El fondo de inversión es dueño del 6% de Glencore, que a su vez formó un joint venture con la firma agroexportadora para poner en marcha la mayor planta procesadora de soja del país: Renova.
Sus destinos parecen, inevitablemente, cruzados. Argentina y BlackRock tienen una relación comercial que durará mucho más que la renegociación de la deuda con acreedores con títulos públicos bajo legislación nacional. Termine esta de manera exitosa o no. El fondo que maneja Larry Fink no sólo mantiene fuertes y profundas inversiones en la economía financiera del país; sino que además posee amplias inversiones en la real; las que estaría a punto de ampliarlas. Aunque involuntariamente.
Eso sucederá si el Gobierno avanzara definitivamente en la nacionalización de Vicentin, y que incluyera en el paquete de activos del grupo santafesino al proyecto Renova. En estas plantas de San Lorenzo y Timbúes, donde se le suma valor agregado al poroto de soja y se produce biodiésel en la fábrica más grande y sofisticada de Latinoamérica. La mayoría de ese emprendimiento es propiedad del grupo suizo Glencore, del que BlackRock es dueño en un 6%, además de su histórico financista mundial. Esto incluye el dinero para que Glencore levantara tanto las plantas de Santa Fe, para que avanzara en la compra de la mayoría accionaria en marzo de este año. Si se concretara la operación de toma de control de Vicentin, y de allí el 25% de Renova, el Estado argentino volvería a compartir acciones con Larry Fink. Ya lo hace en YPF, donde BlackRock es accionista desde antes de la renacionalización del 2012. Sumaría además posesiones, de manera directa o a través de socios como Glencore, en otras empresas que tienen que ver con la vida económica de todos los días del país como Telefónica, Coca Cola, Bayer, Exxon Mobil, Chevron, Apple, Microsoft, Telefónica o Procter & Gamble (entre muchas otras); además de la tenencia de acciones de cotización abierta o cerrada en Mercado Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro.
El proyecto de Renova, donde BlackRock (junto con el banco público qatarí) es el principal aportante de capitales a Glencore, comenzó en 2006 con la empresa suiza y Vicentin compartiendo el 50% de las acciones. Se inició con la idea de producir biodiésel para exportar a la Unión Europea, donde Glencore tenía el acceso al mercado aceitado. Con el tiempo la sociedad sumó la producción de harina, aceite, lecitina y pallet de cáscara en la planta de Timbúes, además de glicerina en San Lorenzo. Ahora, luego de la crisis del año pasado de Vicentin, Glencore tomó la mayoría de las acciones; al comprar en diciembre del año pasado un 16,67% de las acciones del proyecto ante las dificultades ya públicas del grupo argentino. Con esto pasó a controlar el 67% de la empresa, manteniendo Vicentin el 33% restante, pero colocándose en minoría accionaria y perdiendo la capacidad de dirección.
A partir de enero de este año, la toma de dominio por parte de los suizos se trasladó a la realidad.
En marzo pasado el grupo europeo ofreció comprar ese 33% restante en unos u$s325 millones, operación que fue rechazada por el juez de reconquista Fabián Lorenzini, que consideró que ese valor era menor al precio de los activos de Renova. Impidió así, sin saberlo, la salida de Vicentin de Renova, abriendo la puerta a la probable sociedad del estado con Glencore. Para el Gobierno, la alternativa de tener a la multinacional dentro del proyecto es atractiva. Se considera dentro del oficialismo que blanquearía la operación de toma de control de Vicentin en el mercado financiero internacional; aunque molesta quedar como accionista minoritario en Renova la mayor joya del grupo en crisis. Aún no queda en claro si la idea de tener al Estado como partner, entusiasma a Glencore, y a sus socios; o si la multinacional suiza evalúa alternativas como volver a ofrecer comprar la mayoría de la sociedad que maneja Renova. O algún otra actuación judicial que le abriría al país un nuevo caso ante el Ciadi, donde la compañía podría recurrir ante la alteración de sus planes. Es difícil que Glencore tome esta decisión, dado el amplísimo abanico de inversiones que tiene en el país, y que dependen de una muy buena relación con el Gobierno para que se lleven adelante.
En la Argentina, además de la sociedad con Vicentin, mantiene molinos de arroz, crushing de soja (General Villegas, Necochea y Daireaux), siembra directa, aceites vegetales y molinos en Chajarí y Paso de los Libres, además de acopios en Bahía Blanca, Conquistadores y Bonpland. Exporta el 25% del arroz que produce el país y maneja la mina Bajo La Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que explota en superficie Minera Alumbrera desde 1997; en este proyecto posee el 50% de las acciones, en sociedad con las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold que cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente. También maneja las minas El Aguilar en Jujuy, Agua Rica en Catamarca y El Pachón en San Juan.
La principal inversión de BlackRock en el país es la tenencia de títulos públicos, estimándose su inversión en unos u$s3.000 millones; de los cuales u$s2.000 millones bajo legislación internacional. Otros u$s1.000 millones son bonos lanzados bajo leyes locales, especialmente el Bono del Tesoro (BOTE) 2023 y 2026, lanzado el 14 de mayo del 2018, con Luis Caputo como entonces nuevo responsable del rescate de las famosas Lebac (en desmedro del BCRA); una operación que el entonces “Messi” del gabinete cerró vía telefónica moviendo sus contactos personales; colocando la deuda en manos de BlackRock y Templeton.
Donde más importante y polémica es la presencia de BlackRock en YPF, donde posé el 9,77 millones de acciones correspondientes al 5,67% de los papeles en circulación en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York; y es el segundo inversor institucional privado luego del fondo mutualista Wellington. Ambos ingresaron como accionistas en los tiempos en que el gobierno de Néstor Kirchner abría el capital de la empresa para el ingreso del Grupo Petersen en diciembre de 2007.
En total, los privados detentarían desde ese proceso un 17,09%; de los que Blackrock sería el más notable, manteniendo aún sus acciones luego de la renacionalización del 2012; proceso que incluso apoyó siguiendo una posición general que mantendría la petrolera mexicana Pemex. Ambos eran contrarios a la española Repsol, y llevarían esa oposición a la práctica. También, y hasta hoy, se mantuvo cercano al en el juicio que el fondo buitre británico Burford y el neoyorquino Eton Park le iniciaron a la Argentina por la manera en que se encabezó esa nacionalización del 2012, ofreciéndose como “amicous cureae”. Sin embargo, en 2014 fue calificado como “fondo buitre” por Cristina Fernández de Kirchner, al también tener acciones de la papelera Donneley que cerró sus puertas ese año. Volvería a aumentar su presencia en Argentina abriendo una oficina en la zona de Catalinas, nombrando personal en relación de dependencia y recibiendo propuestas de inversión en la economía real.
