El trabajo fue encargado por el Banco Nación para defender el cobro de sus créditos en la convocatoria de la cerealera. Pero revela mucho más: el proceso de vaciamiento y ocultamiento de ingresos que aun hoy sigue operando.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reclamó la nulidad de la venta del frigorífico Friar (ver nota aparte), ya que Vicentin SAIC «resulta cuanto menos controlante de las sociedades» que se presentan como dueñas de las acciones en venta: Nacadie Comercial y Vicentin Family Group, ambas radicadas en Uruguay. Vicentin SAIC se encuentra en convocatoria de acreedores, por lo tanto no puede disponer de sus activos. La Afip, como acreedora en el concurso, se presentó cuestionando la venta de Friar a la sociedad inversora BAF Capital. Este mismo mecanismo de desprendimiento de activos fue denunciado por el Banco Nación, el otro gran acreedor oficial de Vicentin, que no sólo ha reclamado una investigación sobre el posible delito que podría estar encubriendo la operacion, sino que a través de un exhaustivo informe demostró qué es lo que Vicentin ha venido desarrollando durante los últimos años: un proceso constante de vaciamiento del cual Friar sería el eslabón más reciente pero no el único que se sumó a la cadena en este año y en medio del concurso preventivo.
Según el análisis de quienes siguen de cerca el tema, Vicentin obtuvo en los últimos nueve meses ingresos por más de 800 millones de dólares por distintas vías, ventas de activos u operaciones de exportación a través de terceros, que no fueron declarados como fondos de la empresa concursada. De ese modo, burlaron los derechos de los acreedores. Se trataría, nada menos, que de una cifra equivalente al 60% del total de la deuda en concurso (que asciende a unos 1350 millones de dólares).
El análisis elaborado por dos especialistas e investigadores en economía política y grupos empresarios, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, brinda varias conclusiones sobre el comportamiento empresario del grupo Vicentin que fueron ocultados ya sea porque encubren «prácticas ilegales o porque implican consecuencias negativas para la economía del país». El trabajo, encargado por el actual Directorio del Banco Nación, encabezado por Eduardo Hecker, se presenta bajo el título «El proceso de vaciamiento de Vicentin SAIC. Un análisis reciente de las transformaciones de su estructura productiva, la dinámica financiera y el intercambio comercial». Ya se había dado a conocer un trabajo preliminar, sobre el cual informó Página/12 en el mes de julio, pero el actual es «el informe final», de mayor extensión y alcance.
Algunas de las conclusiones que pueden considerarse novedosas de este informa final son las siguientes:
1) El principal mecanismo de vaciamiento de Vicentin SAIC se desarrolló a través de la transformación de su estructura corporativa, desdoblando el grupo mediante la creación de firmas «holding» en Uruguay y traspasando hacia ellas la participación accionaria en empresas que antes estaban bajo control de Vicentin SAIC.
2) A esa nueva estructura empresaria formada en Uruguay se le fueron sumando empresas que el grupo iba adquiriendo pero no declaraba en sus balances. Un ejemplo de ello fue la compra de un 30% de la sociedad Terminal Puerto Rosario (hoy está presidida por Gustavo Nardelli) a Jordi Pujol Serrusola, empresario e hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya del mismo nombre (sin el segundo apellido), en el año 2012. De esta operación sólo se tuvo conocimiento por un expediente en la justicia española en una causa por lavado de dinero en el que está involucrado el empresario catalán. Vicentin nunca informó de esa compra de acciones.
