El fiscal Rivarola pactó con las defensas de ellos un juicio abreviado con un cambio de calificación
Este miércoles por la mañana, se conoció que el fiscal Fernando Rivarola avanzó en el cierre de la causa por la violación en grupo denunciada en Chubut por una joven el año pasado. Tres de los seis jóvenes acusados acordaron un juicio abreviado mediante sus defensas, lo que implica una aceptación de culpa y una pena más leve. La víctima aceptó el acuerdo, algo requerido por ley. Fuentes judiciales en Chubut aseguraron a Infobae que la víctima “no desea afrontar un juicio”.
La calificación al comienzo del caso fue de abuso con acceso carnal, lo que haría imposible un juicio abreviado. La calificación cambió a abuso simple. Siete años después, no hubo pruebas suficientes para sustentar una acusación de violación. El juicio abreviado, por otra parte, garantiza una condena. Dos de los acusados fueron sobreseídos al ser menores de edad al momento del ataque, también con escasas pruebas en su contra, a pesar de más de 60 testimonios en la causa.
Al inicio del caso, la víctima visibilizó su relato:
“Fue el 17 de septiembre de 2012, tenía 16 años y fue en Playa Unión”, comenzó el texto que la víctima publicó en redes sociales, motorizado por la agrupación feminista local Las Magdalenas.
En mayúscula la carta concluye: “NO TENGO MIEDO, NO ME CALLO MÁS”. Los acusados estaban con nombre y apellido.
La acusación se volvió viral. El hashtag “#lamanadadeChubut” se propagó. El fiscal general de Rawson Fernando Rivarola inició la investigación de oficio e instó a la joven a que realizara la denuncia que luego fue investigada por la fiscal María Florencia Gómez.
Así, solicitaron la apertura formal de la investigación luego de recabar pruebas durante seis meses. En ese proceso, recogieron las declaraciones de más de 60 testigos que avalaron la declaración de la joven. En la audiencia de imputación del caso, un colectivo feminista junto a familiares, amigos y organizaciones sociales autoconvocadas se presentó frente a la fiscalía: desplegaron pancartas con consignas como “el silencio es complicidad”, “la manada es el sistema”, “ya no nos callamos más” y “tu apellido no te salva”.
En sus casas, los acusados recibieron carteles de repudio.
La denuncia original del caso, motorizada en redes sociales.
La joven contó en su publicación que tuvo un intento de suicidio cuando volvió a Puerto Madryn de sus vacaciones, que desde el entorno de los acusados quisieron supuestamente convencerla para que no denunciara el hecho y que a causa del hostigamiento tuvo que mudarse a otra ciudad, «como si hubiera sido responsable de la situación».
“Desde ese momento que estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico, y gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional y por ello sigo tratada”, cerró.
El hecho fue calificado como “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.
Hoy, con otra calificación, tres de los acusados enfrentarán el juicio abreviado si el magistrado del expediente homologa el acuerdo.
Los acusados que llegaron al juicio abreviado, uno por uno
Luciano Mallemaci: uno de los cuatro hombres que la presunta víctima señala como uno de los abusadores. Mallemaci tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.
Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz, es otro de los apuntados por la joven de haber abusado de ella. Al momento del hecho era mayor de edad y actualmente tiene 29 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Residía al momento de la denuncia en la ciudad de Buenos Aires.
Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años y era mayor de edad cuando, según lo denunciado, abusó de la presunta víctima. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.
T.S, uno de los acusados sobreseídos al ser menores al momento del hecho, nacido y crecido en Gaiman, provincia de Chubut, residía en Miami donde manejaba la compañía Patagonian Sea. Fue inhabilitado a salir del país. La joven lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de un poderoso empresario de la pesca. Cerca de T.S dicen que las pruebas en su contra eran sumamente endebles.
El sexto acusado no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.
FUENTE: Infobae.com
