Son iniciativas de los legisladores y varias son del ámbito educativo.
El gobernador Omar Perotti firmó una decena de vetos a las casi 70 leyes sancionadas en la última semana de noviembre por la anterior composición de la Legislatura y esas observaciones -ya comunicadas a las Cámaras- están siendo publicadas esta semana en el Boletín Oficial de la provincia. La mayoría son leyes aprobadas sobre tablas en la última sesión de noviembre último tanto de Diputados como en Senado y fue en el marco del llamado “clearing” entre los propios legisladores, instancia típica de los fines de año legislativo.
No es la primera vez que un gobernador aplica la facultad constitucional ante el jolgorio legislativo de fin de año. En este caso, la decisión fue tomada por un mandatario con respecto a normas dictadas en otro período constitucional. Además ninguna de las observaciones fue habilitada para ser tratadas en Extraordinarias por lo que recién durante mayo podrá ser revisada la decisión.
Entre los vetos se destacan además la creación de escuelas y de figuras que obligaban a la generación de nuevos cargos en el ámbito del Estado santafesino.
Un resumen de los principales temas observados es el siguiente:
* Creación de la figura de Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes para Rosario y para Santa Fe que propició el senador Guillermo Cornaglia (PJ – Belgrano). Señala el Ejecutivo en su veto que el cargo de Defensor es unipersonal y advierte que duplicar la función desvirtuaría la labor del ombudsman, “cuestión a la que el proyecto sancionado parecería apuntar”.
* Creación del Instituto Terciario de Tecnicaturas Superiores y Profesorado para la ciudad de Firmat (diputado Gabriel Real ). Entiende el Ejecutivo que “aún no están dadas las condiciones de análisis de viabilidad en cuanto a necesidad pedagógica y social”. Más adelante señala que la competencia de creación y localización de institutos es facultad del Ministerio de Educación. Sobre el tema, el diputado Real mantuvo una reunión con la ministra Adriana Cantero para analizar la situación educativa de esa ciudad.
* La contratación preferencial por parte del Estado de servicios ofrecidos por las universidades nacionales radicadas en territorio santafesino (diputado Sergio Más Varela): Se expresa que la redacción de la norma violenta las premisas a las que deben ajustarse las contrataciones, advirtiendo que además podrían implicar una mayor erogación de recursos para las arcas estatales.
* Manual de Buenas Prácticas en el Agua (senador Germán Giacomino): Se señala que la facultad está reservada al Estado Nacional y prohibida para las provincias.
* Expropiación del ingenio Las Toscas: Se afirma que la norma “no se ajusta al ordenamiento jurídico que rige el sistema expropiatorio en la provincia” que establece que “para la expropiación temporal de bienes inmuebles debe existir un pedido formal de trabajadores de la fallida, o de los trabajadores que tengan créditos laborales verificados respecto de la empresa fallida, quienes deberán constituirse como cooperativas a los fines de la continuidad de la explotación, bajo su responsabilidad, y asumir continuar con la misma actividad del establecimiento que se trate”. Se aclara que tampoco fue presentado el programa de explotación del establecimiento y la ley especifica que se deben destinar a cooperativas de trabajo y no a un ente territorial como la Municipalidad de Las Toscas, según previó el proyecto.
* Juzgado de Familia para Tostado (senador Raúl Gramajo): Se dice que debería tener un previo análisis y consenso con el Poder Ejecutivo para evaluar y posibilitar el financiamiento.
* Construcción del edificio del jardín de Infantes 220 “Rosa Juana Bocco” de San Justo (senador Rodrigo Borla): dice que falta análisis previo para el financiamiento.
* Creación de escuela de Nivel Inicial y Primaria en Gobernador Crespo (senador Borla): también se aduce falta de análisis previo y se estima conveniente que la nueva gestión analice su factibilidad.
* Obligatoriedad de la enseñanza de folklore en las escuelas (diputada Claudia Giaccone). También el Ejecutivo entiende que las nuevas autoridades deben entender sobre la factibilidad de la materia.
Fuente : El Litoral.
