David Alejandro Perona estaba bajo prisón preventiva. Falleció a los 42 años en un hospital de la ciudad de Rafaela tras ser internado por un cuadro de COVID-19 positivo agravado por la obesidad mórbida que padecía. La trama judicial de la investigación en su contra que involucró a miembros de la policía y la Justicia.
David Alejandro Itatí Perona fue bautizado en Santa Fe, y especialmente en la ciudad de Rafaela, como el “rey del juego clandestino”, un título elevado en una provincia marcada por el negocio de la timba y los casinos ilegales. A principios de agosto pasado había sido noticia por su detención: la Justicia santafesina lo acusaba de liderar una asociación ilícita destinada al control de casas de juego ilegales y el préstamo de dinero a través de cheques.
En esa oportunidad, el juez Florentino Malaponte le dictó prisión preventiva por el plazo legal de dos años, que Perona cumpliría en los últimos meses desde su casa, a partir de los problemas de salud que le ocasionó su obesidad mórbida. El martes pasado, Perona, de 42 años, debió ser internado en el hospital Jaime Ferré de Rafaela por un cuadro de COVID-19 positivo, donde finalmente falleció en las últimas horas.
Perona, que se encontraba con asistencia respiratoria mecánica, murió como consecuencia de una “neumonía grave bilateral con distress severo” y con diagnóstico de coronavirus “asociado con diabetes tipo 2, hipertensión, y obesidad mórbida, con un peso estimado de 270 kilos”, además de una falla renal y hemodinámica.
El “Rey”, sin embargo, estaba involucrado en una trama judicial muy compleja que lo ubicaba como uno de los jefes de la red de juego clandestino más importante de la zona central de la provincia de Santa Fe desde mediados de 2018: de acuerdo a la investigación que llevaron a cabo los fiscales Martín Castellano y Lorena Korakis, Perona no solo controlaba casas de juego sino que también realizaba préstamo de dinero a través del cambio de cheques, lo cual le valió también una imputación por extorsión. Así fue imputado tanto en la ciudad de Rosario como en Rafaela.
Para la fiscalía, Perona no lo hacía solo: el “Rey” integraba esa organización junto a otras tres personas ya imputadas, entre ellas Leonardo Andrés Peiti, un empresario dueño de casinos legales en Misiones, Formosa y Paraguay cuya denuncia sobre el pago de coimas a cambio de protección le costó el puesto al ex jefe de fiscales regional Patricio Serjal y a su subordinado Gustavo Ponce Asahad, involucrados también en una grave trama de extorsiones. Peiti también está vinculado en la investigación a la organización narco de Los Monos.
La investigación contra la banda se inició en agosto pasado. Los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren descubrieron que Los Monos tenían una parte de su organización dedicada a regentear casinos clandestinos y a extorsionar a comerciantes para obtener una suma fija mensual a cambio de no matarlos o atacar a sus familiares, de quienes generalmente tenían datos. Esa parte de la organización contaba supuestamente con protección judicial y policial.
De esa protección, en lo que refiere al ámbito judicial, se encargaba presuntamente Serjal a través de Ponce Asahad y su colaborador Nelson Ugolini. De acuerdo a la investigación, estos le brindaban información confidencial a Peiti a cambio de una suma mensual de 4 mil dólares, que fue abonado “en mano” y en efectivo desde diciembre de 2018 hasta al menos julio pasado, según la imputación en su contra, y que habría sumado un total de 80 mil dólares. Toda esa información fue brindada por el propio Peiti en su declaración cómo arrepentido ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
La organización que presuntamente integraba Perona tenía, de acuerdo a la investigación del fiscal Castellano, protección de un ex subjefe de policía provincial y cuatro ex conductores de la Unidad Regional V que fueron detenidos bajo sospecha de haber prestado esa tolerancia a cambio de dinero. El viernes 7 de agosto pasado Perona fue finalmente detenido en su departamento, donde se incautaron 15 mil dólares, más de un millón de pesos en efectivo, joyas de oro y varios vehículos.
Uno de los elementos que llevó a la Justicia hacia Perona fue un pendrive secuestrado en poder de la secretaria de Peiti, donde Perona estaba registrado como contacto en un celular del empresario rosarino bajo el rótulo “David3”. Si bien no se recuperaron conversaciones entre ellos, sí se encontraron anotaciones de Peiti sobre el movimiento de casino en los que nombraba a “David” y se acreditó el intercambio de cheques.
