La Bolsa de Comercio de Rosario hizo público su fastidio e impotencia por la manera «simple y expeditiva» con la que se planifica en el Estado Nacional la solución de los problemas de déficit fiscal.
El proyecto de ley de presupuesto nacional 2019 incluye otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de elevar la alícuota de derechos de exportación para los productos del complejo sojero hasta el 33% del valor imponible o precio oficial FOB, si lo considerara necesario. Esta facultad la podrá ejercer hasta el 31 de diciembre de 2020.
Según el mensaje de elevación del presupuesto, en la campaña 2018/19 se revertirá el efecto negativo de la sequía, que golpeó al agro en el ciclo anterior, y se incrementarán un 30% las exportaciones del complejo sojero, que aportarán 0,2 por ciento del PBI.
La Bolsa de Comercio de Rosario hizo público su fastidio e impotencia por la manera «simple y expeditiva» con la que se planifica en el Estado Nacional la solución de los problemas de déficit fiscal para no recurrir a la nefasta emisión monetaria: se incrementa la deuda pública o se sigue subiendo la presión impositiva sobre la actividad privada, y el pato de la boda –una vez más– será el sector agropecuario.
Pareciera no tomarse conciencia que la producción soporta ya una enorme carga tributaria total (nacional, provincial y comunal), que representa cerca del 45% de sus ingresos brutos.
En soja de primera, por ejemplo, un productor con campo propio en zona núcleo percibe un margen neto –luego de pagar todos los impuestos– que no alcanza a la mitad de la carga tributaria. Y en el norte la situación se agrava, el margen neto en campo propio equivale a la cuarta parte de los egresos fiscales.
Si, en cambio, lleva a cabo la explotación bajo arrendamiento en zona núcleo y con soja de primera, su margen neto –después de impuestos- es equivalente al 16% de toda la carga tributaria.
Y la presión fiscal aquí computada es solamente la visible en forma directa, ya que la cadena de producción y comercialización soporta además otros impuestos, como los que gravan los combustibles, el IVA sobre el valor añadido, impuesto a los ingresos brutos por la compra de insumos y otros bienes/servicios, derechos municipales y comunales, etc.
Por otra parte, el fisco no asume riesgos, ya que recauda sin importar el resultado de la actividad productiva. Basta recordar lo que sufrieron los productores en la campaña 2017/18 con la peor sequía de los últimos 50 años.
Mientras tanto, la administración pública en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles, incluyendo organismos autárquicos y empresas públicas, dirigentes políticos, funcionarios, empleados públicos, en relación de dependencia y contratados, asesores, continúan sosteniéndose merced al esfuerzo de un número cada vez más reducido de contribuyentes que ya no están en condiciones de soportar más cargas.
