El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, firmó la resolución con la que se deja sin efecto polémicos nombramientos.
El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, derogó ayer la resolución Nº 23 dictada en el marco del proceso de traspaso (regulado por ley provincial) del personal de los poderes del Estado santafesino al Organismo de Investigaciones.
En la nueva resolución, el titular del MPA expresó que «lo dispuesto por la ley ha presentado ciertas cuestiones críticas que se pusieron de manifiesto en su implementación y ameritan un análisis más específico en el proceso de traspaso».
El documento también sostuvo que contra la polémica resolución «el Sindicato de Trabajadores Judiciales interpuso un recurso de reconsideración, solicitando que la misma quede sin efecto».
Recordó que —en ese sentido— se expidieron cuatro fiscales regionales en la junta realizada el miércoles pasado en Rosario.
La nueva resolución también señala que «razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y de buena administración y planificación estratégica de la organización, aconsejan dejar sin efecto» la controvertida medida.
«En función de ello, y a los fines de dotar al Organismo de Investigaciones de personal con competencias específicas y adecuadas que permitan profesionalizar y hacer realidad sus labores (aspectos centrales para garantizar su funcionamiento), surge necesario elaborar un proyecto de ley que regule el proceso de incorporación de los recursos mencionados», concluyó el texto.
Paralelamente, en medio de una campaña que eleva su temperatura, la oposición hizo del Concejo Municipal caja de resonancia de la polémica por los ahora frenados ingresos al organismo.
