Aguas Santafesinas S.A. había pedido un aumento del 69% para el próximo año. El Enress, manejado por el gobierno, decidió que el aumento sea en base a la inflación y el aumento de las paritarias.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) avaló la necesidad de ajustar la tarifa de Aguas Santafesinas (Assa), pero le puso límites al pedido de la empresa. El organismo de contralor recomendó que aplique una suba «gradual» para moderar el impacto en los usuarios. Y sugirió tener en cuenta como parámetros los incrementos paritarios, los reajustes jubilatorios y la inflación estimada para 2019, en torno al 25 por ciento. La firma había pedido un 69 por ciento de aumento para el año próximo
El dictamen del Ente surgió luego de las audiencias públicas realizadas en Rosario y Santa Fe.
Este pronunciamiento no es de carácter vinculante. Ahora la última palabra la tendrá el ministro de Infraestructura, José León Garibay, y el gobernador Miguel Lifschitz.
En otras oportunidades, la gobernación no acató con exactitud todas las recomendaciones del organismo regulador. La última vez, Garibay resolvió un aumento menor al pedido por Assa, pero dejó abierta la puerta a ajustes adicionales, que después terminó concediendo en base a la evolución de las variables macroeconómicas.
En la Casa Gris no descartan aplicar un esquema similar para los primeros bimestres de 2019, un año atravesado por las contiendas electorales donde toda suba de tarifa puede tener impacto político para el oficialismo de turno.
Además, por estos días la Secretaría de Energía debe definir la magnitud de la suba de la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que solicitó un incremento del 26,7 por ciento para el primer tramo del año próximo.
En esos meses subirá además el impuesto inmobiliario en torno al 30 por ciento, si Diputados convalida la media sanción del Senado provincial.
La extensa resolución 1.048 del Ente contiene numerosos párrafos vinculados a la crítica situación económica que atraviesa el país y el fortísimo impacto que ha tenido la devaluación y la inflación tanto para la empresa como para los consumidores, en especial.
Y si bien no propone un porcentaje taxativo de aumento tarifario, sugiere límites en base a la gradualidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, en sintonía con criterios que fijó años atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación al frenar el tarifazo del gas que promovía el gobierno de Mauricio Macri.
«La evaluación de la gradualidad y de la razonabilidad de los aumentos tarifarios sólo puede efectuarse considerando al usuario como sujeto único que debe afrontar con sus ingresos la actualización de todos los servicios públicos y los precios de la economía en general», señala el Ente en los considerandos del dictamen.
Luego advierte que si se compara «el pedido de revisión tarifaria de la prestadora con las previsiones de subas de los ingresos de los trabajadores y del personal pasivo para el mismo período, se advierte una clara desproporción, con independencia de las variaciones en la economía, principalmente en el tipo de cambio y la inflación».
En ese marco, el Ente propuso «vincular el aumento de las tarifas de servicios públicos directamente con los aumentos previstos para los trabajadores en los acuerdos paritarios, reajustes de haberes previsionales y estimaciones del costo de vida».
Al respecto, la proyección de inflación aprobada en el presupuesto nacional 2019 gira en torno al 23,8 por ciento. Este indicador fue tomado por el representante de la oposición en el directorio para estimar cuál debería ser el tope de esa proporcionalidad (ver aparte).
Para el órgano de contralor, el vínculo sugerido con salarios, jubilaciones e inflación «garantiza los principios de racionalidad y proporcionalidad. De otro modo podría tener un impacto negativo en la cobrabilidad y generar perjuicios en la continuidad y calidad del servicio».
Los directores del Enress reiteraron la necesidad de que se implemente una nueva estructura tarifaria y otro marco regulatorio para Assa.
Y se encomienda profundizar el sistema de micromedición para que los usuarios paguen por el agua efectivamente consumida y no por las dimensiones de la propiedad.
