A través del Decreto 3070 se garantiza la apertura de datos públicos y se establecen contenidos mínimos, plazos de actualización y reparticiones responsables.
El gobernador Miguel Lifschitz promulgó el Decreto 3070/2019 sobre datos abiertos, que complementa al Decreto 692/2009, el cual regula el acceso a la información pública.
La normativa surge a partir de las recomendaciones sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Reporte de Gobierno Abierto de la provincia de Santa Fe. Una de sus principales propuestas apunta a fortalecer los marcos normativos para institucionalizar prácticas de Gobierno Abierto. Al mismo tiempo, reconoce los esfuerzos y avances de la provincia en materia de transparencia de la gestión pública.
Este Decreto pretende ser una herramienta que establece los datos públicos y contenidos mínimos que deben estar disponibles para toda la ciudadanía en el portal oficial www.santafe.gob.ar/
También, crea la Mesa provincial de diálogo de datos abiertos, coordinada por la subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, que será la autoridad de aplicación del programa. La misma estará integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en transparencia, participación ciudadana y/o apertura de datos.
POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS
En el ejercicio de la transparencia activa, el gobierno de la provincia de Santa Fe pone a disposición datos públicos que se pueden consultar y descargar gratuitamente en el portal www.santafe.gob.ar/
ANTECEDENTES
En 2009, la provincia puso en funcionamiento el primer Sistema de acceso a la información pública, establecido mediante el Decreto 692/09 que sentó las bases normativas para comenzar un trabajo sostenido hasta el día de hoy mediante un ecosistema de políticas e iniciativas en pos de la calidad institucional.
El Decreto establece que la autoridad de aplicación es la dirección provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que además articula una Unidad de enlace en cada uno de los ministerios para garantizar respuestas gratuitas y accesibles a los pedidos de acceso a la información pública, y avanza en algunas políticas de transparencia activa.
A principios de 2016, la gestión de Miguel Lifschitz fue la primera en crear una dirección provincial de Gobierno Abierto con el objetivo de tener una agenda activa y permanente en esta temática. En el mismo año, el gobernador envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para que la transparencia alcance a todos los poderes del Estado y a las empresas públicas, pero a pesar de haber conseguido media sanción en la Cámara de Diputados, no fue aprobado en el Senado.
