El gobierno nacional decidió eliminar ese beneficio. La secretaria de Energía de la provincia evaluó el impacto de la decisión.
El ahorro en subsidios del 0,5 por ciento del PBI que anunció ayer el gobierno nacional incluye la eliminación de la tarifa social eléctrica. «Eso generará un alto impacto en Santa Fe», dijo ayer la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese.
La funcionaria señaló que en la provincia «hay 350 mil usuarios de energía eléctrica con tarifa social, de los cuales unos 210 mil tienen tarifa social nacional solamente y el resto provincial».
«La medida afectaría a todos, pero más a ese tipo de usuarios con tarifa social nacional», dijo Geese para dimensionar el impacto de la medida, que según reveló, golpeará a todas los Estados subnacionales.
Por otra parte, aclaró que, a diferencia de lo que planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no se trata de a un «traspaso» de la tarifa social eléctrica a las provincias. «Es una eliminación, ya que no se pueden transferir obligaciones federales», dijo Geese.
Así también lo reafirmó el abogado constitucionalista Domingo Rondina, quien ayer precisó que «según el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución nacional no se puede haber transferencia ni de servicios, ni de competencias, ni de funciones, sin una ley del Congreso de la Nación y otra de cada Legislatura provincial aceptándolo».
Geese detalló que «para todas las provincias, la tarifa social significan como mínimo un 30 por ciento de la cantidad de usuarios de la energía eléctrica».
Con lo cual «el impacto va a ser grande, más allá de que en Santa Fe ya desde hace muchos años se estaba asumiendo parte de la tarifa social mejorada», dijo en referencia a un beneficio ampliado que existe en territorio provincial que incluye a beneficiarios de sectores más vulnerables y los que están abarcados por el plan Abre.
Geese señaló que aún no pudieron cuantificar el montos que representará para Santa Fe esta eliminación de subsidios. «Dependerá de las condiciones de la tarifa social y de la inflación», dijo.
«Esto representará que la Empresa Provincial de la Energía va a tener que pagar más por la facturación que recibe de Cammesa, que antes figuraba como tarifa social y ahora no será así», dijo Geese, quien además se lamentó por la «falta de consenso» en la toma de decisiones a nivel nacional.
«Esto es una muestra más de que la cuestión del desarrollo del interior se tiene muy poco en cuenta. Es una muestra más de la desfederalización o del unitarismo», dijo la funcionaria. «No se pueden pedir sacrificios a todos por igual, todos lo sabemos», agregó la funcionaria.
Audiencias
En el marco de estos anuncios, ayer más de 20 asociaciones de consumidores le solicitaron al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) que suspenda la audiencia pública prevista para hoy.
«No tenemos información disponible para analizar la magnitud del aumento y los planes del gobierno en materia de tarifas, y además en este contexto no puede haber nuevos subas», señaló el presidente del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), Juan Marcos Aviano.
«Las asociaciones que integramos la comisión de usuarios del Enargás hemos planteado lo inconveniente de llevar adelante esta audiencia. No se pusieron a consideración y disposición la información que las distribuidoras, las transportadoras y el propio Ministerio de Energía debían presentar para analizar», dijo Aviano.
Además, detalló que solo hay datos de las transportadoras Gas del Sur y Gas Fenosa, pero «no tenemos nada de cuáles son los aumentos que pretende Litoral Gas», agregó.
Aviano aclaró además que en los pocos documentos a los cuales pudieron acceder, «el aumento solicitado podría ser del 160 por ciento en promedio», dijo.
Y señaló que «en el actual contexto de crisis económica, con la devaluación y con un servicio de gas dolarizado en tarifas mayoristas, entendemos que debe ser suspendida la audiencia pública y todo nuevo incremento del servicio de gas natural por redes», detalló el titular de Cesyac.
