ley 13.334 que frena los desalojos compulsivos hasta 2020. A pesar del esfuerzo de Bustos y de dos querellantes –que representan a empresarios de la tierra-, la jueza Cristina Fortunato rechazó el pedido de prisión preventiva, desestimó la figura de “asociación ilícita” por falta de pruebas y ordenó la “inmediata libertad” de Bordón. En la calle lo esperaban los abrazos. “Hemos desbaratado la maniobra”, festejaron los abogados de Hijos Lucila Puyol y Guillermo Munné.
Bordón es un reconocido defensor de pequeños productores del norte desapoderados de sus tierras. El miércoles estaba en Tostado cuando le avisaron del segundo allanamiento a los Clavero, una de las familias que patrocina. Hace un año, Germán Clavero y sus sobrinos Abel y Roberto habían sido allanados a punta de pistola en su campo, en Gato Colorado, y atormentados por la Guardia Rural Los Pumas. Le prestaron una bicicleta y llegó hasta la casa. Dijo que era el abogado, quiso ver la orden de allanamiento y trató de controlar la legalidad del acto. Su quimera terminó con la cara aplastada en el suelo, golpes en la nuca y detenido por orden de Bustos. El médico Roberto Schmuck constató las secuelas de esa golpiza.
“Para justificar esa situación de la supuesta resistencia a la autoridad de Bordón en el operativo del miércoles, la fiscal Bustos desempolvó un montón de causas inactivas”, reveló Munné. Todas por el mismo cargo, de 2015, 2016 y 2017. “Fue muy notorio que habían buscado varios legajos para salvar lo que hicieron el miércoles, causas en las que no se hizo nada durante mucho tiempo, donde no era necesaria ninguna privación de libertad y en las que ahora había urgencia para detenerlo”. “Lo que quería Bustos era salvar lo que la policía hizo el miércoles. Otro atropello”, explicó.
En los procedimientos que violan la ley 13.334 que frena los desalojos de predios rurales, ante la protesta campesina, “el planteo jurídico es presentar eso como una resistencia a la autoridad”, siguió Munné. Eso intentaron hacer con Bordón. El cargo de “asociación ilícita” –añadió el letrado- es un intento de “criminalizar a una organización de campesinos que logró la sanción de la ley 13.334. No hay ‘resistencia a la autoridad’, cuando la autoridad se aparta de la ley vigente que prohíbe los desalojos. Bordón defiende a campesinos que otros abogados no quieren defender”.
“Iba a ser un atropello a un derecho tan importante como es el de defender los derechos”. Lo planteó Puyol en el debate, cuando recordó los ataques a los abogados defensores de los derechos humanos durante la dictadura, asesinados o desaparecidos. “No se puede decir que hay respeto por los derechos si no se pueden defender”, dijo.
