Al cierre de la Asamblea Anual del FMI y pese a la llegada a la Argentina de un nuevo auditor del organismo, la Jefatura de Gabinete y el ministro de Hacienda, autorizaron nuevas partidas que, de ejecutarse, elevarán el déficit fiscal previsto en unos $11.000 millones.
El Acuerdo II con el FMI parece haberse transformado antes de su firma por el directorio del organismo de crédito multilateral en «papel mojado». A dos meses y medio de finalizar un año muy complicado para la economía nacional, y por tanto para la sociedad en su conjunto, dos ministros con amplias facultades volvieron a firmar una norma que autoriza un incremento hiper millonario del gasto público de 2018 sin la correspondiente contrapartida plena de recursos que evite la posibilidad de crecimiento del déficit fiscal.
A través de la Decisión Administrativa 1.701 que publica el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recién llegado de su participación de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, donde volvió a cosechar elogios del Tesoro de los EEUU, dispusieron autorizaciones y reasignaciones de gastos del Gobierno nacional por unos $18.000 millones, pese a que pudieron sumar a sus previsiones ingresos superiores a los originalmente previstos en $7.000 millones.
Como es habitual en la Argentina, la elaboración del Presupuesto de cada año se estima sobre la base del anterior. También como es costumbre, se arrastran vicios del pasado, como la falta de previsión de gastos previsionales del sistema judicial y de las Fuerzas Armadas. Ahora también se agregan diversas partidas que en este caso parecieran tener vinculación con la necesidad de contar con el apoyo de las gobernaciones para la aprobación del exigente Presupuesto 2019, según se desprende de la DA 1.701.
A través de un Anexo con 192 folios, los técnicos de los ministros detallan las «necesidades de autorizaciones de gastos» para lo que resta del año, las cuales, según sumó Infobae, determinan que en caso de ejecutarse en plenitud y de cumplirse las previsiones de ingresos en un año que se muestra notablemente más recesivo que el proyectado originalmente, un incremento del déficit primario, esto es antes del pago de intereses, del orden de $11.000 millones.
Hasta agosto Hacienda ha informado que ha logrado un sobrecumplimiento de su meta de baja del rojo fiscal para el corriente año, gracias al invalorable aporte de recursos extraordinarios provenientes de utilidades del Banco Nación, la Anses, y de la venta de activos físicos del Estado Nacional, por el lado de los ingresos, y de la subejecución del plan de obras públicas, más allá de los avances en la mejora del sistema de contrataciones.
Pero parte de esa ingeniería, junto al creciente atraso en los pagos que mantienen algunos organismos y empresas del Estado, como el caso de Télam, vuelve a quedar en riesgo de no ser suficiente, porque al tiempo que se le pide un esfuerzo a la sociedad para superar la crisis, dos ministros autorizan aumentos de gastos por unos $18.000 millones.
Los rubros más destacados en esta oportunidad son:
* Desarrollo Energético Provincial, «Ministerio de Energía», hoy Secretaría de Estado dependiente de Hacienda, $6.806 millones;
* Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, por parte del Tesoro, $4.725 millones;
* Pasividades del Poder Judicial de la Nación $2.684 millones;
* Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, por parte del Ministerio del Interior y Obras Públicas $2.000 millones;
* Financiamiento de la Producción por parte del Ministerio a cargo de Dante Sica, $1.000 millones;
* Atención Pasividades de la Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, por parte del Ministerio de Seguridad, $371,2 millones.
Mientras que, por el contrario, se cortó la partida originalmente autorizada para el Ministerio de Transporte, en $1.510 millones, que habían sido aprobados para «Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo»; y en $453 millones al «Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social», pese a que hoy se la rebajó a la condición de Secretaría de Estado a cargo del Ministerio de Producción, que estaban pautados para el «Sistema Federal de Empleo», pese a que por la profunda recesión surgieron crecientes necesidades en esa materia.
En 192 folios que incluye la planilla anexa a la Decisión Administrativa 1.701 del viernes 12 de octubre, pero publicada en el Boletín Oficial de este martes 16, se redistribuyen partidas y se incrementan otras, con un nuevo resultado ampliamente negativo para el fisco, y para la sociedad en su conjunto, porque terminan financiándose o con más inflación, o más deuda, o una combinación de ambas, pero que derivan en un creciente costo financiero que se manifiesta en la suba del índice de Riesgo País a la zona de los 700 puntos básicos.