3) Ese mecanismo de traspaso de la titularidad de las acciones al holding armado en el Uruguay fue utilizado ahora, a partir de que la empresa local, Vicentin SAIC, entró en cesación de pagos y luego en convocatoria de acreedores, para poder vender esas empresas sin requerir autorización del juez del concurso ni rendir cuenta ante los acreedores de los fondos obtenidos por la cesión. Esto es lo que ocurrió con la venta de participaciones en Renova SA, cuando ya Vicentin había decidido declararse en cesación de pagos «por estrés financiero» (diciembre de 2019) y en las últimas semanas con Friar SA, frigorífico que figuraba bajo el control de las sociedades uruguayas Nacadie y VFG. Según fuentes empresarias, también se encuentra en negociaciones para su venta otra firma del grupo registrada bajo control del holding uruguayo: Buyanor, productora de artículos de higiene y cosmética. Vicentin SAIC declara poseer sólo 0,6% del paquete accionario de Buyanor, así como el 0,4% de Friar y el 10,2% de Terminal Puerto Rosario, haciendo referencia exclusivamente a las empresas hasta aquí mencionadas.
4) Por la situación procesal en que quedó, y además por el tendal de acreedores que dejó en la actividad agropecuaria, Vicentin se vio impedida de poder operar en la exportación de su producción de harinas y aceites durante 2020. Sin embargo, el juez Fabián Lorenzini autorizó la operación de las plantas y su cesión para ser operada «por terceros», como una suerte de alquiler. El dato curioso es que una pequeña exportadora, Díaz & Forti SA, que en los últimos cuatro años realizó ventas al exterior por un valor promedio de 16 millones de dólares anuales (19 millones en 2018, 4 millones en 2019), en siete meses de este año sumó 212 millones de dólares en ventas al exterior.
5) Las instalaciones de Renova SA, con dos plantas procesadoras y puerto propio, pasaron a ser explotadas por Oleaginosa Moreno, empresa controlada por la suiza Glencore, socia de Vicentin en Renova y a quien la primera le habría vendido la porción accionaria de control en la misma semana que se declaró en cesación de pagos. Dichas plantas elaboran principalmente harina de soja, que es comprada por países asiáticos (China, principalmente) para elaborar alimento para cerdos. Vicentin era, hasta 2019, la primera exportadora en ese rubro. Este año ese lugar pasó a ser ocupado por Oleaginosa Moreno, que en el transcurso de este año ya había por casi 300 millones de dólares.
Según apuntó Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación y autor del primer informe de denuncia contra las prácticas de Vicentin en cuanto al desdoblamiento de la estructura corporativa, «la suma de los ingresos no declarados que habría obtenido Vicentin este año, a partir de que se declaró en default, debe estar encima de los 800 millones de dólares«. Arriba a esa cifra considerando que la venta de la empresa Friar a BAF Capital le habría rendido unos 200 millones de dólares; otros 122 millones obtuvo por la venta del 17% de Renova en diciembre de 2019; si a ello se le suma el valor de lo exportado por Díaz & Forti (212 millones) y Oleaginosa Moreno (260 a 300 millones), considerando que estas empresas habrían actuado sólo como «sustitutas» de las operaciones que Vicentin no podía realizar a nombre propio. Una suma a la que podría agregarse el resultado de la venta de Buyanor, que se estaría negociando en estos días o ya podría hab erse concretado, según apreciaciones empresarias.
Todos estos recursos habrían ingresado al grupo Vicentin sin registrar ningún beneficio para la empresa en convocatoria, y a espaldas de los intereses de los acreedores. Al momento de la apertura del concurso de acreedores, la deuda de Vicentin ascendía al equivalente a una cifra entre 1300 y 1400 millones de dólares. Unos 300 millones corresponden a la deuda con rel Banco Nación por prefinanciación de exportaciones no canceladas, un monto extraordinario y por fuera de toda regla de prudencia, la cual sólo se pudo haber alcanzado por la estrecha relación política entre la conducción de Vicentin en ese momento (Alberto Padoan y Sergio Nardelli) con el entonces titular del Banco Nación Javier González Fraga y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Las actuales autoridades del Banco Nación apuntan a poder evitar un vaciamiento de Vicentin que les impida cobrar la deuda, pero el análisis de la conducta de la empresa ya llegó más lejos: el ocultamiento de una multimillonaria operación de desnacionalización de empresas, fuga de capitales y estafa masiva al sector público y al privado, justamente en el punto neurálgico del mapa agroindustrial nacional: la exportación de cereales, oleaginosas y sus derivados.
