Alberto Fernández apuesta al «Plan Perotti», pero ya tuvo dos reveses en la Justicia. La defensa de la empresa, el debate en el Congreso por la Comisión Bicameral, y los productores continúan en alerta en defensa de la propiedad privada. Los eslabones centrales del conflicto
A más de dos semanas de anunciar la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, el gobierno nacional no solamente recibió malas noticias provenientes desde la Justicia, además del rechazo de la mayoría de los sectores de la agroindustria y de la sociedad, sino que tuvo que modificar su estrategia, en medio de un país atravesado por el coronavirus y las emergencias que hay que enfrentar y que son derivaciones de la pandemia.
Sin embargo, el gobierno está decidido a avanzar sobre la empresa. Y está utilizando, para cumplir dicho objetivo, la vía judicial y la instalación del tema en el ámbito legislativo, a través de la creación de una Comisión Bicameral que investigue la relación crediticia de Vicentin y el Banco de la Nación Argentina. Mientras tanto, el malestar en el sector agropecuario es cada vez mayor y excede a la crisis de Vicentin. Los productores están decididos a defender la propiedad privada y reclamar una política para el sector que fomente la producción.
En este contexto, estas son las 10 claves de lo sucedido y de lo que podría suceder en los próximos días, ya que la Justicia de Reconquista deberá decidir si hace lugar o no al pedido de la empresa de declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno sobre la intervención de la agroexportadora.
1 – La Justicia
El primer traspié que sufrió el gobierno fue el viernes de la semana pasada. El titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, responsable de llevar adelante la Convocatoria de Acreedores de Vicentin, decidió restablecer al directorio original de la empresa en sus funciones por 60 días y darle el carácter de simple veedores a los interventores designados por la administración de Alberto Fernández.
Esa decisión judicial fue duramente cuestionada por el presidente Alberto Fernández, quien dijo que era un “dislate jurídico de magnitudes”. A pesar de las críticas, el juez recibió apoyos de diversos sectores. Por un lado, la agrupación de productores autoconvocados “Campo + Ciudad” consideraron las declaraciones de Fernández como “vergonzosas y que constituyen un burdo intento de condicionar la decisión del magistrado. Creemos fundamental que las instituciones de la Justicia argentina cierren filas para resistir esta embestida del Ejecutivo”.
Asimismo, los integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, entre otras asociaciones de la esfera judicial, consideraron que “resulta esencial que la independencia para adoptar las resoluciones que correspondan en el marco de una causa judicial sea preservada por todos los actores implicados en el mencionado proceso, ya que de lo contrario podría erosionarse el principio de división de poderes propio de nuestro sistema democrático, en tanto la mencionada independencia del Poder Judicial se erige como una garantía de los ciudadanos para que sus derechos sean respetados”.
2 – Cambio de estrategia
El revés judicial que sufrió el gobierno derivó en un cambio de estrategia. A horas nada más del fallo de Lorenzini, reapareció en escena el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con una propuesta “superadora”. Si bien en la misma se insistía con la intervención de la empresa, se decía dejar “de lado la expropiación”.
El denominado “Plan Perotti” propone, a grandes rasgos, la intervención de la empresa dentro del marco del concurso y por el tiempo que dure el mismo, por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), aunque reponiendo en el cargo a los dos interventores designados originalmente por el Ejecutivo nacional, más uno propuesto por el gobierno santafesino, para conformación de un órgano interventor que tomará las funciones de administrador y de representación, desplazando al directorio.
3 – El banderazo
Tras el anuncio del gobernador Perotti, el sábado pasado hubo una movilización multitudinaria en todo el país: productores agropecuarios y la ciudadanía, salieron a las calles y a las rutas, con un reclamo que excedía a la crisis de Vicentin. Fue el accionar del gobierno el que llevó una vez más a generar el alerta en el sector agropecuario. “No se trata de Vicentin, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles. Es la defensa de la propiedad privada y frenar el vamos por todo”, expresaron los productores.
Además, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) respondieron al Presidente, quien había tildado a la marcha “de gente que está confundida¨. Al respecto, los integrantes de la entidad agropecuaria, manifestaron: “No estamos confundidos ni tampoco somos tontos, distinguimos cuando una mentira es empujada con distintos argumentos cambiantes, distinguimos cuando una intervención es igual a la otra solo que presentada de forma distinta y también cuando un lobo se disfraza de cordero”.
