Se dispuso el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en dólares bajo ley nacional hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Gobierno decidió postergar para 2021 los pagos de unos u$s9.800 millones correspondientes a la deuda emitida en dólares bajo legislación argentina, lo que en la práctica constituyo un default técnico porque implica un cambio en las condiciones bajo los que fueron emitidos los títulos.
La decisión se conocerá mediante la publicación del decreto que establece las condiciones de la decisión, en medio de la negociación de la deuda con los acreedores privados de la deuda bajo ley extranjera. En este marco, la decisión adoptada por Alberto Fernández es arriesgada, aunque entendible en el cambio de reglas de juego que supone la pandemia del coronavirus.
Al quedar postergados todos los pagos de la deuda en dólares emitidos bajo la legislación nacional, el primor en no efectuarse será el vencimiento del Bonar 24 que debía liquidarse el 7 de mayo próximo, y que, para el mercado, significaba el faro donde el gobierno mostraría a si quería o no entrar en default.
De esta forma el Gobierno logra liberar los pagos de dólares locales, que no son susceptibles de juicios, a la espera de renegociar los vencimientos internacionales. En total se postergarán pagos por unos u$s9.800 millones, y quedarían sólo por liquidar unos u$s3.500 de títulos en moneda extranjera emitidos bajo legislación internacional.
Los mercados darán este lunes su opinión y veredicto, pero se anticipa que no será un día fácil para el mercado local. Se sabrá también con los días si la estrategia oficial incluye el diálogo con los acreedores externos y la posibilidad de dar ventajas a las operaciones en bonos en pesos
En los considerandos, el decreto sostiene que hay “severas condiciones económicas y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar la dramática crisis económica y social que enfrenta nuestro país”.
En el decreto, el Gobierno asegura que “resolver la situación de actual inconsistencia macroeconómica requiere de políticas de deuda como parte de un programa integral a los efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible”.
