Este viernes no sólo vence el período fijado para acordar con los acreedores, sino también los 30 días de gracia para pagar USD 503 millones de intereses de los bonos globales. Por lo tanto, habrá incumplido sus compromisos con los acreedores
El Gobierno decidió no pagar mañana el vencimiento de la deuda de USD 503 millones y prorrogar hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas, según informaron fuentes oficiales a Infobae.
Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó entrever que el plazo para la negociación con los acreedores privados se extendería más allá de este viernes 22, también tenía claro que no se pagaría el vencimiento de USD 503 millones de los intereses de tres bonos globales.
Mañana no sólo vence el período dispuesto para negociar, que será postergado por diez días, sino que también es el deadline para que la Argentina no entre en default. Pero este pago no se hará y el país ingresará técnicamente en cesación de pagos, aunque en poco tiempo esta decisión pueda ser enmendada.
“No se va a pagar; porque este vencimiento se incluye dentro de los acuerdos de reestructuración que están en marcha. Por lo tanto, no sería un default declarado, sino algo suave y conversado entre las partes”, dejaron trascender fuentes oficiales.
El integrante del Comité de Acreedores, y miembro del fondo Greylock, Hans Humes, señaló hoy en una conferencia virtual organizada por el Wilson Center que no era probable que se llegue a un acuerdo antes del 22 y que, aunque el país estará en mora si no paga, “hay un deseo de resolver las negociaciones”. Estas declaraciones demostraron que la decisión de no cumplir con el pago está completamente consensuada con los bonistas y que el objetivo es llegar a un acuerdo en el corto plazo.
No habrá una declaración de default por parte del Gobierno, sino que los acreedores recibirán una notificación la semana próxima de que la Argentina incumplió. Será el martes 26, ya que el lunes es feriado. “Puede haber una notificación del trustee de los bonos a los tenedores avisando del incumplimiento en el pago dentro de los plazos previstos en el prospecto del título. Es el mismo procedimiento que se siguió en el caso de la provincia de Buenos Aires”, dijeron en el Gobierno, dando a entender cuál será el procedimiento.
“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó el presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero. Remarcó además que no someterá a la Argentina a nuevos compromisos que no se puedan cumplir.
Los tres comités de bonistas (Ad Hoc; el Comité de Acreedores, y el Argentina Exchange Bondholders) presentaron sus propuestas el viernes pasado a última hora y, en líneas generales, todas representan un valor presente neto de la oferta de entre 58 y 60 centavos por dólar nominal. La más agresiva fue la del primer grupo, que comanda el gigante Blackrock, pero en las últimas horas trascendió que estaría bajando las pretensiones y buscando adhesiones entre el resto de los fondos para aceptar una reducción del valor a 50 a 55 centavos por dólar.
Desde la cartera económica aseguraron que tras la decisión de prorrogar el plazo de la negociación por diez días, tal como adelantó Infobae, durante la semana próxima seguirán buscando acercar posiciones. “Hay una distancia que se busca ir acortando para poder negociar sobre bases de más cercanía”, resumió una fuente oficial, dando a entender que aún la brecha es amplia, aunque mejoró la relación con los acreedores.
El mensaje de Guzmán de las últimas semanas estuvo focalizado en la flexibilidad y en la disposición del Gobierno a negociar, pero sobre la base de un criterio de sustentabilidad, avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunas fuentes oficiales aseguran que no hay mucho margen para cumplir con esos parámetros, pero en el mercado creen que un valor razonable para cerrar la oferta ronda los 52 centavos por dólar.
Aunque presentaron propuestas diversas –cada una en función de los distintos intereses que representan–, los tres grupos de acreedores están en diálogo permanente entre ellos, pero no está claro que decidan presentar una nueva propuesta conjunta. Ahora esperan que se mueva el Gobierno.
