El subinterventor nombrado por el Gobierno recibió la ratificación en su cargo por parte del juez que lleva adelante el concurso. La expropiación continúa en los planes mientras se investiga la red de empresas del Grupo.
A más de una semana del anuncio oficial, el objetivo de base continúa siendo el mismo: el Gobierno sigue firme en su plan para expropiar la firma agroindustrial Vicentin. En este marco, ayer recibió el visto bueno de la Justicia comercial para avanzar en la intervención. En tanto, los acreedores internacionales no se quedaron de brazos cruzados y realizaron una presentación en la Justicia de Estados Unidos para conocer a fondo los números de la empresa que entró en default en diciembre pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones.
En una resolución firmada ayer por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante la convocatoria de acreedores de la empresa agroindustrial, se aceptó el pedido de ratificación en su cargo por parte del subinterventor designado por el Gobierno, Luciano Zarich. De esta manera, avanza la intervención de la empresa con el aval de la justicia y justamente era uno de los pedidos del CEO de la firma, Gustavo Nardelli, cuando se reunió con el presidente de la Nación, quien afirmó que aceptaría al interventor si antes recibía el visto bueno del juez que entiende en el concurso de acreedores abierto en marzo pasado.
Lo cierto es que más allá de la resolución del juez de Reconquista, Luciano Zarich ya había tomado el control de la compañía el jueves pasado, en su rol de subinterventor, secundando a Gabriel Delgado, quien no pudo viajar a la provincia de Santa Fe porque se está recuperando de una cirugía, aunque sigue de cerca toda la cuestión operativa.
Para los próximos días se espera que continúe el proceso de verificación de deudas de la empresa y la revisión contable de sus libros, pero eso no es todo porque el plan inmediato es reactivar las plantas de molienda de oleaginosas que están funcionando a media máquina. Para llevar adelante esta iniciativa el Gobierno encontraría en las cooperativas agropecuarias, con Fecofe y ACA a la cabeza, dos aliados indiscutidos a la hora de proveer la materia prima necesaria.
En tanto, otro tema que está en la mira del Gobierno y que el propio Delgado sigue de cerca es el entramado de empresas de la familia Vicentin – Nardelli. Muchas de ellas sin una actividad específica, pero que habrían obrado como tomadoras de créditos que luego derivaron al holding. Incluso las subsidiarias en Paraguay y Uruguay son indicadas como posible trianguladoras de exportaciones por la propia AFIP. Así es que, a partir de la intervención de 60 días que ya comenzaron a correr, se intentaría dilucidar estas cuestiones claves para entender la debacle financiera del Grupo.
Mientras tanto, el consorcio de bancos extranjeros acreedores de la empresa, que en total suman deudas por cobrar por más de u$s500 millones, también miran con atención las maniobras financieras de los dueños de Vicentin. En este contexto, en febrero pasado consiguieron que la justicia de Estados Unidos ordene un Discovery Process sobre la empresa.
En criollo, el comité de bancos extranjeros conformado por el IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, obtuvo el visto bueno de la justicia norteamericana para la apertura de un proceso de análisis de activos que involucra a personas y movimientos bancarios relacionados con Vicentin.
Los acreedores internacionales de la firma agroindustrial buscaban de esta manera acceder a toda la información financiera de la empresa, paso previo ante una eventual presentación judicial contra sus dueños. En concreto, los bancos extranjeros quieren cobrar sus deudas y desde que la empresa se presentó en cesación de pagos están siguiendo de cerca sus pasos.