Tan contundente fue el reclamo expresado en la movilización, que al día siguiente el gobierno salió a expresar el apoyo al “Plan Perotti”, aunque aclaraba que si la Justicia no aceptaba la misma, el paso siguiente era la expropiación de Vicentin.
4 – La opinión del interventor designado por el gobierno
El interventor de la empresa designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, en diálogo con Infobae señaló: “Nosotros somos respetuosos de la voluntad del juez y vamos a seguir buscando alternativas para tratar de salvar las fuentes de trabajo, las exportaciones y el interés de los acreedores”.
Además, Delgado comentó, “yo estuve con el Presidente en Olivos. Y lo que me quedó de mi charla con él, es que no avanzará con ninguna medida que divida a los argentinos. Creo que el Presidente está en tratar de agotar todas las instancias superadoras, y en analizar todas las propuestas para sacar a la empresa adelante”.
5 – Nuevo revés judicial para el gobierno
Horas después del “banderazo”, las autoridades de la IGPJ presentaban en los tribunales de Reconquista el pedido de intervención judicial, y en un escrito consideraron que el directorio original de la empresa “no está a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre el grupo empresario y dándoles tiempo para vaciar la compañía”.
La propuesta del gobierno de Santa Fe, avalada por la administración nacional, tuvo el rechazo de Vicentin. El director de la empresa, Máximo Padoan, en declaraciones a este medio, dijo que el Plan Perotti, era “mucho peor que el DNU de Alberto Fernández, que propone una intervención por 60 días, y lo de Perotti es por tiempo indeterminado y los interventores son los que definen el concurso y la propuesta a los acreedores. Para algo está la asamblea que eligió a los directores, que están en plenas funciones. Y están el juez del concurso y los tres síndicos”.
Y agregó: “Es todo muy raro: insisten en reemplazar a 11 directores que manejaron por años una empresa que el propio Gobierno dice que es importante y que ha crecido mucho, que se ha desarrollado. Tuvimos un problema de liquidez que es lo que estamos tratando de encauzar, estamos en ese proceso y ahora quieren meter tres interventores que no tienen ninguna experiencia en manejar una empresa de esta complejidad”.
Finalmente, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, volvió a confirmar a los directores de Vicentin al frente de las decisiones operativas. De esa manera, rechazó el planteo suspensivo que había solicitado la IGPJ santafesina. Una vez más el gobierno recibía desde la Justicia una mala noticia.
Si bien el magistrado no desestimó de plano el pedido del gobernador de armar un triunvirato de interventores, es una propuesta que tratará dentro del expediente, pero en un trámite judicial paralelo. “No es un fallo, es un ‘incidente’ creado dentro del caso. Pero va en ese sentido, en confirmar lo que decidió el viernes, que los directores deben seguir al frente”, aseguró una fuente de compañía. Según la agencia Télam se “tramitará en forma ‘autónoma’ al proceso concursal”.
6 – La defensa de la empresa
En un paper, la empresa Vicentin reconoció que la deuda actual con el Banco Nación alcanza los USD 290 millones, “pero no es un préstamo puntual sino una línea de crédito, que vino acompañando el crecimiento de la empresa. Es el único banco al que se le dieron garantías que ningún otro banco tiene, entre ellas, una cesión de cobranzas por la que el Banco Nación está percibiendo fondos”.
Y agregaron: “Somos una empresa endeudada en dólares que no sólo fue afectada por las devaluaciones de nuestro peso, sino por los intereses y comisiones de las distintas refinanciaciones. El Banco Nación representa un 25% de la deuda bancaria de Vicentin, pero por sus cuentas pasaba más del 60 % de las liquidaciones de divisas, cobrando importantes comisiones. Las decisiones de aumento de línea fueron avaladas por el crecimiento, igual que en cualquiera de los acreedores privados o multilaterales (CFI, FMO, Rabobank, etc)”.
