Así lo expresó la compañía en un comunicado oficial.
Este viernes, la cerealera Vicentin denunció persecución y trabas para el pago de sueldo a trabajadores. “Han ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”, afirmaron.
En un comunicado oficial, desde la compañía detallaron: “El Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario Dr. Hernán Postma ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno ha ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores. Le han ordenado al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”.
“La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”, lamentaron al tiempo que aseguraron: “Los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista”.
Asimismo, desde la agroexportadora manifestaron que “No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”. “Poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios“, aseveraron.
Finalmente, el directorio de la empresa consideró que “esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”.
“Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”, cerró el comunicado.
