Una acopiadora se declaró en cesación de pagos. Esto puso en guardia a los demás proveedores. Y se espera un aluvión de presentaciones judiciales.
Fuente: Ambito.com- Yanina Otero
A última hora del viernes pasado se conoció que la firma corredora y acopiadora de granos GYT Plus (Guardati Torti), uno de los acreedores de Vicentin que fue afectado por su default anunciado en diciembre pasado, se declaró a su vez en cesación de pagos. De esta manera, se confirmó el inevitable efecto dominó generado por la crisis financiera de una de las agroindustriales más importantes de la Argentina.
Mientras tanto, Vicentin continúa sin avanzar en una solución concreta a su default y en el sector granario muchos se preguntan cuál será la próxima empresa afectada por la falta de pago de la procesadora y exportadora de granos santafesina.
Hasta el momento más de 10 firmas acopiadoras hicieron presentaciones en la Justicia comercial solicitando el embargo de bienes de Vicentin, otra, en cambio fue más allá y directamente le pidió la quiebra. Ahora, con el default declarado del corre acopio GYT Plus las luces de alarma se encendieron para aquellos que hasta el momento no habían recurrido a la Justicia y se espera un aluvión de presentaciones judiciales en los próximos días.
Lo cierto es que todas las empresas afectadas, ante la imposibilidad de cerrar un plan de pagos por fuera de la Justicia, quieren ponerse a cubierto porque el “estrés financiero” anunciado por la aceitera lógicamente se está haciendo sentir en su operatoria diaria. Se calcula que en total Vicentin debe alrededor de u$s350 millones a productores, acopios, corredoras y cooperativas a los que les compró granos.
En paralelo, el Banco Nación, el Ciudad y el BICE estarían elaborando una estrategia en conjunto para sentarse a negociar con la empresa agroindustrial que les debe en total, solo a estas tres entidades, $18.900 millones. El plan incluye el nombramiento de un asesor financiero que será el encargado de poner bajo la lupa las alternativas de reestructuración que pretenda la compañía.
Por lo pronto, quedó descartada la posibilidad de estatización de Vicentin por parte del Estado, pero también las entidades públicas reconocen que no están en condiciones de concretar una fuerte quita de deuda a la empresa que tiene una deuda bancaria superior a los $23.000 millones.
Todavía más dura sería la postura que tomaría la banca privada, entre las que se destacan entidades acreedoras como el Banco Macro y el Hipotecario, porque en la práctica hoy Vicentin tiene todos los caminos cortados. Es decir, sus dos plantas de procesamiento están paradas, sigue pagando el sueldo a sus empleados pero no recibe materia prima para volver a procesar e incluso se cayó la posibilidad de operar para terceros ante las demandas judiciales presentadas por un grupo de sus acreedores en la justicia.
Entonces, el futuro de la empresa es incierto y eso no plantea el mejor escenario para que las entidades acreedores le concreten una quita de deuda importante o una mejora en los plazos de pagos.
Queda todavía latente la posibilidad de que los dueños de Vicentin vendan una parte o toda la empresa para pagar deudas y salir de este embrollo financiero.
Pero esta alternativa sigue sin aparecer a la vista y mientras los tiempos se siguen dilatando todos los analistas coinciden en que Vicentin deberá presentarse irremediablemente en un concurso de acreedores.