A su vez, dijeron que la denuncia presentada en la Justicia contra las anteriores autoridades del Banco, “son totalmente infundadas, por cuanto las líneas se renuevan anualmente y tienen una extensión de hasta 15 meses. La línea de Vicentin de USD 300 millones fue aprobada en abril de 2018, representando $6.000 millones a una cotización de $20 por dólar. A ese momento encuadraba perfectamente en la normativa del BCRA y era absolutamente lógica con la actividad de Vicentin (USD 3.500 millones de ventas anuales). Luego de la devaluación de agosto/18 el monto en pesos se duplicó y en agosto/19 alcanzó los $ 18.500 millones”.
7 – La familia: “No hay triangulaciones y fuga de dólares”
Sobre las denuncias de supuestas triangulaciones y fuga de dólares de la empresa, desde Vicentin manifestaron que es “un relato injustificado y explicado por el sector en distintos foros hasta el cansancio. Vicentin opera en un mercado en competencia con sociedades multinacionales, que no sólo operan en el país, sino que tienen estructuras en prácticamente todos los países del mundo. En este contexto las denominadas despectivamente cómo ´triangulaciones´son normales y corrientes”.
“Es común que una multinacional argentina venda a una extranjera, ubicada en cualquier país de colocación de la mercadería o en la Unión Europea. Eso no está mal por cuanto la multinacional extranjera asume costos y riesgos, que la multinacional Argentina no está dispuesta o en condiciones de asumir por distintas razones. Para esto los distintos países y la Organización Mundial del Comercio crearon normas de precios de transferencias, destinadas a fiscalizar las operaciones entre vinculadas, de manera que no se tributen impuestos en países que tengan reglas fiscales más convenientes”, aclararon.
8 – El debate en el Senado
La crisis de Vicentin, además de seguir su curso en el ámbito judicial, tiene un claro costado político. Durante la semana el oficialismo dio media sanción en el Senado al proyecto para conformar una Comisión Bicameral Investigadora sobre la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación. La última palabra la tendrá la Cámara de Diputados.
La media sanción en el Senado fue criticada por la oposición al considerar que para su creación era necesaria tres cuartos de los votos afirmativos, no una mayoría simple y pidieron que no sea girado a Diputados. Al respecto, el senador por Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, indicó que “este proyecto pretende cambiar el reglamento de esta Cámara. Las comisiones deben crearse como resoluciones. Hubo otras veces que se crearon comisiones por ley, pero con mayoría especial y esta modificación la merece”.
9 – La denuncia de la oposición
El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio cuestionó la validez de la votación en la que el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar el caso Vicentin. Con 41 votos a favor y 29 en contra, el proyecto obtuvo media sanción y ahora pasará a Diputados. Sin embargo, la oposición denunció “autoritarismo y un apagón de micrófonos” en la sesión que se realizó de manera virtual.
A última hora del miércoles, el principal espacio opositor difundió un comunicado en el que acusó al kirchnerismo por el “atropello” que demuestra que “el sistema de sesiones virtuales fracasó” y consideró que la aprobación de la comisión bicameral “no reunió los dos tercios necesarios, como lo establecen los artículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara”.
10 – El campo sigue en alerta
Por último, ayer los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) resolvieron declarar el “estado de alerta y movilización, y con sesión permanente”, luego de la reunión de manera virtual del Consejo Directivo, que contó con la presencia de 84 delegados y presidentes de asociaciones rurales.
Durante la reunión los dirigentes de Carbap se mostraron sorprendidos por “el recurrente incumplimiento de la palabra empeñada a la sociedad argentina en su conjunto, por parte del presidente de la Nación Alberto Fernández, ya que se había comprometido en varias ocasiones a trabajar para lograr consensos y evitar enfrentamientos innecesarios en el seno de la comunidad, habiéndose experimentado las consecuencias negativas de la disputa del 2008 para el país en su conjunto y el sector en particular”, expresaron.
Y por último señalaron: “Desde Carbap, se esperaban otras señales por parte del Gobierno Nacional, que permitiera cerrar heridas abiertas de enfrentamientos innecesarios, más cuando la situación de emergencia de la Argentina necesita de un campo productivo, pujante y trabajando, que ayude al país a salir de la crisis, con crecimiento sostenible y generación de empleo”.
