Fuentes de la agroexportadora expresaron que a través de los últimos fallos de la Justicia de Reconquista, «se está consolidando el proceso concursal», a pesar de los intentos de intervención del Gobierno y del plan que encabeza el gobernador santafecino, Omar Perotti
“Es imposible estar tranquilos porque atravesamos una situación muy particular, con denuncias disparatadas en contra de la familia, pero sí estamos confiados que a través del Concurso de Acreedores y con un sistema jurídico que funcione encontraremos una salida a la crisis”, comentó ayer una fuente muy cercana a la empresa Vicentin.
La misma fuente sostuvo que a través de los últimos fallos de la Justicia de Reconquista, provincia de Santa Fe, de alguna manera se está consolidando el proceso concursal, a pesar de los intentos en contrario de la administración de Alberto Fernández y del gobierno del gobernador de la provincia, Omar Perotti. “Por suerte la Justicia reaccionó a tiempo para mantener el debate en el foro comercial. También fue importante la movilización de la ciudadanía en rechazo al accionar del Gobierno”, destacó.
Desde la compañía que nació hace más de 90 años y está en el ojo de la atención pública sostienen que la solución del problema “la tenemos que buscar nosotros, en el marco del Concurso de acreedores, y ojalá después se pueda avanzar en un plan que nos contemple; en qué proporción del negocio no lo sabemos hasta que no se logre implementar una de las opciones que se venían manejando antes de que el gobierno decidiera la intervención y anunciar el envío al Congreso de un proyecto de expropiación”.
En el trabajo que se venía realizando con el aval del Juez Fabián Lorenzini, desde Vicentin reiteran cada vez que pueden que había cuatro grupos de empresas que estaban llevando adelante un estudio de la situación actual de la empresa para luego definir un plan de acción integral que permitiera salir de la crisis. Por esos tiempos también hubo diálogo con los integrantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial de la empresa, con el objetivo del armado de una asociación. La idea es mostrar que la compañía es viable y que hay interesados en “salvarla”, más allá de los intentos estatales.
Si bien desde Vicentin sostienen que la familia quiere conservar la empresa o una parte de la misma, proyectan que con un país normalizado y competitivo se podría definir una estructura con acreedores que pueden salir con flujo comercial, capitalizar la demanda e ingresar en la compañía. Los activos de Vicentin cotizan alto, a través de la planta de molienda de soja, la planta de Renova, y el puerto de Ricardone, donde está concentrado el negocio de girasol.
Además, en el caso de que exista un clima de negocios con reglas de juego claras, podrían ingresar grupos inversores para fortalecer el desarrollo de la empresa, calculan. La estrategia parece haber variado a la inmediatamente posterior al anuncio expropiador del Gobierno: entonces, los directores aseguraban que sólo les importaba la continuidad de la empresas aunque tuvieron que salir de ella vendiendo sus participación (siempre hicieron foco en que “no se irían gratis).
Recuperar la confianza
Un aspecto que hasta el momento no forma parte del debate es el siguiente: teniendo en cuenta que la confianza puede definir la situación de una empresa, y que el negocio de Vicentin funciona porque hay más de un centenar de productores que entregan su materia prima. La desconfianza de los productores sobre el funcionamiento de la futura Vicentin es muy grande. Muchos esperan que se presente un plan sobre cómo se mejorarán las condiciones para que la empresa se reactive. Es vital conocer cómo funcionará en el futuro. De nada servirá una la empresa, sea pública o privada, si no se consigue recuperar la confianza de los productores, es una coincidencia básica.
La respuesta al interrogante es central en la construcción del andamiaje para rescatar la compañía, que sin soja suficiente podría quedar reducida a un conjunto de silos y fierros improductivos.
“La confianza se recupera en el mediano y largo plazo. Nosotros construimos confianza durante 90 años y la perdimos en 5 minutos. Ahora estamos enfocados en el cortísimo plazo, para consolidar el proceso concursal, hacer frente a las deudas que tenemos y luego iniciar el proceso de la recuperación que nos permita volver a instalarnos con mucha fuerza en el mercado. Si bien es muy difícil hablar de un plan de negocios, todo se va a reconstruir con nosotros siendo parte de dicho proceso”, comentaron desde la empresa.
Además, según pudo saber Infobae, una vez que se pueda determinar el pasivo de Vicentin, se podría ofrecer el flujo de la compañía y participación en la misma, teniendo en cuenta el valor importante de los activos, se cedería capital y futuro flujo. “Entre privados y en el marco del Concurso se podría llegar a una solución”, dicen en la empresa.
Por otro lado, sigue vigente como objetivo inmediato, la continuidad del negocio y recuperar capital de trabajo para seguir funcionando dentro del concurso de acreedores, ya que la empresa destaca que sus plantas están productivas: la de Renova, que tiene en sociedad con Glencore, al 100%; la de San Lorenzo en un 60% y la de Ricardone que volvió a ponerse operativa para procesar girasol, luego de varios meses muy complicados.
Fallos de la Justicia
En los últimos días, y a la espera del fallo de Fabián Lorenzini sobre la propuesta de intervención de Vicentin que presentó el gobierno de Santa Fe, hubo movimiento en los tribunales en relación a la crisis de la empresa.
Uno de los fallos más destacados fue el de la jueza María Alejandra Biotti, quien rechazó el pedido del gobierno nacional para que la causa por la intervención de Vicentin saliera de la órbita de Santa Fe y se tramitara en el fuero en lo contencioso administrativo. La administración de Alberto Fernández buscó que los tribunales porteños sean los encargados de revisar las decisiones del Ejecutivo y el fiscal del caso estuvo de acuerdo.
Por otro lado, el juez Lorenzini ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Dirección General de Aduanas (DGA), para que se dejen sin efecto las suspensiones del registro de importadores y exportadores que recaen sobre la agroexportadora. En la resolución, el juez también le reclamó al organismo que habilite las plantas de Vicentin que fueron inhabilitadas.
Y, por otro lado, el juez reclamó que “se abstengan de tomar, en medio del concurso preventivo, cualquier tipo de medida que impida u obstaculice a Vicentin realizar operaciones de comercio exterior desde cualquiera de sus plantas”.
En los fundamentos de la decisión, el Juez sostuvo que la medida que se había implementado, “frustra totalmente la actividad de la empresa y sin ella se torna imposible cualquier solución concursal o de otro tipo, poniendo en gravísimo riesgo la continuidad de la empresa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo”.
Lorenzini, en su fallo, señaló que Vicentín “jamás fue notificado ni puesto en conocimiento de los motivos y sobre la normativa que sustentaría una decisión de semejante trascendencia y gravedad para una empresa que exporta el 90% de su producción, lo que de por sí y más allá de la carencia de sustento normativo, pone en evidencia la conducta arbitraria e ilegítima del Fisco”.
Según consta en el fallo, la AFIP, mediante su apoderado, Estanislao Musuruana, había pedido la suspensión en el registro de importadores y exportadores “por la falta de pago de derechos de exportación y que tanto ello como la inhabilitación de la planta (provocada por la existencia de deuda líquida y exigible), no resultan medidas arbitrarias ni ilegítimas, sino que son consecuencias del régimen normativo que rige la situación que se describe”.