En el allanamiento a Peiti, además, se encontró un auto Renault Kwid estacionado frente a su casa que estaba a nombre de Perona, quien lo había ganado en un bingo que se realizó en febrero en el Club Atlético Brown de San Vicente. Perona también había ganado, según la imputación en su contra, una Toyota Rav 4×4 y un Ford Ka Fly en un bingo en noviembre de 2011.
La investigación del fiscal Castellano, sin embargo, también estaba bajo la mira: hace poco más de una semana, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain brindó una conferencia de prensa en la ciudad de Rafaela en la que planteó dudas sobre el rumbo de la causa que llevaba Castellano y dejó claro su malestar ante un posible acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación y David “El Gordo” Perona para aliviar su sentencia como cabeza de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino.
“Cuando se despliega de esa investigación, en donde surge el vínculo entre Peiti y Perona, hacemos los procedimientos aquí y descubrimos en el Ministerio de Seguridad que se estaba llevando adelante una investigación desde hacía dos años esta asociación ilícita y no se había llevado adelante ningún tipo de detención y de procedimiento. Nos pareció raro”, señaló Saín en esa oportunidad y agregó: “Se despertó el fiscal Castellano de la larga siesta y de repente empezó a activar y a mover las manos en este sentido”.
“No quisiera pensar que está negociando con Perona algún abreviado o algún arrepentimiento, porque eso pondría en tela de juicio severamente la estrategia institucional del Ministerio Público de la Acusación. La investigación de Rosario es mucho más abarcativa”, remarcó. “No quisiera pensar que esas dos grandes investigaciones encuentren un agujero negro aquí en Rafaela y que todo esto termine en cuatro policías presos”.
Fuentes de los organismos de seguridad de Santa Fe confirmaron en ese sentido a Infobae que el temor de la Justicia era que Perona eludiera la investigación en su contra de Rosario a través de un acuerdo con la fiscalía de Castellano.
“Los casinos de Perona tenían hasta cartel y el fiscal nunca los investigó. Como esta causa es muy grande y hay involucrados políticos, jueces y policías, ‘el Gordo’ quería hablar pero para arreglar algo chiquito, nombrar dos pichis y tirar la causa de Rosario”, aseguró esa misma fuente.
Mientras tanto, en Rosario siguen las investigaciones en torno al juego clandestino: hace poco más de una semana, una investigación derivó en un operativo de más de 40 allanamientos simultáneos en la provincia de Santa Fe. En los operativos -a cargo de los fiscales de las ciudades de Reconquista y Vera, Rubén Martínez y Gustavo Latorre y autorizados por el juez ciudad Martín Gauna Chapero- se encontraron armas, dinero, estupefacientes, autos y documentación que será de interés para la causa.
Uno de los allanamientos se realizó en un estudio contable ubicado en la zona de Puerto Norte donde, según investiga el fiscal Latorre, se habría llevado a cabo lavado de activos procedentes del juego ilícito incorporando los ingresos generados por esa vía al mercado legal. El estudio pertenece a Marcelo Toscanelli, de 57 años, quien fue un histórico jugador de fútbol rosarino que debutó como defensor de Rosario Central en 1984 e incluso integró el plantel campeón en el año 1987.
Según informaron fuentes judiciales, la policía detectó el ingreso del ex futbolista al edificio ese día a primera hora pero, cuando se realizó el operativo, el hombre ya no estaba. A Toscanelli, que ahora lleva más de 10 días prófugo, los investigadores le adjudican ser el número dos de la organización ilegal de juegos de azar online llamada Aconcagua Poker, una de las más famosas de Latinoamérica, que presuntamente funcionaba como un casino clandestino en medio de la pandemia.
En Rosario, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó una casa en Felipe More al 3100 de Rosario y desbarató un casino clandestino. Detuvo a 10 hombres que se encontraban apostando en el lugar y secuestró armas entre otros elementos de interés. Además de incautarse fichas de juegos de valores varios, naipes y dos mesas de paño se halló una pistola ametralladora calibre 9 mm con cargador; una caja de 38 municiones intactas calibre 40, un cargador del mismo calibre con 13 municiones intactas; una carabina calibre 22 largo con mira telescópica y cargador con 8 municiones intactas; un rifle de aire comprimido con mira telescópica y dos carabina calibre 5.5 además de efectivo y una máquina de contar billetes.
