Fuente: La Nación
Con la intención de evitar que la empresa Vicentin pueda verse beneficiada, el oficialismo le introducirá en el Senado modificaciones al proyecto de ley que suspende los concursos preventivos y procesos de quiebra para ayudar a las empresas que se hayan visto afectadas por los perjuicios económicos de la cuarentena por el coronavirus.
En respuesta a una nota del Banco Nación, en la que hace explícita mención al caso de la cerealera que el Gobierno intentó expropiar, el bloque del Frente de Todos decidió excluir todos aquellos procesos preventivos y de quiebras iniciados antes del 1 de marzo del corriente año de los beneficios de la iniciativa, que fue sancionada a fines de julio último por la Cámara de Diputados.
Como contrapartida, y atendiendo a las sucesivas extensiones de la cuarentena dispuestas por el Poder Ejecutivo, el dictamen firmado por la Comisión de Legislación General también ampliará hasta el 31 de junio próximo los alcances de la emergencia para las personas humanas y jurídicas alcanzadas por la ley de concursos y quiebras.
Como ocurrió con el proyecto de ley de economía del conocimiento, los cambios impulsados por el oficialismo obligarán a la iniciativa a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados. Todo indica que la iniciativa será discutida la semana próxima en el recinto del Senado.
Firmada por su presidente, Eduardo Hecker, la nota que el Banco Nación les envió a los senadores recuerda que «el freno a la actividad económica tuvo como punto de partida el 20 de marzo», cuando fue declarada la emergencia sanitaria, por lo que todos aquellos concursos solicitados con anterioridad «lo hicieron por causas ajenas a la pandemia».
La advertencia del Banco Nación
Entre estas empresas, Hecker recuerda que la cerealera solicitó su concurso el 10 de febrero y que la sanción de la ley tal cual salió de la Cámara de Diputados traería aparejada «una exorbitante licuación de pasivos en favor del concurso y la consecuente licuación de activos».
En la nota del BNA se vuelve sobre los argumentos esgrimidos por el gobierno de Alberto Fernández para avanzar en la expropiación del grupo empresario, jugada que finalmente terminó frustrada.
«La deuda [de Vicentin] supera los 23.000 millones de pesos, motivo por el cual la entidad ha tomado medidas para recuperar sus acreencias», afirma la misiva, en la que también se hace mención a las denuncias penales impulsadas por la conducción del banco para determinar las condiciones en que fueron entregadas esas líneas crediticias.
La postura del Nación fue avalada por los senadores oficialistas. «Si bien salió con total acuerdo de la Cámara de Diputados, creemos que hay empresas que podrían verse indebidamente beneficiadas por una norma que tiene un fin loable», explicó la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Corrientes).
Por su parte, la también oficialista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) justificó en la extensión de la cuarentena y sus efectos sobre la economía la decisión de prorrogar hasta el 31 de junio del año próximo la vigencia de la emergencia.
«Es absolutamente prudente», dijo la senadora santafecina. El texto aprobado por Diputados establecía como límite de la suspensión de concursos y de las ejecuciones el 31 de marzo próximo.
Otras exclusiones
Además de los plazos, el oficialismo le introdujo una serie de cláusulas que también limitarán el universo de beneficiados.
Así, no podrán gozar de las disposiciones de la eventual ley aquellas empresas que hayan realizado giros de divisas al exterior en concepto de atesoramiento en beneficio de accionistas, socios, integrantes y entidades vinculadas directa o indirectamente.
Tampoco podrán hacerlo aquellas firmas o personas jurídicas que hayan enviado fondos a países de nula o baja tributación (paraísos fiscales), que haya adquirido títulos y valores en pesos y que los hayan vendido en moneda extranjera.
