La poda que impulsa el gobierno nacional representa un 5 por ciento de su presupuesto actual.
Santa Fe perderá de mínima 8.000 millones de pesos en 2019 por el ajuste que comenzó a realizar Nación en junio de este año, lo que representa el 5 por ciento del presupuesto provincial de 2018. Ese número es mucho mayor aún si se computara la baja de la recaudación real provocada por la caída de la actividad que impacta directamente en los tributos atados a la economía.
Semejante contracción, a la que además se le suman la reducción de las transferencias corrientes y de capital desde la Nación y una poda en los gastos directos del gobierno nacional hacia la provincia, es un elemento clave para analizar a la hora de discutir el proyecto de presupuesto 2019 que la administración de Cambiemos elevó al Congreso, por el nivel de vulnerabilidad en la que quedan las cuentas provinciales frente a ese escenario.
Un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), que analiza los cambios en la relación fiscal entre la Nación y Santa Fe de cara al presupuesto nacional de 2019, muestra cómo en términos macroeconómicos «la devaluación del peso, la caída en la actividad económica y un aumento de la inflación, afectaron la recaudación» en el territorio. Pero además, desde el punto de vista político, destaca que la nueva relación fiscal entre la administración central y la provincias a través del pacto fiscal y las modificaciones impositivas, «afectaron» los ingresos de los Estados subnacionales.
Justamente el consenso fiscal que firmaron la mayoría de las provincias, entre ellas Santa Fe, acentuó la dependencia santafesina de los ingresos tributarios de la Nación. En el presupuesto de este año, el 53,8 por ciento de los recursos de la administración provincial fueron de «origen nacional y otras jurisdicciones», mientras que el resto correspondieron a ingresos propios.
«Durante los primeros 6 meses de 2018 los recursos tributarios de origen nacional crecieron 37,8 por ciento con respecto a igual período de 2017, mientras que los de origen provincial observaron un incremento del 26,6 por ciento», detalló el informe de Ceso dando cuenta de la fragilidad a la que quedó expuesta la provincia tras el pacto fiscal por la menor posibilidad de hacerse de recursos propios. Esta vulnerabilidad fue hija de las obligaciones generadas en el consenso fiscal, entre ellas la prohibición a las provincias de aumentar la presión impositiva contempladas en la ley 27.428 denominada «Régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno».
Pero además, al modificar el impuesto a las ganancias también se recortaron los ingresos coparticipables, pese a que se fijó un bono para distribuirse entre todas las administraciones.
Estos cambios en la relación fiscal entre la Nación y Santa Fe también involucran a las transferencias corrientes (erogaciones que no tienen contraprestación y no demandan reintegros), el segundo componente de recursos distribuido por la administración central a las provincias.
En el primer semestre de este año, Santa Fe recibió en total por este concepto 3.970,1 millones de pesos, un 21,9 por ciento más que en el mismo lapso de 2017. El rubro más importante fue el correspondiente a los subsidios al transporte (Sistau y el Fondo Compensador del precio del gasoil) con el mayor crecimiento en el semestre al alcanzar una suba de 61,2 por ciento en relación a igual período del año anterior.
Sin embargo, el anuncio del gobierno nacional de dejar de hacer frente a esos aportes deja a Santa Fe con un nuevo agujero fiscal. Según Ceso, «ambos subsidios sumaron $ 2.230 millones durante 2018 que a partir de ahora deberán aportarlo los santafesinos o bien ajustados».
El segundo rubro más importante de las transferencias corrientes de la Nación es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que creció un 14,6 por ciento mientras la inflación interanual del período fue de 29,47 por ciento según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), «lo que representó una reducción en términos reales», apuntó el informe.
El Fonid suma a $ 1.600 millones a las finanzas provinciales según el presupuesto de este año y el horizonte es bastante oscuro debido a que la Nación pretende congelar esta partida para los próximos años, tendiendo a su eliminación con el tiempo.
El tercer componente de los ingresos provenientes de la Nación corresponde a las transferencias de capital, que crecieron en total en el primer semestre de este año 63,3 por ciento respecto a igual período de 2017.
Pero es en este punto donde los cambios unilaterales que dispuso la Nación para hacer frente al abultado déficit y a la crisis que acarrea el gobierno de Macri, donde más se evidencia la vulnerabilidad a la que expone el gobierno nacional a las provincias.
El principal componente de las transferencias de capital es el fondo Fondo Federal Solidario o fondo sojero, cuyo reparto fue eliminado. Este es un caso claro de apropiación de recursos por parte de la Nación en desmedro de las administraciones provinciales, ya que este ingreso no se elimina sino además que se incrementa por el aumento de las retenciones que dispuso el gobierno de Cambiemos en los últimos meses.
Según datos de Ceso, entre enero y julio de este año, Santa Fe recibió unos $ 1.292 millones en concepto de fondo sojero, con una proyección para la provincia, municipios y comunas de $ 1.800 millones en todo 2018.
Sin embargo, por la compensación parcial que el gobierno les ofreció a las provincias ($ 4.125 millones que serán distribuidos en cuatro cuotas mensuales) Santa Fe recibirá aproximadamente $ 355 millones «lo cual representa menos de la mitad de la pérdida por la eliminación del fondo sojero», apuntó el Ceso.
El informe detalló que la compensación por el consenso fiscal, dispuesto por la Nación, se convirtió en la segunda partida más significativa de las transferencias de capital este año. Entre marzo y agosto de este año Santa Fe recibió $ 753 millones. También lo fueron las transferencias de capital recibidas por organismos descentralizados, compuesta por planes y programas destinados a políticas habitacionales, que se triplicaron, apuntó Ceso.
Obras paralizadas
A la hora de observar los gastos directos del gobierno nacional en la provincia se observa que dentro de los presupuestados por la Nación para ser ejecutados en Santa Fe, los referentes a obras de infraestructura se paralizaron en 2018.
«De los $ 5.261 millones presupuestados para construcción en obra pública durante este año el gobierno nacional planea ejecutar sólo $ 3.601 millones, lo que significa $1.660 millones menos. Es decir, tres de cada diez pesos que presupuestados en obras para la provincia de Santa Fe no serán aplicados», precisó el Ceso.
Pero además, «hasta ahora se ejecutó el 29,7 por ciento del nuevo y menor objetivo cuando ya transcurrió medio año», indicó Ceso y precisó que de un total de 128 obras, 37 sufrieron el ajuste.
El detalle muestra que hubo obras que se paralizaron por completo, como la puesta en valor y ampliación de la infraestructura edilicia del Ministerio Público Fiscal; la ruta segura RN 11 San Justo-Avellaneda; la construcción de autopistas, rutas seguras, rehabilitación, mantenimiento y operación de la RN 34 y 19, corredor 1; y lo propio en la ruta nacional 40, 7 y 20.
Por otra parte, Ceso indicó que «el mayor ajuste se produjo sobre la obra autopista ruta nacional Nº 33 Rufino, San Eduardo» que disminuyó su presupuesto en $1.059 millones. Por su parte, la «autopista ruta nacional Nº 34 Angélica, Sunchales», recibirá $ 581 millones menos de lo presupuestado. Además, en 2018 fueron presupuestados para la provincia de Santa Fe 21 jardines por un costo de $ 249 millones. Para junio, 11 proyectos habían visto recordado su presupuesto $ 38 millones, lo que representa un 15 por ciento del valor inicial.
«Si la actividad no crece lo suficiente para cumplir las metas de disminución del déficit, el recorte sobre la obra pública será aún mayor», concluyó el informe de Ceso.
