Cuatro años después, el juez Sebastián Casanello procesó en el caso emblema de la corrupción con obra pública a varios contadores y financistas como Guillermo Greppi, involucrado en la trama de sociedades para supuestamente canalizar el dinero del clan del empresario. También encontró otros nombres, víctimas del negocio, con sus historias
José Luis, de 57 años, con domicilio en Loma Hermosa, terminó sentado en una silla en la que quizás jamás se habría imaginado: la de un imputado en una causa por un delito federal de alta combustión política. Justo él, que venía de la nada, era acusado de algo feroz: ser un engranaje en el lavado de la fortuna sucia de Lázaro Báez, más de 120 millones de pesos.
Así que José Luis, al contrario de lo que usualmente hacen los imputados en ese tipo de causa, negarse a declarar o responder preguntas con escritos donde aseveran que nunca pasó nada, habló cuando fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal N°7 a cargo de Sebastián Casanello, contó su historia.
“Fue hace 5, 6 años”, dijo, cuando trabajaba de remisero en Villa Ballester. Allí, se le presentó otro chofer que le dijo que “estaban haciendo” planes sociales en una plaza de la zona. Entonces, José Luis fue. Conoció a un tal Miguel Ángel, que le asignó, según él, un plan, y que le prometió verlo en una segunda reunión donde le daría un trabajo “en una metalúrgica”.
José Luis nunca había tenido un trabajo en blanco en su vida, así que le sonaba bien. En esa reunión, el hombre le hizo firmar un papel blanco. El remisero confió, sin problemas. Lo citaron luego en una oficina de la calle Rivadavia, debía llevar su DNI. “Vos entrá y callate”, lo aleccionaron. Le dieron para que firmara un libro grueso y rojo en una especie de oficina, una serie de papeles. Después lo llevaron de vuelta a su remisería en Ballester, le pagaron 300 pesos ese mes, 300 más en los siguientes.
Ante el Juzgado N°7, José Luis dijo que no tenía idea de nada, que estaba enfermo de hepatitis, que debía tratarse en La Plata y que no tenía cobertura. El 1° de noviembre de 2013, José Luis impactó en el sistema, en más de una forma. Recibió, según registros comerciales, un alta en la AFIP, registrado en los rubros propios de un empresario. Después su nombre salió en el Boletín Oficial: en mayo de 2016 renunciaba como el director suplente de la firma International Freight Company SA, antes llamada The Real Software SA,en los papeles dedicada a servicios de dirección empresarial y logística, en la cual había asumido como directivo a fines de 2013 también.
Alguien debería haber felicitado al remisero por su buena fortuna. Quizás podría haberlo hecho el presidente anterior de la firma, Raimundo, otro hombre de Villa Ballester de 63 años que vivía en la miseria en una choza con toda su familia, sin subsidio o plan alguno, su hermano había sufrido un ACV. Su ruta es la misma que la de José Luis, otro hombre pobre del barrio que terminó registrado como empresario. Raimundo, un ex albañil, también fue indagado por el Juzgado N°7: dijo que no se acordaba de nada, que básicamente lo llevaron de la mano.
La UIF investigó a International Freight Company para la causa encabezada por Casanello. Aseguró que es, básicamente, un sello de goma, una empresa sin empleados, con saltos cuantitativos en sus acreditaciones anuales, de 3 millones en 2014 a 53 millones en 2016. Tuvo una señal roja en su contra, supuestamente por procesar facturas apócrifas. La UIF habló de Raimundo: “No coincide con el perfil de un lavador profesional”.
International Freight Company tiene su lugar clave en los manejos de la matemática Báez. Según la investigación, se usó para inyectar más de 3 millones de pesos a M&P, uno de las principales firmas del entramado del empresario santacruceño “cuyos accionistas y responsables son Martín Báez, César Andrés y Luciana Báez”, es decir, sus hijos.
