Se trata de una parte del DNU acordado con sindicalistas y empresarios hace dos meses para abrir mesas de diálogo en la que también se negoció el bono de fin de año.
Hace dos meses, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar el bono de 5 mil pesos que incluyó un mecanismo para frenar los despidos, pero esta segunda parte quedó en desuso por falta de reglamentación por parte del Ministerio de Producción y Trabajo.
La caída de su implementación impidió el emplazamiento de mesas de negociación con empresas y sindicatos a fin de hallar alternativas a las cesantías.
De acuerdo con lo que escribió Mariano Martín en ámbito.com, desde la cartera que encabeza Dante Sica llegaron a enviarles a gremios y cámaras empresarias un borrador de reglamentación antes de fin de año, pero finalmente la normativa quedó en el olvido.
“El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, criticó el cotitular de la CGT Héctor Daer, quien fue uno de los responsables de las tratativas por el DNU con el Gobierno y las cámaras patronales.
“Ninguno de los especialistas y dirigentes consultados dijo tener dato alguno de una convocatoria de Producción y Trabajo a rediscutir un despido bajo el amparo de la normativa”, agregó la nota.
Aquel decreto publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre, estableció que “los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva”.
De este modo, la cartera quedó facultada “de oficio o a petición de parte a convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (durante el plazo de diez días) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.
El espíritu del decreto era abrir una herramienta de diálogo previa al despido en medio de un proceso recesivo que sólo en el primer semestre de 2018 había destruido 106 mil puestos de trabajo.
En ámbito.com recordaron que el decreto “intentaba además cubrir un bache normativo respecto de las cesantías individuales dado que para los despidos masivos la legislación vigente contempla la obligación para las empresas de solicitar antes la apertura de un procedimiento preventivo de crisis”.
En ese sentido indicó que dicha herramienta “también cayó en desuso en casos recientes como el cierre de Cofco, en Valentín Alsina o los despidos en Télam o en Deutz”.
“El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del Gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias”, afirmó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte.
