El titular del Juzgado Federal de Rafaela, Miguel Abásolo, remitió las actuaciones al Colegio de Jueces de San Cristóbal para que la búsqueda del paradero del niño se lleve a cabo en la Justicia provincial. El domingo vence el plazo de prisión preventiva para la abuela del menor y su pareja.
El juez federal de la ciudad de Rafaela, Miguel Abásolo, se declaró incompetente en la causa que investiga en su fuero la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño oriundo de Ceres que se encuentra desaparecido desde el 21 de diciembre del 2015. La resolución fue resuelta durante la feria judicial y remitió la investigación al Colegio de Jueces de primera instancia de la ciudad de San Cristóbal, organismo judicial donde se originó la investigación.
El dictamen judicial, resuelto el pasado 16 de julio, invitó al juez de la Justicia provincial que reciba la causa a que en caso de que no comparta la decisión tomada, eleve nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima nuevamente el nuevo planteo de incompetencia.
El magistrado además informó al Colegio de Jueces de San Cristóbal que el próximo 28 de julio vence la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados que tiene el caso, Patricia Sayago -abuela del niño desaparecido- y quien era su pareja al momento de la detención, Ariel Reinaldo Malagueño. Ambos permanecen detenidos desde el 1 de agosto del 2016, cuando fueron detenidos por orden de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Emilce Fissore que inició la investigación apenas fue denunciado el caso.
El caso lleva más de dos años y medio tramitándose tanto en la Justicia provincial como así también en el fuero federal y a pesar de ello no logró ningún tipo de avance en torno al paradero del pequeño Sosa, que al momento de su desaparición se encontraba al cuidado de su abuela actualmente imputada en la causa.
Incompetencias
Los planteos de incompetencia judicial que rondan al caso de Máxi Sosa comenzaron cuando la fiscal de Fissore se declaró incompetente para poder continuar con la investigación por “falta de jurisdicción provincial” y por ello solicitó el 2 de diciembre del 2016, que el caso siga tramitándose en la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Federico Grimm y en el Juzgado a cargo de Abásolo.
El recurso de la fiscal fue presentado ante el juez provincial, Hugo Tallarico, quien el 23 de marzo del 2017, rechazó el planteo de la funcionaria judicial. Como consecuencia de ello, Fissore apeló la medida judicial y recurrió a la Cámara de Apelaciones de Rafaela, donde un juez de alzada hizo lugar al planteo por lo que las actuaciones del caso pasaron a la órbita federal y a la Policía Federal Argentina (PFA).
Ante la negativa de la Justicia federal de hacerse cargo de la investigación, tras entender que no había elementos que determinen haya existido el delito de trata de personas, el conflicto de competencia jurisdiccional debió ser resuelto por un Superior común que tenían ambos fueros, es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 27 de febrero del 2018, el máximo tribunal resolvió que la causa pase a la Justicia federal rafaelina tras entender que ese fuero no puede rechazar ni declinar la competencia sin antes realizar las “medidas necesarias para establecer si se configuró o no ese delito”. Un año después de aquella resolución, el juez Abásolo declaró la incompetencia y volvió a remitir las actuaciones a la Justicia provincial.
Un rostro y una importante recompensa
Durante la investigación y como medida complementaria a la detención de la abuela del niño y su pareja, el Ministerio de Seguridad de la Nación otorgó una recompensa de un millón de pesos a quienes colaboraran con el paradero de Maximiliano Sosa.
Por otro lado, el 9 de mayo del 2018, el propio ministerio reconstruyó el perfil del niño desaparecido mediante un “retrato progresivo”. Dicha reconstrucción fue realizada por la División Criminal de la Policía Federal Argentina que buscó determinar de manera morfológica como se encontraba el menor desaparecido en la actualidad.
Un misterio
La llamativa desaparición de Maxi Sosa se dio el 21 de diciembre del 2015, cuando el menor de 3 años se encontraba en su casa del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Ceres. Era la siesta y según contaron en su momento los familiares, el niño estaba junto a su tía la cual dormía la siesta ya que su abuela había ido a visitar a su hija -la madre de Maxi- la cual se encontraba internada.
Cuando Sayago regresó no encontró al niño y se inició una búsqueda cuya trascendencia fue de impacto nacional. El caso fue abordado por la Agencia de Trata de Personas, dependiente del ministerio de Seguridad y después de un año dio un giro inesperado tras la detención de la abuela del niño y su pareja en el marco de once allanamientos ejectudos por los investigadores.
Los mismos quedaron a disposición de la fiscal Fissore, el 29 de julio del 2016, quien le atribuyó a ambos haber sustraído a Maxi Sosa sin el consentimiento de su madre y luego retuvieron y ocultaron para desplazarlo a un destino incierto que aún logró ser definido por los investigadores.
La última medida procesal que llevó a cabo la Justicia federal se llevó a cabo el 11 de enero de este año, cuando el juez federal Abásolo ordenó tres allanamientos y convocó a los agentes de la Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Sección Perros de la Unidad Regional II pero los resultados fueron todos negativos, en el marco de la hipótesis de que el menor había sido enterrado en el patio de su casa.