IFC no fue la única: la empresa está vinculada a una docena de firmas vinculadas entre sí a través de nombres y direcciones que impactaron en una serie de ROS, reportes de operaciones sospechosas. Entre febrero y marzo de 2016, por ejemplo, la cuenta de M&P recibió depósitos de estas firmas por más de 114 millones de pesos.
El 26 de mayo pasado, Casanello decidió sobreseer a José Luis y a Raimundo por el delito de lavado de activos, sin que queden afectados su buen nombre y honor, con el levantamiento de cualquier medida patrimonial tomada en su contra. Su situación es, básicamente, una vieja, histórica, el peor fondo de los delitos financieros o el capitalismo delictivo de la Argentina: usar a pobres y enfermos para que pongan el nombre en la estructura de un negocio presuntamente ilícito. Pasó con la mafia del dólar importador investigada por el juez Gustavo Meirovich, pasó con Enrique Blaksley, cabeza de la firma Hope Funds, acusado de la mayor estafa de la historia argentina, acusado de usar prestanombres reclutados en la Villa 1-11-14, y ahora, ocurre con Lázaro Báez.
Raimundo y José Luis no estaban solos tampoco. Otros tres prestanombres fueron incluidos en la lista, entre ellos, Carlos, que también fue sobreseído por el juez federal. Un hombre de Ballester, hoy de 49 años, reconoció su problema particular cuando lo indagaron: dijo ser un alcohólico en recuperación. Era un empresario, al menos en los papeles de la AFIP, desde octubre de 2014. Trabajaba en una gestora aduanera, un trabajo que luego perdió. Vivía con su madre en un rancho construido sobre terrenos fiscales.
A los papeles que lo vincularon a la familia Báez, dijo Carlos, lo llevó “El Diablo”.
No fue en un sentido metafísico. Dijo eso, que un hombre llamado Narciso, apodado “El Diablo”, le hizo la oferta, un hombre de su barrio que, según él, ofrecía “planes sociales”. La escribanía de la avenida Rivadavia se repite. “¿Cómo vas a traer un tipo así?”, oyó como le reprochaban a su contacto, al oler su aliento a vino. Firmó un papel, le dieron mil pesos y se fue a su casa. Lo citaron mensualmente en un café céntrico, un seguimiento. Tiempo después se recuperó y pidió en la escribanía “dar de baja todo”, denunció la maniobra en la Justicia de San Martín, aportó un acta al juez Casanello.
Su viejo contacto, “El Diablo”, le aseguró que “no molestara a nadie”, que iba a terminar denunciado por extorsión. Un día antes de declarar, un hombre amigo de “El Diablo” se le apareció en la puerta de su casa: le dijo que no nombrara al escribano de la calle Rivadavia, que si lo hacía le iba a ir mal. Luego fue evaluado tras una declaración. “Trabajos eventuales y de escasa proyección”, “temprano compromiso con las bebidas alcohólicas que mantiene hasta la actualidad”, dijeron de su vida.
Lo convirtieron, en ese entonces, en gerente de Expansys SRL, otro sello de goma. Expansys, mientras tanto, debía 130 mil pesos de impuestos, según descubrió su sobrina. El titular de la deuda era Carlos. Terminó también de vicepresidente de otra cáscara fiscal, Export Ancona, que inyectó más de 7 millones a la trama. La deuda por la empresa fantasma la tenía igual. Del mundo Báez, Carlos salió más pobre de lo que entró.
Hubo procesados en la decisión de Casanello, un documento de 127 páginas al que accedió Infobae. Entre ellos se encuentra un nombre conocido para los entusiastas de este tipo de tramas: el financista Guillermo Greppi, cercano a Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos “Chino” Zannini. Casanello lo procesó sin prisión preventiva por el delito de lavado de activos, junto a la contadora vinculada a M&P.
A Greppi, Casanello lo embargó por 539,5 millones de pesos.
