Una resolución firmada por un conjuez, ordena al Estado pagar 22 millones de dólares a los abogados de la empresa hoy intervenida. Las sospechas que plantea el magistrado.
Horas antes de la cumbre entre Alberto Fernández y los directivos de Vicentin, la empresa agroexportadora intervenida por el Gobierno, surgió un hecho sorpresivo: un conjuez de Reconquista firmó un fallo que ordena al Estado pagar 22 millones de dólares a los abogados de la compañía, por un caso de 2009 que no tenía movimientos procesales desde 2017.
Tras la investigación de NOTICIAS, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se refirió al hecho. Según el magistrado, él no intervino porque la causa ya estaba en manos de un conjuez con anterioridad, que es un abogado de la matrícula elegido por sorteo. Pero, de todas maneras, planteó algunas dudas acerca del devenir de la causa.
Lo que más le llamó la atención a Alurralde, que se enteró de la situación por la nota de NOTICIAS, fue el impactante monto en dólares que el conjuez otorgó a los abogados de Vicentin, que son empleados en relación de dependencia e incluso algunos tienen relaciones familiares con accionistas. “En mi experiencia, nunca regulé honorarios por ese monto a ningún abogado. estoy diciendo un hecho concreto. Honestamente, no creo que se pueda regular en dólares”, sostuvo en una entrevista con LT10, Radio Universidad del Litoral.
Luego agregó: “¿Por qué esto se realiza justo ahora? Eso lo tendrá que decir el conjuez. Yo no quiero adelantar mi opinión porque no sé qué derrotero puede seguir esto, si la Cámara aparta a este conjuez. Yo tengo la misma impresión que usted”. La referencia, claro, es acerca de que durante tres años no hubo ningún movimiento procesal y justo la semana en que la empresa es intervenida, sale el fallo.
Vicentin había ganado el caso en primera y segunda instancia frente a la ya extinta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, hace muchos años atrás. Por ese motivo nadie puede explicar por qué ahora, en plena feria judicial y en el momento en que la empresa negocia con el Gobierno los términos de la intervención, apareció esta resolución por 21.996.899,98 millones de dólares a favor de los doctores Héctor Luis Vizcay, Cristian Rosso Alba y Horacio Ruiz Moreno, apoderados y defensores de la empresa.
