En un comunicado, la compañía plantea que sólo un pequeño grupo de acreedores presentó medidas cautelares y afirma que inició conversaciones con los bancos para reperfilar la deuda.
En un mercado plagado de versiones sobre el futuro de la empresa, el directorio del Grupo Vicentín publicó un nuevo comunicado en el que asegura que el plan de pago que hizo circular la empresa hace diez días “cosechó un gran número de adhesiones”.
“Nos encontramos trabajando en la instrumentación de los acuerdos individuales, como así también en la concertación de reuniones para conciliar y aclarar aspectos de la misma”, señala el comunicado.
Esta semana, luego de la feria judicial, en los tribunales santafesinos 11 empresas corredoras y acopios presentaron medidas cautelares contra Vicentín para intentar cobrar la deuda. En la lista figuran firmas como BLD, Agro Giorgi, Willgan, Rauten y Pincen, entre otras.
Desde Vicentín plantean que el principal impacto de estas medidas cautelares -“que interpusieron solo unos pocos acreedores comerciales”, según la firma- es que no permitieron poner en marcha las plantas que Vicentín tiene en el Gran Rosario y que tenían programados trabajos de molienda.
En el comunicado también se hace foco en la deuda bancaria, la porción más importante de los 1.300 millones de dólares que se estima debe la compañía. “Hemos iniciado las conversaciones con el Banco Nación para estructurar una propuesta aceptable para dicho banco y para todos los bancos oficiales”, se explica. El paso siguiente será avanzar con las negociaciones con los bancos privado.
La aclaración de Vicentín llega en un momento en el que el mercado está saturado de versiones de que la firma planea presentar la convocatoria de acreedores, un punto que hasta ahora viene siendo desmentido por los directivos, tanto en este comunicado como en la reunión que tuvieron con acreedores hace 20 días en la ciudad de Santa Fe.
“Más allá del actual contexto en el que observamos manifestaciones falaces en ciertos medios de comunicación -dice el comunicado- que denotan una clara intencionalidad de perjudicar a la compañía, es nuestra voluntad y nuestra obligación, arbitrar todos los medios que estén a nuestro alcance para proteger los activos de la empresa y a nuestro personal”.
